Los entornos representan los espacios físicos, sociales, económicos y culturales donde se desarrollan las actividades humanas (Cruz Petit, 2014). Comprenderlos es clave para analizar cómo los factores externos influyen en las dinámicas del día a día. Por otra parte, de acuerdo con Echevarría (2014), el entorno es el contexto integral que condiciona el comportamiento y las decisiones de individuos, empresas y gobiernos. Por ejemplo, un entorno económico favorable impulsa la inversión y el empleo, mientras que, un entorno social inclusivo promueve el bienestar colectivo.

Entender un fenómeno desde la perspectiva de su entorno facilita la interpretación de las interacciones entre actores y factores en diversos contextos.

En ese contexto, analizando específicamente el significado de entorno socioeconómico, este se refiere al contexto formado por factores sociales, económicos y ambientales que influyen en el desarrollo de individuos y organizaciones. Según Martínez-Rodríguez y Amador (2010), este concepto integra las condiciones externas que inciden en las dinámicas productivas, sociales y políticas de una comunidad. Comprender el entorno socioeconómico, es esencial para identificar cómo estos factores moldean el bienestar colectivo y las oportunidades de crecimiento social, económico y ambiental en la sociedad. Dicho de otro modo, la relevancia de entender el significado y alcance del entorno socioeconómico radica en su capacidad para explicar las interacciones entre los actores económicos, sociales y ambientales ante un determinado fenómeno.

A continuación, revisaremos las definiciones de entorno socioeconómico más relevantes y su interrelación entre economía, sociedad y ambiente.

De acuerdo con Lantz y Pritchard (2010), el entorno socioeconómico es un espacio delimitado geográficamente que se caracteriza por sus aspectos económicos, educativos, sociales, culturales y políticos que influye en la disponibilidad de recursos, en las oportunidades de desarrollo y en las experiencias, tanto favorables como desfavorables, que afectan a quienes habitan en él.

Dicho de otro modo, el entorno socioeconómico impacta directamente en el acceso a recursos esenciales, como la educación, el empleo y los servicios básicos, condicionando las posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Asimismo, influye en las experiencias vividas por sus habitantes, las cuales pueden ser favorables, como el bienestar y la inclusión social, o desfavorables, generando desigualdades y limitando las oportunidades de progreso. De esta manera, se convierte en un factor clave para comprender las dinámicas que moldean la calidad de vida y el desarrollo comunitario. En la figura a continuación (Figura1), se encuentran ejemplos de cada uno de los aspectos que engloban el entorno socioeconómico para estos autores.

Por otra parte, para otros autores como Acemoglu, Laibson y List (2017), el entorno socioeconómico es un sistema. Este sistema es de naturaleza compleja y está compuesto por factores económicos, sociales y políticos que influyen en el desarrollo y bienestar de una sociedad. Esta definición incluye aspectos esenciales que condicionan las oportunidades de vida, tales como el acceso a la educación, las condiciones del mercado laboral, la distribución equitativa de recursos y las políticas públicas que regulan el funcionamiento social y económico.

Estos elementos no actúan de forma aislada, sino que se interrelacionan, generando ventajas o barreras para el desarrollo social y económico. La figura a continuación (Figura 2), presenta una síntesis de los conceptos referidos.

Hasta aquí, se ha hecho énfasis en incluir definiciones de entorno socioeconómico que sustentan los aspectos económicos, sociales, culturales, o políticos; sin embargo, aún no se ha mencionado la importancia del aspecto ambiental. Dicho esto, Stiglitz y Rosengard (2020), sostienen que dentro del entorno socioeconómico, la interacción entre los aspectos económicos, sociales y ambientales es interdependiente y compleja.

Para los autores, el aspecto económico comprende los sistemas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y cómo esto repercute en la economía del país, en la distribución del ingreso, empleo, productividad, entre otros ámbitos. En cuanto al aspecto social, este representa a las personas, sus relaciones, culturas e instituciones que giran en torno a ello. Finalmente, el aspecto ambiental, abarca los recursos naturales y las condiciones ecológicas que sostienen la vida. La figura 3 presenta ejemplos de cada algunos de los aspectos mencionados.

Finalmente, los autores afirman que un desarrollo económico sostenible solo es posible si se equilibran el bienestar social y la protección ambiental. En ese sentido, se recomienda revisar el video ¿Cómo encontrar el balance entre desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente? que explora estrategias sostenibles y casos prácticos propuestos por la investigadora Florencia Montagnini. Estos ejemplos demuestran cómo es posible fomentar el crecimiento económico sin comprometer la conservación ambiental, destacando la importancia de políticas responsables y equitativas.

A continuación, analizaremos cómo se interrelacionan los aspectos económicos, sociales y ambientales del entorno socioeconómico.

El estudio del entorno socioeconómico requiere analizar la interrelación entre economía, sociedad y ambiente como un sistema integrado que condiciona el desarrollo sostenible. Según Acemoglu, Laibson y List (2017), esta interdependencia define cómo el progreso económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental se influyen mutuamente, siendo clave para abordar desafíos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

En la investigación aplicada de las ciencias económicas, entender las condiciones socioeconómicas es fundamental para entender el comportamiento de un determinado fenómeno. En la figura 5, se presentan, a manera de ejemplo, los determinantes sociales de la salud y su influencia en la vida de las personas (FADSP, 2022). La figura se organiza en capas que muestran cómo diversos factores interactúan para afectar el bienestar individual y colectivo. En el núcleo se encuentran la edad, el sexo y los factores físicos y genéticos, que son características inherentes a cada persona y que influyen en su estado de salud. Alrededor, aparecen los estilos de vida del individuo, como hábitos alimenticios, actividad física y consumo de sustancias, que son conductas personales con gran impacto en la salud.

La siguiente capa muestra las redes sociales y comunitarias, que representan el apoyo social, las relaciones interpersonales y la cohesión comunitaria, elementos clave para la salud mental y el bienestar emocional. Más allá, se ubican las condiciones de vida y de trabajo, que comprenden factores como el ambiente laboral, el desempleo, la vivienda, el acceso a servicios de salud, el saneamiento básico, el agua potable, la educación y la producción de alimentos. Estos aspectos determinan la calidad de vida y la capacidad de cubrir necesidades básicas.

Finalmente, como capa exterior, que engloba todo lo anterior, se encuentran las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, que incluyen las políticas públicas, el sistema económico, la distribución de recursos y el estado del medio ambiente. Estos factores globales condicionan todas las capas internas, afectando desde el acceso a servicios básicos hasta las oportunidades de desarrollo individual y colectivo. Esta representación enfatiza la interconexión entre los factores individuales, sociales y ambientales alrededor de una problemática específica. En este caso, la necesidad de abordar la salud desde una perspectiva integral y multidimensional.

Una visión integral es fundamental en el análisis del entorno socioeconómico, ya que permite identificar las interacciones complejas entre los factores económicos, sociales y ambientales.

De esta manera, los factores económicos, como la producción, el empleo y la inversión, son el motor del crecimiento de un país. Sin embargo, su impacto puede ser diverso al interactuar con el ámbito social y ambiental (Sachs, 2015). Por ejemplo, un aumento en la inversión pública puede impulsar la creación de empleo y mejorar la calidad de vida, pero si no se realiza de forma sostenible, puede generar problemas ambientales como la contaminación.

Como estudio de caso se recomienda leer el artículo de opinión de la ONG estadounidense dedicada a la conservación ambiental MONGABAY denominado Ecuador: la minería en los páramos de Azuay y el temor a perder fuentes de agua. Este artículo expone el conflicto socioambiental en Azuay, Ecuador, donde la expansión de la minería en los páramos genera temor por la posible pérdida de fuentes de agua, afectando el entorno socioeconómico de sus habitantes y de la población de la región.

En lo que a los factores sociales refiere, como la educación, la salud y la equidad, estos son esenciales para sostener el crecimiento económico a largo plazo. Carranza y López, (2022), destacan que sociedades con altos niveles educativos son más productivas e innovadoras. Mientras que, a su vez, el acceso a servicios básicos mejora el bienestar y facilita la participación activa en la economía.

En cuanto a los factores ambientales, como el acceso a recursos naturales y la sostenibilidad ecológica, impactan directamente en la capacidad de una economía para crecer. Según la Organización de las Naciones Unidas (2022), el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. Un ejemplo es la escasez de agua, que no solo perjudica a la agricultura, sino que también eleva los precios de los alimentos, afectando a las poblaciones más vulnerables y perjudicando su entorno socioeconómico. La figura 6, presenta una síntesis de lo analizado en esta sección.

En conclusión, el análisis integral del entorno socioeconómico resalta la interdependencia entre los factores económicos, sociales y ambientales. Esta relación es esencial para comprender las dinámicas que impulsan el desarrollo sostenible. Como expone Sachs (2015), si bien el crecimiento económico es un motor clave mediante la producción, el empleo y la inversión, su impacto varía según su interacción con el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Las inversiones públicas, por ejemplo, pueden generar empleo y mejorar la calidad de vida, pero deben estar alineadas con prácticas sostenibles para evitar daños ecológicos y perjudicar así el entorno socioeconómico de quienes ahí habitan y de la sociedad en general.

Además, como señalan Ordóñez Honores et al. (2024), el papel de los factores sociales es determinante para sostener el crecimiento a largo plazo, ya que el acceso a la educación y la salud impulsa la productividad y la equidad. A su vez, la Organización de las Naciones Unidas (2022) subraya la importancia de los factores ambientales, ya que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan directamente la seguridad alimentaria y económica.

En conjunto, la interacción entre estos factores forma un sistema complejo donde las decisiones económicas, las políticas sociales y las acciones ambientales se influyen mutuamente. Comprender esta relación permite diseñar estrategias más eficaces para abordar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y el desarrollo inclusivo.

En las siguientes clases de esta asignatura abordaremos con mayor detalle estos. Por ahora, a manera de cierre, la figura 7 proporciona algunas ideas para reflexionar sobre alternativas de desarrollo sostenibles que buscan un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Para comprender mejor los elementos que han ido construyendo el sistema socioeconómico actual es importante partir de una definición fundamental, esto es, la definición de sistema socioeconómico. El sistema socioeconómico es el conjunto de relaciones e instituciones que organizan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, integrando aspectos económicos, sociales, políticos y culturales . Este sistema resulta de la interacción entre factores históricos, económicos y sociales, que modelan su funcionamiento y evolución. Por ejemplo, en la economía de mercado, la oferta y la demanda regulan los precios, mientras el Estado interviene para mantener la estabilidad (Smith, 1776). En contraste, los sistemas planificados, como el de la antigua Unión Soviética, se basaban en decisiones centralizadas del gobierno (Marx, 1867).

Dicho esto, comprender los factores que forman el sistema socioeconómico es clave para interpretar sus dinámicas. Por ejemplo, Escamilla Salazar et al., (2013) resaltan que factores como la educación, situación laboral, edad y nivel de ingresos presentan una relación positiva en el rendimiento de emprendedores nacientes en la ciudad de México. Para desagregar mejor esta información, se recomienda leer el artículo Análisis de los factores socioeconómicos y psicosociales en mujeres y hombres emprendedores nacientes en México. El artículo analiza los factores socioeconómicos y psicosociales que influyen en hombres y mujeres que se encuentran desarrollando una actividad relacionada con la puesta en marcha de un negocio, es decir, emprendedores nacientes.

Por otro lado, existen otro tipo de factores, aquellos que están relacionados con hechos históricos, de trascendencia local, nacional y global, que han marcado la pauta del comportamiento socioeconómico mundial en diferentes momentos, tal es el caso, por ejemplo, de las Guerras Mundiales o la reciente pandemia del COVID-19. En ese sentido, a continuación, analizaremos esos factores en tres grupos: factores históricos, económicos y sociales para su mejor comprensión.

Los factores históricos, son aquellos procesos y acontecimientos del pasado que han influido en la estructura y funcionamiento de la economía actual (Paz Y Miño Cepeda, 2023). Estos eventos han marcado transformaciones profundas en las relaciones económicas y sociales, configurando el sistema que conocemos hoy.

Por ejemplo, la Revolución Industrial, según Hobsbawm (1996), no solo impulsó el desarrollo del capitalismo, sino que también generó nuevas formas de producción, aumentando la urbanización y transformando las estructuras laborales. El gráfico a continuación presenta los principales efectos que trajo la revolución industrial a la economía mundial, forjando así características del entorno socioeconómico mundial que partieron a raíz de este evento de gran magnitud.

Otro proceso clave fue la expansión colonial, que redistribuyó el poder económico a nivel global. Stiglitz (2004) explica que el colonialismo impuso estructuras económicas extractivas que aún impactan a las economías de América Latina, África y Asia. Esta etapa histórica provocó desigualdades profundas entre regiones, afectando su desarrollo económico hasta la actualidad. El cuadro a continuación detalla brevemente cómo la expansión colonial ha tenido impactos a nivel socioeconómico en diferentes regiones a nivel mundial (Tabla 1).

Finalmente, las guerras mundiales son hechos históricos que también transformaron el sistema económico global. Keynes (1936) destacó que, tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron políticas orientadas al bienestar social y al estímulo económico, como el Plan Marshall, que favorecieron la recuperación de Europa y sentaron las bases del sistema financiero internacional actual.

Los eventos históricos más trascendentales que hemos revisado evidencian cómo el pasado moldea el presente económico, social y ambiental de nuestra sociedad, siendo fundamental entender estos hechos para poner en contexto el sistema socioeconómico contemporáneo. A continuación, revisaremos los factores económicos que configuran el sistema actual.

Los factores económicos son fundamentales para comprender cómo se organiza y funciona el sistema socioeconómico actual. Estos factores influyen en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, determinando el desarrollo y la estabilidad económica de los países (Krugman, 2006). Entre los más relevantes se encuentran las políticas monetarias y fiscales, los mercados financieros, el comercio internacional y la tecnología e innovación. A continuación, revisaremos brevemente cada uno de estos aspectos.

En primer lugar, las políticas monetarias y fiscales son instrumentos clave para regular la economía. La política monetaria, gestionada por bancos centrales, controla la inflación y la oferta monetaria mediante tasas de interés(Friedman, 1968). Por su parte, la política fiscal, a través del gasto público y los impuestos, busca estabilizar el crecimiento y reducir las desigualdades (Keynes, 1936).

En segundo lugar, los mercados financieros facilitan la inversión y el flujo de capital. Estos mercados, que incluyen bolsas de valores y bancos, permiten movilizar recursos hacia sectores productivos, fomentando el desarrollo económico. Sin embargo, como advierte(Mishkin, 2004), su inestabilidad puede desencadenar crisis financieras con efectos globales. EL gráfico a continuación (Gráfico 3), presente una corta explicación respecto a los mercados financieros.

Además, el comercio internacional es un motor clave del crecimiento económico, al permitir el intercambio de bienes y servicios entre países. SegúnKrugman et al., (2015)el comercio impulsa la competitividad y la eficiencia, aunque también puede generar dependencia económica y desigualdades.

Finalmente, la tecnología y la innovación transforman la productividad y crean nuevos sectores económicos. La automatización, el comercio digital y la inteligencia artificial están revolucionando la economía global(Schwab, 2016). Si bien estas innovaciones generan oportunidades, también plantean desafíos como la automatización del empleo.

Para profundizar mejor respecto a este último tema, se sugiere revisar el video La Cuarta Revolución Industrial | Versión completa, del Foro Económico Mundial. Este explora cómo la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas está transformando la economía global. Presenta cómo la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización impactan en el empleo, la producción y el comercio, reconfigurando los factores económicos clave en el sistema actual.

Finalmente, se presenta un mapa mental de los aspectos analizados en esta sección.

Los factores sociales son determinantes en la configuración del sistema socioeconómico actual, ya que influyen en la estructura de las comunidades, la movilidad social y las oportunidades económicas (Inglehart & Baker, 2000). Estos factores abarcan aspectos como la educación, la desigualdad social, la demografía, la cultura y el acceso a la salud, todos los cuales modelan las dinámicas económicas y laborales de una sociedad.

Desagregando estos conceptos, tenemos que la educación es un pilar fundamental del desarrollo económico y social. SegúnSen (2011), la educación no solo mejora la capacidad productiva de las personas, sino que también fomenta la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Las sociedades con sistemas educativos sólidos tienden a ser más innovadoras y competitivas en la economía global.

En cuanto a la desigualdad social, esta afecta la distribución de la riqueza y las oportunidades económicas. Piketty (2014) sostiene que la desigualdad extrema reduce la cohesión social y limita el acceso de las personas a recursos esenciales, como la educación y la salud, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.

Asimismo, los cambios demográficos, como el envejecimiento poblacional y las migraciones, impactan directamente en el mercado laboral y en los sistemas de seguridad social.Castles (2000) afirma que las migraciones, si bien pueden enriquecer las economías a través de la diversidad laboral, también generan desafíos en términos de integración y cohesión social.

Por último, la cultura y los valores sociales influyen en las actitudes hacia el trabajo, el consumo y la innovación.Inglehart y Baker (2000) señalan que las sociedades que fomentan la confianza y la cooperación suelen tener economías más dinámicas. La cultura también determina el grado de aceptación del cambio tecnológico y la adaptabilidad a nuevas formas de trabajo.

A continuación, el gráfico 6 presenta un mapa mental de los factores que se han presentado en esta sección.

En síntesis, los factores históricos, económicos y sociales son pilares esenciales para comprender el sistema socioeconómico actual. Los factores históricos, como señala Hobsbawm (1999), explican cómo procesos como la Revolución Industrial transformaron la producción y dieron paso al capitalismo moderno. Por ejemplo, las mejoras en tecnología y transporte durante esa época facilitaron el comercio internacional, impulsando el crecimiento económico y la urbanización.

En cuanto a los factores económicos, las políticas monetarias y fiscales son claves para mantener la estabilidad económica. Según Keynes (1936), el gasto público puede estimular la economía en tiempos de crisis, como se evidenció en el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Además, el comercio internacional fomenta la competitividad y el crecimiento; por ejemplo, países como China han utilizado la apertura comercial para convertirse en potencias económicas (Krugman & Obstfeld, 2017).

Los factores sociales, por su parte, impactan en la estructura y el desarrollo económico. Como sostiene Sen (2011), la educación fomenta la movilidad social y la innovación. Por ejemplo, países con altos índices educativos, como Finlandia, disfrutan de economías más productivas. Asimismo, Piketty (2014) advierte que la desigualdad social, al limitar el acceso a recursos como la salud y la educación, perpetúa ciclos de pobreza, como ocurre en diversas regiones de América Latina.

Finalmente, la interacción entre estos factores es evidente: los procesos históricos generan estructuras económicas, que a su vez afectan las dinámicas sociales. Por ejemplo, la globalización, impulsada por avances tecnológicos e históricos, ha creado nuevas oportunidades económicas, pero también desafíos, como la automatización y el desplazamiento laboral.

Es estudio del fenómeno de la globalización es clave para comprender el mundo actual. A diario vivimos sus efectos, ya sea al utilizar redes sociales, consumir productos importados o acceder a información en tiempo real desde cualquier parte del planeta. Pero entonces, ¿qué significa realmente la globalización? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo?

La globalización puede entenderse como el proceso de interconexión e integración mundial en diferentes ámbitos, como por ejemplo en la economía, la cultura, la tecnología y la política (Giddens, 2005). No es un fenómeno reciente; sus raíces se remontan a la expansión de rutas comerciales en la antigüedad, como la Ruta de la Seda, y han evolucionado con el avance de los medios de comunicación y el comercio internacional (Held, 2002). Hoy en día, la globalización se manifiesta en diversas formas, por ejemplo, la presencia de cadenas multinacionales de comida como McDonald's en distintos países hasta la rápida difusión de tendencias culturales a través de redes sociales.

Por otra parte, uno de los ejemplos más claros de globalización es el acceso a la tecnología. Empresas como Apple diseñan sus productos en Estados Unidos, fabrican componentes en distintos países de Asia y los comercializan en todo el mundo. De manera similar, en el caso de la música y el cine, han traspasado fronteras, permitiendo que géneros como el K-pop o las películas de Hollywood sean consumidos globalmente. Sin embargo, la globalización no solo implica integración económica y cultural, sino también retos como la desigualdad económica y la pérdida de identidad cultural en algunas regiones(Stiglitz, 2007).

Si se desea profundizar en el tema, se recomienda la lectura del libro “El malestar en la globalización” (en inglés: “Globalization and Its Discontents”) de Joseph Stiglitz (2007). Este texto examina el impacto de la globalización en los países en desarrollo, señalando cómo ciertas políticas económicas han agravado la desigualdad en lugar de promover un crecimiento equilibrado. Stiglitz critica la rigidez y la falta de transparencia de instituciones como el FMI, argumentando que es necesario reformar el sistema para que la globalización beneficie a más naciones. Se recomienda esta lectura para comprender los retos y efectos socioeconómicos de este proceso global.

Por otra parte, antes de analizar el origen y evolución de la globalización, es importante manejar algunos conceptos clave: interdependencia económica, mercado global, flujo de capital y homogenización cultural. El cuadro a continuación (Cuadro 1) presenta una breve descripción de las definiciones mencionadas.

Con estos conceptos en mente, en los siguientes apartados abordaremos el origen y evolución de la globalización, desde sus primeras manifestaciones hasta su consolidación en el siglo XXI, y revisaremos distintas definiciones de globalización propuestas por diversos autores. Esto nos permitirá comprender mejor cómo este fenómeno ha dado forma a nuestra sociedad y qué implicaciones tiene para el futuro.

La infografía a continuación (Imagen 1), destaca el propósito, impacto y evolución de la globalización, fundamentalmente a través de hechos históricos clave como la Revolución Industrial, del Transporte y la Informática. Reflexionemos sobre esta información que está muy relacionada con el siguiente tema.

La globalización no es un fenómeno reciente, sino un proceso que ha evolucionado a lo largo de la historia, moldeado por el desarrollo del comercio, la tecnología y la expansión de las civilizaciones(Baeza, 2006). Para comprender su impacto actual, es fundamental analizar sus orígenes y cómo ha cambiado con el tiempo.

El comercio, ha sido una de las primeras formas de globalización, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y culturas entre diferentes regiones(Chase-Dunn & Hall, 1997). Desde la antigüedad, las civilizaciones han establecido rutas comerciales para acceder a productos que no se encontraban en sus territorios. Un claro ejemplo de esto, como ya se mencionó anteriormente, es la Ruta de la Seda, una red de caminos comerciales que conectaba China con Europa y Medio Oriente desde el siglo II a.C. Gracias a este intercambio, productos como la seda, las especias y la porcelana llegaron a distintos mercados, pero también, junto con ellos, se difundieron conocimientos matemáticos, filosóficos y tecnológicos(Frankopan, 2016).

De manera similar, el comercio transahariano en África permitió la expansión de culturas y la circulación de oro, sal e ideas religiosas, como el islam. Estos intercambios no solo beneficiaron económicamente a las regiones involucradas, sino que también impulsaron la diversidad cultural y el desarrollo de sociedades más complejas e interdependientes (Curtin, 1984).

Con el paso del tiempo, otro hito importante en la historia de la globalización mundial es la expansión marítima europea en los siglos XV y XVI. Exploradores como Cristóbal Colón y Vasco de Gama abrieron nuevas rutas comerciales que facilitaron el contacto entre continentes(Chaunu, 1983). Este período marcó el inicio de una economía global, donde productos como el azúcar, el tabaco y los metales preciosos comenzaron a circular a gran escala. Así, esta era fue conocida como la era de los descubrimientos, marcando el inicio de la interconexión global al permitir la expansión del comercio de bienes, personas e incluso enfermedades, como ocurrió con la colonización de América(Rivero, 1999).

Por otra parte, durante la Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, transformando profundamente la producción, el comercio y las estructuras sociales. Iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, esta revolución se caracterizó por el uso de máquinas en la manufactura, la mecanización del trabajo y el surgimiento de fábricas que incrementaron exponencialmente la capacidad productiva(Allen, 2009).

A medida que la industrialización se expandió a otras regiones de Europa y América del Norte, se establecieron nuevas relaciones económicas entre países, aumentando la interdependencia entre mercados. La producción en masa y la eficiencia en la manufactura permitieron la reducción de costos y el incremento del comercio internacional, sentando las bases para una economía global más integrada (O’Rourke & Williamson, 2001).

Uno de los factores clave que impulsó la globalización en esta época fue el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte y comunicación. La invención del ferrocarril y los barcos de vapor en el siglo XIX revolucionó la movilidad de bienes y personas, permitiendo que las mercancías viajaran largas distancias en menos tiempo y a menores costos (Findlay & O’Rourke, 2009). Estos avances facilitaron el crecimiento del comercio intercontinental y la expansión de mercados, ya que las naciones industrializadas comenzaron a buscar materias primas en otros continentes y a exportar sus productos manufacturados a nivel global.

Al mismo tiempo, la mejora en los sistemas de comunicación, como el telégrafo, permitió la transmisión instantánea de información, agilizando las transacciones comerciales y fortaleciendo la conexión entre economías distantes(Standage, 2014).

En ese sentido, para profundizar mejor respecto a la compleja relación entre globalización y desarrollo industrial, se recomienda leer el artículo “La globalización: retos y oportunidades del desarrollo industrial”. El artículo analiza cómo la globalización ha influido en el desarrollo industrial, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que este proceso presenta para las economías emergentes. Se examinan las dinámicas del comercio internacional, la transferencia de tecnología y la integración de mercados, ofreciendo una visión crítica sobre cómo estos factores afectan la competitividad y el crecimiento sostenible de las naciones en desarrollo.

Junto con la Revolución Industrial, como se menciona en la infografía de la Imagen 1, la Revolución del Transporte y la Revolución Informática han sido fenómenos sustanciales para la globalización. A continuación, un breve análisis (Gráfico 2).

Si bien no existe una única definición universalmente aceptada, diversos autores han abordado este concepto desde distintas perspectivas. Su definición ha sido abordada desde distintas disciplinas, incluyendo la economía, la sociología, la política y la cultura, cada una aportando perspectivas únicas sobre sus efectos y alcances. Este fenómeno ha sido impulsado por el avance de las tecnologías de la información, la reducción de Barreras comerciales y la expansión de mercados financieros, generando un mundo más interdependiente.

Por una parte, se define a la globalización como un proceso complejo y multidimensional que ha transformado la manera en que las sociedades interactúan a nivel mundial (Giddens, 2005). Esto, debido a que los diferentes hechos históricos que revisamos en el subtema anterior transformaron la forma de vida de muchas sociedades, tal fue el caso, por ejemplo, del comercio. El gráfico 3 proporciona una definición general de globalización de acuerdo con Giddens (2005). El autor también sostiene que la globalización es la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial, que vinculan localidades distantes, de tal manera que los acontecimientos locales son moldeados por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa.

Castells (1998), presenta otra importante definición de globalización. Él sostiene que la globalización ha creado una economía basada en redes globales de capital, gestión y producción, organizadas en torno a la tecnología y la información.

Así, continuando con la perspectiva económica de la globalización, por ejemplo, ésta guarda estrecha relación con la expansión del capitalismo y la creación de mercados globales. Krugman y Obstfeld (1995) explican que la globalización ha permitido una mayor movilidad de bienes, servicios y capitales, facilitando el acceso a mercados internacionales y fomentando el crecimiento económico en distintas regiones. No obstante, también ha generado desigualdades, ya que los beneficios del comercio global no siempre se distribuyen equitativamente, lo que ha generado debates sobre la equidad del sistema económico globalizado.

Por otro lado, Baeza (2006) señala que la globalización no solo implica cambios económicos, sino también transformaciones en la estructura social y política de las sociedades. En este sentido, la globalización ha promovido la integración cultural y la difusión de valores y estilos de vida a través de la tecnología, los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, este proceso también ha sido criticado por generar una homogeneización cultural que pone en riesgo la diversidad y las identidades locales.

Otra definición importante es la planteada por Stiglitz (2007), el autor describe la globalización como la integración más estrecha de los países y pueblos del mundo, provocada por la reducción de costos del transporte y la comunicación, y el desmantelamiento de barreras artificiales al flujo de bienes, servicios, capital, conocimiento e incluso personas. Esta definición destaca los factores que han impulsado la globalización, como el avance tecnológico y las políticas económicas que han eliminado restricciones al comercio y la inversión

Stiglitz ha planteado también que uno de los debates más relevantes en torno a la globalización es su impacto en la equidad y la justicia social. Stiglitz (2007) argumenta que, si bien la globalización ha impulsado el crecimiento económico en muchos países, también ha exacerbado las desigualdades, favoreciendo a economías más desarrolladas mientras que las naciones en vías de desarrollo enfrentan dificultades para competir en el mercado global. Por ello, es fundamental diseñar políticas que permitan una globalización más inclusiva y sostenible.

En la siguiente clase abordaremos cuáles son los principales desafíos de la globalización en los ámbitos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. Para ello, se invita a ver y reflexionar sobre el documental “Globalización en la crisis - Ganadores y perdedores en el comercio mundial”. Este documental explora cómo el modelo globalizado de la economía, que solía ser sinónimo de crecimiento y estabilidad, ha enfrentado grandes desafíos en los últimos años.

Finalmente, la tabla a continuación (Tabla 2) presenta un cuadro comparativo de las principales definiciones de globalización revisadas. Es importante tener en mente todas estas definiciones como insumo principal para el contenido que revisaremos en la clase a continuación. En ella analizaremos los principales desafíos de la globalización desde los aspectos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos.

De acuerdo con los contenidos que hemos revisado hasta ahora, la globalización es un fenómeno que ha definido el mundo contemporáneo, transformando la manera en que los países, las economías y las sociedades interactúan. Este proceso, caracterizado por la interconexión de mercados, el avance de las tecnologías y la integración cultural ha traído múltiples beneficios, como el crecimiento económico, el acceso a nuevas oportunidades y el intercambio de conocimiento. Sin embargo, también ha generado diversos desafíos que afectan distintas dimensiones del desarrollo global.

Un claro ejemplo de esto es la industria textil, donde grandes y reconocidas marcas producen ropa en países como Bangladesh, donde los costos laborales son bajos (Uddin et al., 2023). Si bien esto genera empleo, los trabajadores a menudo reciben salarios insuficientes y enfrentan condiciones laborales precarias. Esto evidencia cómo la globalización beneficia a ciertos sectores, pero puede perjudicar a otros cuando no hay mecanismos adecuados para distribuir sus beneficios de manera equitativa (Stiglitz, 2007).

Para profundizar mejor esta problemática, se recomienda revisar el documental "The True Cost" (2015), dirigido por Andrew Morgan. Este ofrece una perspectiva profunda sobre los desafíos de la globalización, centrándose en la industria de la moda y su impacto económico, social y ambiental. A través de ejemplos concretos, el documental expone cómo la producción en masa de ropa en países en desarrollo, como Bangladesh y Camboya, ha generado condiciones laborales precarias y explotación de trabajadores, reflejando las desigualdades económicas que emergen de la globalización. Además, muestra cómo el consumismo desenfrenado impulsado por la globalización ha contribuido a la degradación ambiental, con la contaminación del agua y el uso excesivo de recursos naturales debido a la producción textil.

Por otra parte, desde una perspectiva social, la globalización ha fomentado el acceso a nuevas oportunidades, pero también ha causado tensiones culturales y desigualdades educativas (UNESCO, 2022). El informe elaborado por la UNESCO denominado “Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo” para el año 2022, menciona que, en ciudades como Londres o Nueva York, la migración masiva ha enriquecido la diversidad cultural, pero también ha generado desafíos en la integración social y el acceso a servicios básicos.

Sin embargo, la educación en línea ha permitido que estudiantes de países en desarrollo accedan a cursos de universidades prestigiosas, como Harvard o el MIT, pero la brecha digital sigue excluyendo a quienes no tienen acceso a internet o dispositivos tecnológicos, limitando su desarrollo profesional y sus oportunidades en el mercado laboral (UNESCO, 2022).

En cuanto al impacto ambiental de la globalización, este es evidente en la sobreexplotación de recursos y el cambio climático. La deforestación en el Amazonas, por ejemplo, impulsada por la demanda mundial de carne y soja, es un ejemplo de cómo el comercio internacional puede degradar ecosistemas clave (Panel Científico por la Amazonía, 2021). Asimismo, el transporte global de mercancías genera una alta huella de carbono, contribuyendo al calentamiento global. Países como China e India han experimentado un rápido crecimiento industrial, pero esto ha resultado en altos niveles de contaminación del aire en ciudades como Pekín y Nueva Delhi, afectando la salud de millones de personas. Estos problemas resaltan la necesidad de regulaciones ambientales globales más estrictas para equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ecológica (WWF, 2020).

En el ámbito tecnológico por su parte, la globalización ha acelerado la innovación, pero también ha generado nuevos desafíos, como la automatización del trabajo y la ciberseguridad. Empresas como Amazon han revolucionado la logística con robots que reemplazan tareas humanas, aumentando la eficiencia, pero reduciendo empleos en sectores tradicionales (AWS, 2022). Asimismo, la dependencia de plataformas digitales ha aumentado los riesgos de ciberataques, como el que sufrió la empresa Colonial Pipeline en 2021, afectando el suministro de combustible en Estados Unidos. Además, mientras que la inteligencia artificial mejora la productividad, su desarrollo desigual en distintos países refuerza la brecha tecnológica, dejando a muchas naciones en desventaja competitiva. Estos desafíos evidencian la necesidad de políticas que fomenten una transformación digital equitativa y segura (Castells, 1998).

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 2019, los sectores de transporte y manufactura tiene la más alta probabilidad de automatización de las personas ocupadas de 15 años y más (Gráfico 1). El gráfico muestra la probabilidad promedio de automatización del empleo en América Latina, considerando 14 países y distintos sectores de actividad. En términos generales, la probabilidad de automatización se sitúa en un 50,1% en promedio, aunque varía según el sector. Los sectores con mayor riesgo de automatización son transporte (79%), manufactura (67%) y minería (63%), lo que indica una alta vulnerabilidad al reemplazo por tecnologías y procesos automatizados. Por otro lado, los sectores con menor riesgo son cultura, servicios personales y otros (30%), hoteles y restaurantes (40%) y administración pública, educación y salud (44%), donde la automatización es más limitada debido a la necesidad de interacción humana y toma de decisiones complejas. El sector secundario presenta la mayor probabilidad de automatización (64,5%), seguido del sector primario (46,5%) y el terciario (46,3%). Estos datos reflejan cómo la transformación digital y la robotización están impactando de manera diferenciada en las diversas ramas de actividad económica en la región.

En ese contexto, el gráfico a continuación, (Gráfico 2), presenta un mapa mental de los desafíos de la globalización revisados. En las siguientes secciones de esta clase, desagregaremos de mejor manera cada uno de ellos.

Uno de los aspectos más discutidos de la globalización es su impacto en la economía y en las condiciones sociales de las poblaciones. Si bien el comercio internacional y la inversión extranjera han generado oportunidades para el desarrollo, también han profundizado desigualdades entre países y dentro de ellos (Stiglitz, 2007).

Por ejemplo, un efecto trascendental que ha traído la globalización en el aspecto económico y social es la desigualdad y distribución de la riqueza (Sen, 2011). Con lo cual, la liberalización del comercio y la expansión de las empresas transnacionales han favorecido a ciertas economías, mientras que otras han quedado rezagadas debido a su limitada capacidad de competir en un mercado globalizado (Stiglitz, 2007).

Dentro de los países, la desigualdad económica también se ha intensificado. Mientras que ciertos sectores de la población han visto aumentos en sus ingresos y oportunidades laborales, otros han sufrido precarización laboral, bajos salarios y una mayor inestabilidad económica. La brecha entre ricos y pobres ha crecido, generando tensiones sociales y desafíos para la cohesión de las comunidades.

Para profundizar mejor el alcance de la desigualdad a nivel mundial, se recomienda leer el documento “Informe sobre la desigualdad global 2022” elaborado por uno de los investigadores referentes en este tema, Thomas Piketty. El informe ofrece un análisis detallado sobre la distribución de la riqueza y los ingresos a nivel global, evidenciando cómo la globalización y las políticas económicas han impactado la desigualdad en distintas regiones. Destaca que, a pesar del crecimiento económico en muchas partes del mundo, las brechas de riqueza han aumentado significativamente, con una concentración del ingreso y la propiedad en manos de una minoría. También aborda las disparidades en acceso a recursos, educación y oportunidades laborales, así como el impacto ambiental del desarrollo económico desigual.

Adicionalmente, otro de los efectos de la globalización ha sido la reestructuración del mercado laboral (Rodrik, 2018). Muchas empresas han trasladado sus procesos de producción a países donde la mano de obra es más barata, lo que ha generado desempleo en ciertas regiones y ha impulsado la creación de trabajos precarios en otras.

Finalmente, otro desafío es la creciente dependencia de los países de los mercados internacionales. Un colapso en la economía de una nación puede afectar a muchas otras debido a la interconexión financiera y comercial. Un ejemplo de esto fue la crisis mundial que tuvo la humanidad durante la pandemia por COVID-19. Esta tuvo repercusiones a nivel mundial, afectando economías en distintos continentes y provocando severas crisis y recesiones económicas en varios países.

A continuación, revisaremos los principales desafíos ambientales que ha traído consigo la globalización.

El crecimiento del comercio internacional, la expansión industrial y la urbanización han tenido un impacto significativo en el medio ambiente (Castells, 1998). La globalización ha intensificado problemas como el cambio climático, la deforestación y la contaminación, planteando desafíos urgentes para la sostenibilidad del planeta.

Uno de los efectos más notorios de la globalización es el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte de bienes a nivel internacional, la producción industrial y el consumo masivo han incrementado la cantidad de dióxido de carbono liberado en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global (IPCC, 2021). El gráfico a continuación muestra que, posterior a la Revolución Industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero no incrementaron con tanta rapidez como sucedió a partir de los 1990s (BBC, 2021).

Varios autores coinciden con que las razones relacionadas con el aumento de las emisiones de CO₂ desde 1990, están vinculadas con la rápida industrialización, la expansión del transporte, el mayor consumo de energía, la pérdida de bosques y el uso intensivo de combustibles fósiles. Así también, el acceso a los mercados globales ha incentivado la sobreexplotación de recursos naturales (WWF, 2020).

Muchas economías han basado su crecimiento en la extracción intensiva de minerales, petróleo, madera y agua, sin considerar el impacto a largo plazo. Esto ha generado deforestación, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas (Ransom, 2024; WWF, 2020). El gráfico a continuación evalúa los principales causantes de la pérdida de especies a nivel mundial, con lo cual, se evidencia que la razón principal es la degradación del hábitat.

Es fundamental analizar cómo la pérdida de hábitat representa la mayor amenaza para la biodiversidad y su estrecha relación con los efectos ambientales de la globalización. El crecimiento de actividades económicas, como la agricultura intensiva, la deforestación para la obtención de materias primas y la expansión urbana, ha modificado profundamente los ecosistemas, poniendo en riesgo a diversas especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Asimismo, la globalización ha acelerado la explotación de recursos naturales, el tráfico de especies exóticas y el aumento de la contaminación, lo que agrava la degradación del medio ambiente.

Finalmente, a continuación, revisaremos los principales desafíos relacionados con la expansión de la tecnología y la innovación.

La tecnología ha sido un motor clave de la globalización, facilitando la comunicación, el comercio y el acceso al conocimiento (Castells, 1998). No obstante, su desarrollo también ha generado nuevos desafíos que deben ser abordados.

El acceso a la tecnología no ha sido equitativo en todo el mundo (UNESCO, 2022). Mientras que algunos países han avanzado rápidamente en digitalización e innovación, otros han quedado rezagados debido a la falta de infraestructura y recursos. Esto ha generado una brecha digital que limita las oportunidades de muchas personas para acceder a educación, empleo y servicios básicos (Castells 1998 & UNESCO, 2022).

El gráfico a continuación (Gráfico 6), muestra la desigualdad en el acceso a Internet en distintas regiones del mundo, reflejando una profunda brecha digital. Mientras que, por ejemplo, en Europa y América del Norte la penetración de Internet supera el 90%, en regiones como África Oriental y África Occidental es inferior al 30%, lo que evidencia una disparidad preocupante.

Por otro parte, como ya revisamos en el Gráfico 1, el desarrollo de inteligencia artificial y la automatización han reemplazado muchas tareas antes realizadas por humanos. Si bien esto ha aumentado la eficiencia en varios sectores, también ha generado incertidumbre sobre el futuro del empleo (Frey & Osborne, 2017).

Finalmente, el uso masivo de internet y la digitalización de la información han incrementado los riesgos en materia de seguridad. La protección de datos personales, la privacidad y la ciberseguridad se han convertido en temas clave en la era digital (Castells, 2018). El gráfico a continuación presenta:

En la era digital y globalizada, la ciberseguridad es esencial para proteger la información y garantizar la estabilidad de los sistemas tecnológicos (Akamai, 2025). El gráfico destaca diversas amenazas, como phishing, malware, ataques de fuerza bruta, robo de credenciales y explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web, las cuales afectan a personas, empresas e incluso a gobiernos. Por ello, es fundamental implementar medidas de protección, promover la educación en seguridad digital y desarrollar tecnologías avanzadas, con el fin de crear un entorno digital más seguro y confiable en un mundo cada vez más interconectado.

La desigualdad es un fenómeno complejo que refleja las diferencias en el acceso a recursos económicos, sociales y políticos entre individuos, grupos o países (Sachs, 2015). Estas diferencias generan brechas en los niveles de vida, oportunidades de desarrollo y acceso a servicios esenciales, como la educación, la salud y el empleo. A lo largo de la historia, la desigualdad ha tomado múltiples formas, dependiendo de los modelos económicos, las estructuras sociales y las dinámicas políticas de cada época (Acemoglu, Laibson & List, 2017).

Durante las sociedades preindustriales, la desigualdad estaba estrechamente relacionada con el control de la tierra y los recursos naturales(Acemoglu, 2017). Las élites terratenientes concentraban la riqueza y el poder, mientras que los campesinos y trabajadores rurales apenas accedían a medios básicos de subsistencia. Con la Revolución Industrial, la acumulación de capital y el desarrollo tecnológico intensificaron las brechas sociales, pues quienes controlaban los procesos industriales aumentaron su riqueza exponencialmente, mientras que los obreros enfrentaban condiciones laborales precarias (Acemoglu, Laibson & List, 2017).

El siglo XX, marcó una etapa de contrastes en la evolución de la desigualdad (Sachs, 2015). Tras las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, muchos países adoptaron modelos de bienestar social, en los que el Estado asumió un rol activo en la redistribución de la riqueza. Esto permitió una reducción temporal de las brechas sociales en varias economías desarrolladas. Sin embargo, desde finales de la década de 1970, con la consolidación de políticas neoliberales y la globalización financiera, la desigualdad volvió a incrementarse en gran parte del mundo (Krugman et al., 2006). El gráfico a continuación (Gráfico 1), presenta un breve esquema de los hechos históricos abordados.

Por otra parte, al analizar esta realidad en América Latina, la desigualdad ha sido históricamente una característica estructural (CEPAL, 2024). Desde la colonia hasta el presente, factores como la concentración de tierras, el acceso desigual a la educación y la informalidad laboral han perpetuado un alto nivel de disparidad socioeconómica. En Ecuador, por ejemplo, los estudios de Acosta (2002) evidencian cómo las dinámicas económicas extractivistas y las crisis de deuda han agravado las brechas entre sectores urbanos y rurales, y entre grupos indígenas y mestizos.

En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) realiza estudios constantes respecto a la situación de la pobreza y desigualdad en América Latina. Con respecto a la desigualdad, lo hace específicamente a través del análisis del Índice de Gini. Este es una medida estadística creada por Corrado Gini (1912) utilizado para medir el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso dentro de un país o región. El índice varía entre 0 y 1, donde 0 representa una igualdad perfecta (todas las personas reciben el mismo ingreso) y 1 refleja la máxima desigualdad (una sola persona concentra todo el ingreso). Es una herramienta clave para analizar las brechas sociales y evaluar el impacto de las políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza y promover una distribución más equitativa de la riqueza.

El gráfico 2 muestra la evolución del Índice de Gini en América Latina entre los años 2000 y 2023. Se observa una tendencia general a la baja, lo cual indica una ligera reducción en los niveles de desigualdad en la región. Sin embargo, a pesar de esta mejora relativa, el índice sigue siendo alto, manteniéndose por encima de 0,4, lo que evidencia que América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Esta disminución se puede asociar a periodos de crecimiento económico, programas sociales y políticas redistributivas aplicadas en varios países, aunque el leve repunte alrededor de 2020 refleja el impacto de la pandemia de COVID-19, que exacerbó las condiciones de vulnerabilidad de los grupos más pobres (CEPAL, 2023).

En ese sentido, se invita a revisar el portal de Estadísticas e Indicadores de Desigualdad de la CEPAL (Portal de desigualdades en América Latina). Este, se presenta como una herramienta clave para analizar los datos de la evolución de la desigualdad en América Latina y el Caribe, ya que recopila, organiza y presenta información actualizada sobre el Índice de Gini y otros indicadores relacionados con la distribución del ingreso. Este sitio permite visualizar datos históricos por país y por región, facilitando comparaciones y análisis de tendencias a lo largo del tiempo. Revisar esta fuente es especialmente útil porque ofrece un enfoque regional adaptado a las particularidades socioeconómicas de América Latina, lo que permite contextualizar los niveles de desigualdad dentro de procesos históricos, políticas públicas y coyunturas económicas específicas.

Así, diversos autores han definido varios elementos que contribuyen a explicar cómo y por qué la desigualdad ha evolucionado de distintas maneras en diferentes contextos. En el cuadro a continuación se presenta un breve análisis:

Con lo cual, es importante entender que la desigualdad es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos, históricos y globales que moldean las oportunidades y el acceso a recursos dentro de una sociedad. Por un lado, los países con economías diversificadas y basadas en innovación tecnológica logran mayores niveles de movilidad social, mientras que aquellos con economías extractivistas concentran la riqueza en pocos sectores (Anda Gutiérrez, 2003).

Las políticas públicas juegan un papel clave: sistemas fiscales progresivos y acceso equitativo a educación y salud contribuyen a reducir las brechas, mientras que la desregulación y la privatización extrema las agravan (PNUD, 2022). Además, factores históricos como la herencia colonial y las prácticas discriminatorias han dejado huellas profundas en la distribución de oportunidades, especialmente en América Latina (Vargas Sánchez, 2006). Finalmente, la globalización y la digitalización han generado nuevas oportunidades económicas, pero al mismo tiempo han ensanchado la brecha entre quienes tienen acceso a tecnología y mercados internacionales, y quienes carecen de esas herramientas (Sachs, 2015).

Con estos antecedentes, en la sección a continuación revisaremos diferentes definiciones de desigualdad.

Pese a que existen diversas interpretaciones de desigualdad, todas tienen como elemento común el análisis de la distribución inequitativa de recursos. A continuación, revisaremos las principales y más importantes definiciones.

Atkinson (2016) define la desigualdad como la distribución desigual de ingresos, riqueza y oportunidades dentro de una sociedad, lo que significa que algunas personas tienen acceso a más recursos y ventajas, mientras que otras quedan rezagadas. Esta distribución no es producto únicamente del esfuerzo individual, sino también de factores estructurales como el acceso a la educación, las redes sociales y las políticas públicas.

Sachs (2015) explica que la desigualdad es una brecha persistente entre los sectores más ricos y los más pobres de una población, que se refleja no solo en el ingreso, sino también en el acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo digno. Esta brecha es el resultado de procesos históricos, decisiones políticas y estructuras económicas que concentran el poder y los recursos en ciertos grupos.

PNUD (2022) define la desigualdad como la distribución inequitativa de las oportunidades y capacidades que las personas tienen para alcanzar un nivel de vida digno. Esta inequidad no solo afecta el presente de las personas, sino que limita su desarrollo futuro y el de sus hijos, creando ciclos de exclusión y pobreza difíciles de romper.

Finalmente, la CEPAL (2023) define la desigualdad como la ausencia de condiciones similares de acceso y ejercicio de los derechos para las personas y grupos de personas en distintos ámbitos, que pueden referirse a los medios, como el ingreso y la riqueza; a las oportunidades, como la ausencia de discriminación; al acceso a capacidades, referidas a las habilidades, conocimientos y destrezas necesarias para la vida, o al reconocimiento recíproco y la participación en las decisiones y las instituciones públicas.

Como muestra el gráfico, aunque cada autor aporta matices distintos, todas las definiciones coinciden en que la desigualdad es un fenómeno multidimensional que refleja el acceso desigual a recursos, derechos y oportunidades. Comprender estas definiciones permite construir un análisis más profundo sobre sus causas y posibles soluciones.

En ese sentido, para complementar la perspectiva multidimensional de la desigualdad, el gráfico a continuación presenta la evolución de este tipo de pobreza en el país. La pobreza multidimensional, es una forma de medir la pobreza que va más allá del ingreso, considerando carencias en educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos. Este enfoque permite identificar desigualdades estructurales que afectan el bienestar de las personas CEPAL (2023).

Así, para profundizar mejor sobre estos conceptos, se recomienda revisar la publicación “La trampa de alta desigualdad y baja movilidad social en América Latina y el Caribe. Un obstáculo para el desarrollo social inclusivo y sostenible.” El documento analiza cómo la persistente desigualdad estructural en la región, combinada con bajos niveles de movilidad social, ha creado una especie de trampa que limita el progreso hacia sociedades más justas e inclusivas. El informe señala que factores como la concentración de la riqueza, la desigualdad de acceso a la educación y al empleo de calidad, y las brechas de género y etnia, restringen gravemente las posibilidades de que las personas de bajos ingresos mejoren su situación socioeconómica. Esta baja movilidad perpetúa la pobreza y la exclusión, creando un círculo vicioso donde las condiciones de origen determinan en gran medida las oportunidades futuras. La CEPAL propone que romper esta trampa requiere transformaciones profundas en las políticas públicas, apostando por sistemas fiscales progresivos, acceso universal a servicios de calidad, y estrategias que garanticen la inclusión efectiva de grupos históricamente excluidos.

En este escenario, también es importante tener en mente que existen diferentes tipos de desigualdad. A continuación, una explicación:

Estas definiciones marcan la base sobre la cual en el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD en el periodo 2021-2022, en cual se destaca que la desigualdad debe analizarse de manera multidimensional.

Así mismo, los ciclos de exclusión son procesos sociales en los que ciertos grupos de la población, especialmente aquellos en situación de pobreza o vulnerabilidad, enfrentan obstáculos persistentes para acceder a recursos, servicios y derechos básicos como la educación, la salud, el empleo digno y la participación política. Esta falta de acceso inicial, en lugar de resolverse con el tiempo, tiende a repetirse y profundizarse a lo largo de las generaciones, lo que significa que las personas nacidas en hogares excluidos tienen mayores probabilidades de permanecer en esa misma condición. De esta manera, la exclusión social no es un hecho aislado, sino un proceso estructural y acumulativo que se refuerza continuamente y limita las posibilidades reales de movilidad social (CEPAL, 2023).

A manera de conclusión de estas definiciones, es importante entender que la desigualdad es un concepto clave para entender las dinámicas sociales y económicas de cualquier sociedad, ya que refleja las diferencias estructurales en el acceso a recursos, derechos y oportunidades. No es simplemente una diferencia de ingresos, sino una condición mucho más amplia, que abarca el acceso a educación de calidad, servicios de salud adecuados, empleo digno, participación política e incluso el reconocimiento cultural y social.

Comprender la desigualdad implica reconocer que no es un fenómeno natural o inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, modelos económicos y estructuras sociales que pueden y deben transformarse. La evidencia demuestra que los países que han logrado reducir significativamente sus niveles de desigualdad han aplicado políticas públicas que combinan la redistribución fiscal, la garantía de derechos sociales universales y estrategias de inclusión productiva. En América Latina y el Caribe, enfrentar la desigualdad es un reto urgente, ya que sus altos niveles de concentración de riqueza y exclusión social limitan el crecimiento sostenible y profundizan la desconfianza en las instituciones (CEPAL, 2023).

El término desarrollo sostenible surge formalmente en 1987, cuando la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, liderada por la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, presentó el informe “Nuestro Futuro Común” (ONU, 1987). En este documento, el desarrollo sostenible fue definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Esta definición es ampliamente reconocida y sirve como punto de partida para entender el equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social.

Sin embargo, el concepto ha evolucionado con el tiempo y, en la actualidad, se entiende como un proceso integral que implica adoptar modelos económicos más responsables, asegurar justicia social y proteger los ecosistemas (Leff, 2009). Diversos organismos internacionales han desarrollado sus propias interpretaciones. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que el desarrollo sostenible debe basarse en el uso racional de los recursos naturales, la inclusión social y la eficiencia económica (OECD et al., 2021).

Adicionalmente, es importante enfatizar en que el desarrollo sostenible se apoya en tres pilares fundamentales: el ambiental, el económico y el social. Estos pilares no pueden trabajarse de forma aislada, ya que son interdependientes. El pilar ambiental implica conservar los recursos naturales, reducir la contaminación y proteger la biodiversidad. El pilar económico busca promover un crecimiento que no genere pobreza ni destrucción ambiental, mientras que el pilar social pone énfasis en el acceso equitativo a oportunidades, derechos y servicios básicos (Naciones Unidas, 2015). El gráfico a continuación (Figura 1) presenta una ayuda visual respecto a las definiciones analizadas.

Adicionalmente, el cuadro a continuación (Cuadro 1), desagrega de mejor manera la definición de cada uno de esos pilares.

Además de estos pilares, han surgido enfoques complementarios, como el desarrollo regenerativo, que no solo evita el daño ambiental, sino que busca restaurar los ecosistemas afectados (UNDP, 2019). De igual forma, el desarrollo sostenible también incorpora principios de gobernanza responsable, participación ciudadana y respeto a la diversidad cultural.

Así, en la siguiente sección de la clase, revisaremos el contexto en el cual el desarrollo sostenible se ha enmarcado en el país.

En Ecuador, el concepto de desarrollo sostenible comenzó a ganar relevancia a partir de la década de 1990, cuando el país firmó compromisos internacionales vinculados a la protección ambiental y al desarrollo humano (Paz y Miño Cepeda, 2004). Sin embargo, la historia ecuatoriana muestra que el modelo económico ha dependido fuertemente de la explotación de recursos naturales, especialmente el petróleo, lo que ha generado tensiones entre el crecimiento económico y la conservación ambiental (Larrea, 2013).

Desde tiempos coloniales, la economía ecuatoriana ha estado ligada a la extracción de recursos como cacao, banano, petróleo y minerales (Paz y Miño Cepeda, 2004). Esta dependencia extractivista ha generado problemas sociales y ambientales significativos, como la deforestación, la contaminación de fuentes de agua y la afectación a pueblos indígenas. En este contexto, el concepto de desarrollo sostenible fue inicialmente percibido como un reto para diversificar la economía y transitar hacia modelos más equilibrados (Acosta, 2002).

Ecuador ha incorporado el desarrollo sostenible en su marco legal y de planificación. La Constitución de 2008 incluye principios de Buen Vivir o Sumak Kawsay, que guardan relación directa con el desarrollo sostenible al promover el equilibrio entre seres humanos, naturaleza y economía (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

El cuadro (Cuadro 2), presenta los artículos relevantes de la Constitución del Ecuador en los que se enfatiza respecto a los derechos de la naturaleza y la búsqueda del equilibrio entre sociedad, economía y ambiente.

Adicionalmente, un ejemplo concreto respecto a acciones tomadas por parte del gobierno ecuatoriano en cuanto al desarrollo sostenible es la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Este es un instrumento de planificación diseñado para orientar las políticas públicas y acciones del país en cuanto a la conservación, el uso sostenible y la gestión adecuada de su riqueza natural. Ecuador es reconocido mundialmente como un país megadiverso, lo que significa que posee una enorme variedad de ecosistemas, especies y recursos genéticos. Debido a esta riqueza, la estrategia establece objetivos claros para proteger esa biodiversidad y, al mismo tiempo, asegurar que las comunidades puedan beneficiarse de los recursos naturales sin agotarlos. En este sentido, promueve la integración de la biodiversidad en sectores como la agricultura, el turismo y la industria, fomentando modelos productivos más sostenibles (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2016).

Para profundizar mejor respecto a otros avances en cuanto al desarrollo sostenible en Ecuador, se recomienda revisar la página web del programa “PROAMAZONIA”. Este programa es una estrategia impulsada por el Estado ecuatoriano que busca cuidar los bosques amazónicos mientras promueve alternativas de desarrollo sostenible para las comunidades locales. Su objetivo central es reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente aquellas causadas por el cambio de uso de suelo. Al mismo tiempo, PROAmazonía trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en la Amazonía, promoviendo prácticas productivas responsables con el medioambiente.

Este programa se enfoca en tres grandes líneas de acción. La primera es fomentar sistemas productivos sostenibles, como cultivos agroforestales o el aprovechamiento de productos del bosque sin generar daño a los ecosistemas. La segunda línea busca conservar y restaurar los bosques existentes, implementando acciones concretas para evitar su destrucción y recuperar áreas ya degradadas. Finalmente, el tercer eje de trabajo fortalece la coordinación entre comunidades, gobiernos locales y el Estado, asegurando que las decisiones sobre el territorio y los recursos naturales se tomen de manera participativa y con criterios de sostenibilidad. PROAmazonía es posible gracias a la colaboración entre el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el apoyo técnico y financiero de organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Verde para el Clima.

En 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, un plan de acción global compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos abordan problemáticas como la pobreza, el hambre, el cambio climático, la igualdad de género, el acceso a educación y la protección de ecosistemas (ONU, 2015). El desarrollo sostenible es el eje transversal de todos los ODS, ya que promueven un equilibrio entre crecimiento económico, inclusión social y cuidado ambiental. El gráfico a continuación (Gráfico 2), presenta una infografía de los ODS.

Así también, estos objetivos proponen una agenda global cuyo propósito es orientar a los países hacia un modelo de desarrollo más justo, equitativo y respetuoso con el medioambiente. Estos objetivos, que abarcan temas como la erradicación de la pobreza, la acción climática, la igualdad de género y la producción sostenible, son importantes porque ofrecen una hoja de ruta común para que todas las naciones trabajen en conjunto hacia un futuro más sostenible. Su valor radica en que integran dimensiones sociales, económicas y ambientales, entendiendo que el desarrollo no puede lograrse si se deja de lado la protección de los recursos naturales o si se profundizan las desigualdades (Naciones Unidas, 2015).

La relación entre los ODS y el desarrollo sostenible es directa y esencial, ya que los ODS concretan en metas específicas lo que significa alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible.

Cada ODS contribuye a este equilibrio, ya sea garantizando el acceso al agua limpia, promoviendo el consumo responsable o fomentando alianzas globales para la sostenibilidad. En este sentido, los ODS no son solo un conjunto de buenas intenciones, sino un marco estratégico para lograr que el desarrollo sostenible se convierta en una realidad medible y alcanzable (Naciones Unidas, 2015).

El gráfico a continuación (Gráfico 4) presenta la relación de las dimensiones de los ODS con cada uno de los objetivos. Se destaca cómo el bienestar económico y social depende directamente de la salud de los ecosistemas. En la base se encuentra la biosfera, donde se ubican los ODS relacionados con la protección del agua, los ecosistemas terrestres, la acción climática y la vida submarina. En el nivel intermedio, se encuentra la sociedad, representada por ODS vinculados a la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. Finalmente, en la parte superior se encuentra la economía, que engloba objetivos relacionados con la producción, el consumo, el trabajo digno, la innovación y la infraestructura. Esta estructura muestra que la economía no puede existir sin una sociedad estable; y que la sociedad, a su vez, depende del equilibrio ecológico. De esta

forma, el gráfico refuerza el principio de que el desarrollo sostenible solo es posible si se respeta la interdependencia entre el ambiente, las personas y la economía

Para profundizar mejor respecto a los ODS se recomienda revisar el video “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos”. El video explica de manera clara que los ODS son un conjunto de 17 objetivos globales adoptados por las Naciones Unidas en 2015, cuyo propósito es enfrentar los grandes desafíos que afectan a la humanidad. Entre estos desafíos se destacan la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el acceso desigual a la educación y la salud. El video resalta que los ODS son importantes porque ofrecen una hoja de ruta común para todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, y promueven una visión compartida de bienestar y sostenibilidad global. Además, subraya que estos objetivos buscan equilibrar el progreso económico con la inclusión social y la protección ambiental, reflejando los tres pilares clave del desarrollo sostenible.

La relación entre los ODS y el desarrollo sostenible es directa, ya que los ODS traducen el concepto de sostenibilidad en metas concretas y medibles, facilitando así su implementación a nivel global y local. El video enfatiza que lograr el desarrollo sostenible requiere la participación activa de todos los sectores: gobiernos, empresas, comunidades y ciudadanos. Asimismo, destaca que el cumplimiento de los ODS es esencial para asegurar que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que las actuales, manteniendo los recursos naturales y reduciendo las brechas sociales. En este sentido, el video muestra cómo el desarrollo sostenible no es solo un objetivo ambiental, sino una visión integral que abarca la economía, el bienestar social y la conservación de la naturaleza.

El cumplimiento de los ODS requiere que los gobiernos adopten políticas claras y acciones concretas en distintos sectores. Por ejemplo, con relación al ODS 2, Hambre Cero, el gráfico a continuación presenta los logros obtenidos a nivel país.

Por ejemplo, en relación con el ODS 6: Agua limpia y saneamiento, Ecuador ha implementado el Programa Nacional de Agua y Saneamiento para el Desarrollo Rural Sostenible (PRONASAR), cuyo objetivo es garantizar el acceso a agua segura y servicios de saneamiento en comunidades rurales. Esta política no solo mejora la salud pública, sino que también promueve la gestión responsable de los recursos hídricos y la participación comunitaria en el manejo de los sistemas de agua (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2021). De forma similar, en el marco del ODS 7: Energía asequible y no contaminante, el país ha desarrollado proyectos de generación de energía renovable, como hidroeléctricas y parques eólicos, buscando reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el ámbito social, alineado al ODS 4: Educación de calidad, el Ecuador ha promovido políticas de acceso a la educación gratuita y obligatoria, desde la educación inicial hasta el bachillerato, como lo establece la Constitución. Adicionalmente, el programa “Todas ABC: Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas Proaño” busca asegurar que personas jóvenes y adultas que no completaron su formación escolar puedan retomar sus estudios y obtener un título de bachiller, reduciendo así brechas de exclusión educativa (Ministerio de Educación, 2018).

El deterioro ambiental actual no es un evento repentino, sino la consecuencia de un uso prolongado e intensivo de los recursos naturales sin una gestión sostenible. ¿Qué significa esto para nosotros? Básicamente, que cada acción tiene consecuencias, y en este caso, la contaminación, la deforestación, el cambio climático y la sobreexplotación de los ecosistemas están afectando no solo al planeta, sino a la economía y al bienestar social. Según la ONU (2022), la degradación ambiental está generando un impacto directo en la producción de alimentos, el acceso al agua potable y la estabilidad financiera de los países, lo que amplifica las desigualdades ya existentes.

El cambio climático ha exacerbado fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, prolongadas sequías e inundaciones devastadoras. Estas condiciones no solo dañan los ecosistemas, sino que también afectan a sectores clave como la agricultura y la infraestructura urbana. Cuando una región experimenta sequías prolongadas, por ejemplo, la producción de alimentos disminuye, lo que eleva los precios y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. De la misma manera, la contaminación del aire y del agua contribuye al aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de salud pública (IPCC, 2021).

Asimismo, las alteraciones en el medio ambiente han propiciado conflictos sociales y desplazamientos forzados de comunidades enteras. El Banco Mundial (2021) estima que para 2050, más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a migrar dentro de sus propios países debido a fenómenos climáticos extremos. Esto plantea grandes desafíos para los gobiernos, ya que implica la necesidad de infraestructura, empleo y servicios básicos para estas poblaciones desplazadas. En este contexto, es esencial comprender cómo la crisis ambiental impacta en distintas regiones y qué estrategias pueden implementarse para mitigar sus efectos.

A manera de contexto, el cuadro a continuación (Tabla 1) presente un compendio de datos alarmantes respecto a la crisis de la naturaleza por la que estamos atravesando.

Así también, el gráfico a continuación (Gráfico 1), muestra cómo las actividades humanas están impulsando el deterioro de la naturaleza a nivel global. Se destacan impulsores indirectos, como cambios demográficos, factores económicos y tecnológicos, gobernanza y conflictos, que afectan los ecosistemas de forma progresiva. Asimismo, se identifican impulsores directos, como la sobreexplotación de recursos, la contaminación y el cambio en el uso de la tierra y el mar. Como resultado, el 47% de los ecosistemas han sido alterados significativamente, el 25% de las especies enfrentan riesgo de extinción y el 82% de la biomasa de mamíferos silvestres se ha reducido drásticamente.

También se evidencian cambios en los ecosistemas marinos y en la biodiversidad terrestre, lo que refleja la urgencia de tomar medidas para restaurar y proteger los entornos naturales.

Para contextualizar mejor este tema, se recomienda revisar el documental de las Naciones Unidas “El cambio climático”. El documental presenta una visión clara sobre los efectos del calentamiento global y su impacto en diferentes regiones del mundo. Explica cómo el aumento de la temperatura global ha intensificado fenómenos meteorológicos extremos, afectando principalmente a comunidades vulnerables. Además, enfatiza la importancia de la adaptación y la mitigación, destacando estrategias como la inversión en energías renovables, la protección de los ecosistemas y la planificación urbana sostenible. También menciona la responsabilidad de los gobiernos y la sociedad en la reducción de emisiones contaminantes y la necesidad de cooperación internacional para abordar esta crisis.

Este contenido se relaciona directamente con esta clase, ya que refuerza los temas tratados sobre los efectos socioeconómicos del cambio climático y la desigualdad en la capacidad de respuesta entre países desarrollados y en desarrollo. Al igual que en el documental, la clase aborda cómo las comunidades más pobres son las más afectadas por la crisis ambiental, con impactos en la agricultura, la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, el documental complementa la discusión sobre la necesidad de políticas globales más equitativas para enfrentar los desafíos ambientales de manera justa y sostenible.

Así, a continuación, revisaremos cuál ha sido el impacto socioeconómico de la crisis ambiental en América Latina, así como la crisis ambiental y las desigualdades económicas globales.

América Latina es una de las regiones más ricas en biodiversidad, pero también una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. En las últimas décadas, fenómenos como la deforestación en la Amazonía, la desertificación en México y la contaminación de cuerpos de agua han afectado gravemente la calidad de vida de millones de personas. ¿Cómo impacta esto en la economía y la sociedad? Para empezar, la dependencia de la región en sectores como la agricultura y la minería la hace especialmente frágil ante desastres ambientales.

Estas condiciones afectan no solo a los agricultores, sino a toda la cadena de producción y distribución de alimentos, lo que se traduce en precios más altos y menor accesibilidad para la población (CEPAL, 2022). Asimismo, el sector pesquero ha sufrido grandes pérdidas debido a la contaminación de ríos y océanos, lo que impacta a las comunidades costeras que dependen de esta actividad.

En este contexto, el Plan Nacional de Sequía de Ecuador es un marco estratégico diseñado para mejorar la gestión de las sequías en el país, promoviendo un enfoque integral que fortalezca la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas ante este fenómeno (MAATE, 2025). Este documento establece directrices para la coordinación entre distintos sectores como la planificación territorial, la gestión de recursos hídricos, el sector agropecuario y la reducción de riesgos, con el fin de minimizar los impactos negativos de las sequías. Además, busca fomentar la participación de la sociedad civil y de los tomadores de decisiones para mejorar la gobernanza en la gestión del agua y la protección de los servicios ecosistémicos.

El plan también enfatiza la importancia de adoptar medidas preventivas y de adaptación, incluyendo la implementación de tecnologías eficientes en el uso del agua, la reforestación de zonas vulnerables y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Su enfoque está alineado con los marcos normativos nacionales e internacionales sobre cambio climático y desarrollo sostenible. En este contexto, la planificación y la cooperación entre distintos actores son clave para mitigar los efectos de la sequía, garantizar la seguridad hídrica y reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos y de las comunidades más afectadas.

Así, por ejemplo, según los datos reportados por la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), en el año 2017, las principales causas de afectación a la producción agrícola son la presencia de plagas, otras causas, y sequías. Las plagas y otras causas representan los mayores problemas, con un 26.96% y 26.90%, respectivamente, afectando los cultivos. La sequía es otro factor determinante, impactando el 22.01% de la producción, mientras que las enfermedades y las inundaciones contribuyen en menor medida con 9.27% y 8.84%, respectivamente. Las heladas también afectan la producción, aunque en menor proporción, con un 6.01%. Estos datos reflejan la vulnerabilidad del sector agrícola ante fenómenos climáticos y biológicos, evidenciando la necesidad de estrategias de adaptación para reducir las pérdidas y fortalecer la seguridad alimentaria.

Otro aspecto preocupante es el crecimiento de la urbanización sin planificación adecuada, lo que ha llevado a la expansión de asentamientos informales en zonas de alto riesgo ambiental. Muchas de estas comunidades carecen de acceso a agua potable, saneamiento adecuado y servicios básicos, lo que aumenta su vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, la contaminación del aire en ciudades como Ciudad de México, Bogotá y São Paulo ha elevado la incidencia de enfermedades respiratorias, afectando especialmente a niños y adultos mayores (OMS, 2022).

Por otro lado, la actividad minera genera tanto beneficios como desafíos para las comunidades donde se desarrolla. Desde el punto de vista económico, puede fomentar la inversión en infraestructura, generar empleo y dinamizar sectores relacionados. No obstante, estos beneficios suelen ser desiguales y temporales, ya que gran parte de las ganancias son destinadas a grandes empresas y no a las poblaciones locales.

Frente a este panorama, algunos países han comenzado a implementar políticas de adaptación y mitigación. Por ejemplo, Brasil ha reforzado las leyes contra la deforestación ilegal, y Chile ha avanzado en la transición hacia energías renovables. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes, y la crisis ambiental sigue representando una amenaza directa para el desarrollo sostenible en la región. El gráfico a continuación (Gráfico 5) presenta ideas principales respecto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Para conocer las acciones que algunos países de América Latina están realizando para contrarrestas la crisis climática y el impacto socioeconómico, se recomienda leer el artículo “La agroecología: alternativa de desarrollo sustentable ante la crisis ambiental en un mundo globalizado” de Jader Martínez y otros autores. El artículo analiza la agroecología como una alternativa sostenible frente a la crisis ambiental. Se enfoca en cómo esta práctica agrícola promueve un equilibrio entre la producción de alimentos y la conservación del medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y fortaleciendo la biodiversidad. Además, se resalta su impacto positivo en las comunidades rurales, ya que fomenta la soberanía alimentaria y mejora la calidad de vida de los agricultores. Este enfoque está directamente relacionado con la crisis ambiental y sus repercusiones socioeconómicas, ya que propone soluciones sostenibles para la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

La crisis ambiental no afecta a todos por igual. De hecho, una de sus principales características es que amplifica las desigualdades económicas a nivel mundial. Los países con mayores recursos económicos tienen más capacidad para adaptarse a los cambios climáticos, mientras que los países en desarrollo, que suelen ser los menos responsables de la contaminación global, sufren las peores consecuencias. Esto crea una brecha en la que las naciones más ricas pueden invertir en energías limpias y tecnologías sostenibles, mientras que las más pobres luchan por cubrir necesidades básicas (PNUD, 2021).

Así, por ejemplo, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos han desarrollado ambiciosos planes para reducir su huella de carbono, muchos países de África, América Latina y el Sudeste Asiático no tienen los recursos necesarios para implementar medidas similares. A pesar de los compromisos internacionales, la transferencia de fondos y tecnologías hacia estos países ha sido insuficiente, lo que limita sus posibilidades de adaptación y desarrollo sostenible (Banco Mundial, 2022).

Además, las industrias contaminantes están mayormente concentradas en los países más desarrollados, mientras que los impactos ambientales de su actividad recaen en las regiones más vulnerables. Por ejemplo, muchas empresas multinacionales trasladan sus procesos de producción a países con regulaciones ambientales más laxas, lo que genera contaminación y deterioro ambiental en comunidades que no cuentan con los recursos para mitigar sus efectos. Esta dinámica refuerza un sistema económico global en el que las naciones en desarrollo enfrentan los costos ambientales del crecimiento de las economías más avanzadas.

La crisis ambiental representa uno de los retos más urgentes de nuestra época. Este fenómeno no solo afecta los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también impacta la economía, el empleo y la seguridad alimentaria. Factores como el cambio climático, la contaminación y la explotación desmedida de recursos naturales han generado consecuencias negativas a nivel global (Martínez-Alier, 2020).

Las sociedades modernas dependen de sistemas de producción y consumo que, en su mayoría, no son sostenibles a largo plazo (Acosta, 2009). Así, por ejemplo, uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta el mundo es el cambio climático, provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles (Castro, 2018). Este fenómeno ha intensificado la frecuencia de eventos climáticos extremos como huracanes, olas de calor y sequías prolongadas, afectando tanto a la biodiversidad como a la estabilidad económica de las regiones más vulnerables (Calvin et al., 2023). Así, por ejemplo, en el gráfico a continuación (Gráfico 1), se muestra la proporción de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea por sectores en 2022, expresadas en CO₂ equivalente. Se destaca que el uso de la tierra, el cambio de uso del suelo y la silvicultura presentan un valor negativo (-7,0%), lo que indica que estas actividades actúan como un sumidero de carbono, absorbiendo más CO₂ del que emiten.

Para el caso ecuatoriano, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2012), el sector energético es el mayor contribuyente de emisiones de gases de efecto invernadero, representando el 46.63% de las emisiones totales. Estos datos resaltan la importancia de implementar estrategias de reducción de emisiones en el sector energético y agrícola, además de potenciar el papel de los ecosistemas naturales en la captura de carbono.

Por otro lado, otro problema ambiental de gran impacto es la deforestación, que no solo contribuye al cambio climático al reducir la capacidad de absorción de carbono de los bosques, sino que también provoca la pérdida de hábitats naturales y la disminución de la biodiversidad (FAO, 2022). Por ejemplo, Brasil y la República Democrática del Congo, dos de los países con las mayores extensiones de bosques tropicales, han visto un alarmante aumento en la deforestación debido a la expansión de la agricultura y la minería ilegal

Así también, la contaminación del agua y los océanos es otro desafío crítico que amenaza la salud de los ecosistemas y las comunidades humanas (Banco Mundial, 2022). La acumulación de plásticos en los mares ha generado zonas de alta toxicidad, afectando la vida marina y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en muchas regiones (Jambeck et al., 2015). La problemática causada por el creciente consumo de plásticos de un solo uso presenta daños irreparables para la humanidad, debido a que los plásticos no solo contaminan las playas y océanos, sino que también representan una amenaza para la fauna marina (Parlamento Europeo, 2018). Debido a la cadena alimentaria, los seres humanos también terminan consumiendo microplásticos, aunque los efectos exactos en la salud aún no han sido completamente determinados por la ciencia. Asimismo, los residuos plásticos en los océanos generan pérdidas económicas significativas para sectores que dependen del mar, como el turismo y la pesca. Además, en la producción de envases plásticos, solo cerca del 5% de su valor económico se mantiene en la economía, mientras que la mayor parte termina como desperdicio. La infografía a continuación, presente cifras relevantes al respecto (Infografía 1).

Gobiernos como el de Canadá y la Unión Europea han aprobado legislaciones para restringir el uso de plásticos de un solo uso y fomentar la economía circular, con el fin de reducir los residuos plásticos en los océanos (UNEP, 2022). En el caso ecuatoriano, la gestión de los plásticos de un solo uso está regulada por la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de Un Solo Uso, promulgada en 2020 (Asamblea Nacional, 2020). Esta ley tiene como objetivo principal establecer un marco legal para regular la generación de residuos plásticos, promoviendo su reducción progresiva, reutilización y reciclaje, y fomentando el reemplazo por materiales biodegradables o reciclados que posean una menor huella de carbono. Sin embargo, hasta la fecha, no se han encontrado datos publicados respecto a los resultados que ha tenido esta ley a nivel nacional.

Para profundizar mejor respecto a esta problemática, se recomienda ver el documental “Los océanos se ahogan en plástico. ¿Hay soluciones?". En él, se aborda la creciente problemática de la contaminación plástica en los océanos y sus consecuencias a nivel global. A través de diversas investigaciones y testimonios, se evidencia cómo millones de toneladas de plástico terminan anualmente en los mares, afectando gravemente a la fauna marina y, por ende, a la cadena alimentaria humana. El documental destaca casos específicos, como el de la isla de Midway, donde miles de aves mueren al ingerir plástico, y analiza cómo microplásticos han sido encontrados en productos de consumo cotidiano, lo que representa una amenaza para la salud humana.

A continuación, analizaremos específicamente el impacto de la crisis ambiental en la producción y empleo y, posteriormente, los factores a tomar en cuenta para una transición económica hacia energías renovables.

La crisis ambiental está alterando las dinámicas económicas a nivel global (Banco Mundial, 2022). La producción de bienes y servicios depende en gran medida de los recursos naturales, cuya disponibilidad se ve amenazada por el deterioro ambiental. Esto tiene repercusiones directas en el empleo, ya que muchas industrias deben adaptarse a regulaciones ambientales más estrictas o enfrentar la escasez de materias primas esenciales (Sachs, 2015).

Por ejemplo, al referirnos específicamente a la agricultura y seguridad alimentaria, el cambio climático ha provocado variaciones en los patrones climáticos, afectando la producción agrícola en distintas regiones del mundo. Sequías prolongadas, inundaciones y temperaturas extremas han reducido significativamente la productividad de cultivos esenciales, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas (FAO, 2020). En el caso ecuatoriano, la sequía presenta impactos en diferentes niveles (Gráfico 3). Inicia con la variabilidad natural del clima, donde el déficit de precipitación, el aumento de la temperatura y la disminución de la infiltración afectan la disponibilidad de agua. Esto provoca una carencia de agua en el suelo, lo que reduce la biomasa y el rendimiento agrícola. A medida que el problema se agrava, se genera una sequía hidrológica, caracterizada por la disminución del caudal de ríos, embalses y la pérdida de hábitats naturales. Finalmente, la sequía se convierte en un problema socioeconómico, generando efectos negativos en la economía, la sociedad y el medio ambiente, afectando el acceso al agua, la producción agrícola y los ecosistemas.

En países como España y Sudáfrica, la escasez de agua se ha convertido en un problema grave para la agricultura, afectando tanto a pequeños productores como a grandes exportadores de alimentos. La disminución de la producción agrícola no solo impacta la disponibilidad de alimentos, sino que también genera pérdidas económicas y afecta a quienes dependen del sector agropecuario para su sustento (FAO, 2021).

Por otro lado, en el caso del sector energético, el uso excesivo de combustibles fósiles es uno de los principales factores que contribuyen al cambio climático (Calvin et al., 2023). A pesar de los esfuerzos para reducir la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, estos siguen siendo la fuente principal de energía en muchas partes del mundo.

Sin embargo, la creciente inversión en energías renovables está generando cambios en el sector energético. La adopción de tecnologías más limpias no solo ayuda a reducir las emisiones de carbono, sino que también abre nuevas oportunidades laborales en industrias emergentes, como la energía solar y eólica (IPCC, 2023).

En el caso ecuatoriano, de acuerdo a un estudio realizado por Carvajal y otros investigadores en el 2019, la energía hidroeléctrica continuará siendo una de las opciones más eficientes y con menores emisiones dentro del sector eléctrico en Ecuador (Carvajal et al., 2019). Sin embargo, la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático podría comprometer su capacidad para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, alineándose con los objetivos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). La infografía a continuación (Infografía 2), presenta información relevante al respecto.

Un reto importante para el país radica en encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y una gestión ambiental sostenible. Aunque la política energética basada en la hidroeléctrica muestra resultados favorables en términos de reducción de emisiones, su vulnerabilidad a los cambios climáticos y las preocupaciones sociales y ambientales asociadas con la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos podrían afectar su viabilidad en comparación con otras alternativas energéticas disponibles.

Para mitigar los efectos de la crisis ambiental y garantizar un desarrollo sostenible, es fundamental avanzar hacia un modelo basado en energías renovables. Esta transición, aunque necesaria, implica desafíos económicos y sociales que deben abordarse con estrategias adecuadas. La lucha contra el cambio climático ha llevado a la creación de acuerdos internacionales orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la transición energética. Por ejemplo, el Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), es un tratado internacional que busca limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, con esfuerzos para no superar los 1.5°C respecto a los niveles preindustriales (UNFCCC, 2016). Este acuerdo obliga a los países firmantes a presentar y actualizar periódicamente sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático (IPCC, 2023). La infografía a continuación desagrega información sobre este aspecto (Infografía 3).

Es importante recalcar que una de las principales implicaciones del Acuerdo de París es la transición hacia energías renovables, ya que promueve la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles y fomenta inversiones en energías limpias como la solar, eólica e hidroeléctrica (European Commission, 2020).

En ese sentido, para profundizar respecto a este tema, se recomienda leer el boletín informativo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica respecto al “Proceso de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en Ecuador.” Ecuador, en cumplimiento del Acuerdo de París, ha desarrollado su NDC, que refleja el compromiso del país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Este proceso ha sido liderado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, involucrando a diversos actores nacionales para garantizar una respuesta integral al desafío climático. La NDC de Ecuador se alinea con la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 y otros instrumentos internacionales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Por otra parte, en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico, el avance en tecnologías sostenibles es clave para lograr una transición eficiente hacia un modelo energético más limpio (UNFCCC, 2016). La inversión en investigación y desarrollo ha permitido la creación de nuevas soluciones para la generación y almacenamiento de energía renovable, reduciendo su costo y mejorando su accesibilidad (Carvajal et al., 2019). Empresas en todo el mundo han comenzado a adoptar modelos de negocio basados en la sostenibilidad, lo que les permite reducir su impacto ambiental y mejorar su competitividad en un mercado global cada vez más exigente en términos ecológicos (FAO, 2020).

Así, por ejemplo, un enfoque integral sobre la sostenibilidad empresarial incluye dos aspectos clave: las estrategias de sostenibilidad y la medición de su impacto. Como se observa en el gráfico a continuación (Gráfico 4), en la primera sección, se incluyen acciones como la responsabilidad social, el cumplimiento normativo, la filantropía y la creación de valor compartido, que permiten a las empresas generar impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. En la segunda sección, se presentan métricas y estándares internacionales, como el Global Reporting Initiative (GRI), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los índices de sostenibilidad bursátiles y la certificación de Empresa Socialmente Responsable (ESR), los cuales permiten evaluar el desempeño sostenible de las organizaciones.

Este gráfico refleja la creciente tendencia de las empresas hacia modelos de negocio responsables, buscando equilibrar el éxito económico con el impacto social y ambiental. Así, la transición hacia un modelo energético sostenible no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad para transformar la economía y fomentar la innovación. Para lograr un impacto real, es fundamental que gobiernos, empresas y ciudadanos trabajen en conjunto, adoptando estrategias que equilibren el desarrollo con la responsabilidad ecológica y social.

El cambio tecnológico ha sido un motor fundamental en la transformación de las sociedades a lo largo de la historia, impactando profundamente en las estructuras económicas, sociales y culturales. En el contexto actual, caracterizado por una rápida evolución tecnológica, es crucial analizar cómo estas transformaciones afectan el entorno socioeconómico. Esta clase se centrará en el papel del cambio tecnológico en el entorno actual, explorando la transformación tecnológica y las principales tendencias tecnológicas contemporáneas. El cambio tecnológico se refiere al proceso mediante el cual se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías que alteran las formas existentes de producción, comunicación y organización social (McGuinness, S., et al., 2019).

Así, un ejemplo claro del cambio tecnológico es la transformación de la industria automotriz con la introducción de los vehículos eléctricos (VE) y la automatización de la producción (Mohammedi et al., 2025). Empresas como Tesla, Toyota y Volkswagen han adoptado nuevas tecnologías para fabricar automóviles con menores emisiones de carbono y mayor eficiencia energética. Esta innovación ha alterado la producción tradicional basada en motores de combustión interna, impulsando el desarrollo de baterías de iones de litio y la integración de inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario. Además, la automatización en las fábricas, con el uso de robots y sistemas inteligentes, ha incrementado la productividad y reducido los costos, aunque también ha generado desafíos en la adaptación de la mano de obra tradicional a estas nuevas tecnologías (McGuinness, S., et al., 2019).

Para profundizar mejor los temas que desagregaremos en esta unidad, se recomienda leer el artículo La Internet industrial para el cambio estructural en América Latina. En este artículo se analiza cómo la adopción de la Internet Industrial puede impulsar una transformación significativa en las economías de la región. La Internet Industrial, que integra tecnologías digitales avanzadas en los procesos industriales, tiene el potencial de mejorar la eficiencia, productividad y competitividad de las empresas latinoamericanas. El autor destaca que, para aprovechar plenamente estos beneficios, es esencial que los países de América Latina inviertan en infraestructura tecnológica, desarrollen habilidades digitales en la fuerza laboral y promuevan políticas públicas que faciliten la innovación y la adopción tecnológica.​

Este análisis se relaciona directamente con el cambio tecnológico, debido a que la incorporación de tecnologías como la Internet Industrial ejemplifica cómo la transformación tecnológica puede reconfigurar sectores productivos y alterar las dinámicas económicas y sociales. Además, al centrarse en América Latina, el artículo proporciona una perspectiva regional que enriquecerá nuestra comprensión de las oportunidades y desafíos específicos que enfrenta la región en el contexto de la revolución tecnológica actual.

A continuación, revisaremos qué implica la transformación tecnológica en relación con las principales tendencias tecnológicas en la actualidad.

La transformación tecnológica implica la integración de nuevas tecnologías en diversos sectores, lo que conduce a cambios en los procesos productivos, modelos de negocio y estructuras organizativas (World Economic Forum, 2024). Este proceso es fundamental para mantener la competitividad en un mercado globalizado y responde a la necesidad de adaptarse a las demandas cambiantes de los consumidores y a las condiciones del mercado.

Así, por ejemplo, al analizar esta problemática en términos del mercado laboral, la adopción de tecnologías avanzadas, como la automatización y la inteligencia artificial (IA), ha permitido a las empresas aumentar su productividad y eficiencia. Por ejemplo, la automatización de tareas rutinarias reduce el tiempo y los costos asociados a la producción, permitiendo a las empresas ofrecer productos y servicios de manera más eficiente (CaixaBank, 2019).

El gráfico a continuación (Gráfico 2), muestra la transición de un modelo de producción en serie, característico de la era del petróleo y el automóvil, hacia un modelo de redes flexibles, impulsado por la tecnología informática. En este cambio de paradigma, se pasa de un uso intensivo de energía y materias primas a un enfoque basado en la información y el conocimiento, promoviendo la eficiencia energética y el desarrollo de servicios y productos intangibles. Los mercados evolucionan de ser masivos y estandarizados a altamente segmentados y adaptables, mientras que las estructuras organizativas se transforman de jerárquicas y centralizadas a descentralizadas y colaborativas, favoreciendo la interacción y la autonomía de las unidades de trabajo. Además, el concepto de recursos humanos cambia a capital humano, donde la mano de obra deja de verse como un costo y se convierte en un activo estratégico, con el entrenamiento y la innovación como inversiones clave para la competitividad en la era digital (Prada & Álvarez, 2011).

Por otra parte, la transformación tecnológica también ha generado cambios significativos en el mercado laboral. Mientras que algunas ocupaciones han disminuido debido a la automatización, han surgido nuevas oportunidades laborales en sectores relacionados con la tecnología. Esto subraya la importancia de la formación continua y la adaptación de las habilidades de la fuerza laboral para satisfacer las demandas de la economía digital (Paudel, 2024). El gráfico a continuación (Gráfico 3), muestra la incidencia de la inteligencia artificial (IA) en el empleo a nivel mundial. El gráfico, basado en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca la diferencia entre economías avanzadas, mercados emergentes y países de ingreso bajo.

Se observa que la exposición al impacto de la IA en el empleo es mayor en las economías avanzadas, donde una proporción significativa de trabajos presenta alta exposición y complementariedad (en rojo), lo que sugiere que la IA puede mejorar la productividad en estos sectores. Sin embargo, en mercados emergentes y países de ingreso bajo, la proporción de empleos con baja exposición (en azul) es mayor, lo que indica un menor impacto de la IA en la transformación del empleo en estas regiones. Esto refleja la desigualdad en la adopción tecnológica y resalta la necesidad de políticas que fomenten la educación digital y la integración tecnológica para que los beneficios de la IA sean equitativos a nivel global.

Para analizar mejor cómo la IA ha traído importantes efectos en el empleo, se recomienda ver el video titulado "IA: ¿oportunidad o riesgo para el empleo?". En él, se aborda cómo la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral. Se discuten los beneficios de la IA, como la automatización de tareas repetitivas y la creación de nuevas oportunidades laborales en sectores tecnológicos. Sin embargo, también se destacan los desafíos, incluyendo la posible desaparición de ciertos empleos y la necesidad de que la fuerza laboral adquiera nuevas habilidades para adaptarse a las demandas de la economía digital.

Este contenido se relaciona directamente con nuestra clase sobre el cambio tecnológico y su impacto en el entorno socioeconómico. La integración de tecnologías avanzadas, como la IA, ejemplifica cómo la transformación tecnológica puede reconfigurar procesos productivos, modelos de negocio y estructuras organizativas. Además, resalta la importancia de la formación continua y la adaptación de las habilidades laborales para mantener la competitividad en un mercado globalizado.

Finalmente, en lo que a desigualdades y brechas digitales refiere, a pesar de los beneficios asociados con la transformación tecnológica, existen preocupaciones sobre las desigualdades que pueden surgir. La brecha digital, puede exacerbar las disparidades socioeconómicas. Es esencial implementar políticas que promuevan la inclusión digital y aseguren que los beneficios de la tecnología estén al alcance de todos (Telefonica, 2024).

Al analizar datos del Ecuador en cuanto al porcentaje de personas que utilizan internet y su desagregación urbana y rural en el 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se tiene que ha existido un incremento significativo en el uso de internet en el país entre 2019 y 2020 en todos los ámbitos (nacional, urbano y rural), con un crecimiento más notorio en las zonas rurales. Esto refleja que, aunque el acceso a la conectividad está mejorando, las diferencias en la infraestructura digital entre zonas urbanas y rurales siguen siendo un desafío crítico (Gráfico 4).

La persistencia de la brecha digital tiene implicaciones profundas en el entorno socioeconómico, especialmente en términos de educación, empleo y acceso a oportunidades económicas (Martínez-Domínguez, 2020). En las zonas rurales, el acceso limitado a internet restringe la posibilidad de recibir educación en línea, reducir costos en negocios mediante digitalización o acceder a empleos remotos, lo que amplía la desigualdad con respecto a las ciudades. Además, las empresas y trabajadores en áreas urbanas pueden adaptarse más rápido a la transformación digital y a la automatización, generando un desarrollo económico desigual entre regiones (Reyes & Carvajal, 2020).

Identificar y comprender las tendencias tecnológicas actuales es fundamental para anticipar su impacto en el entorno socioeconómico. A continuación, se destacan algunas de las tendencias más influyentes.

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

La IA y el aprendizaje automático han revolucionado diversos sectores, desde la medicina hasta las finanzas. Estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y tomar decisiones informadas, mejorando la eficiencia y la precisión en múltiples aplicaciones (Douglas, 2025).

Internet de las Cosas (IoT)

El IoT se refiere a la interconexión de dispositivos a través de internet, permitiendo la comunicación y el intercambio de datos entre ellos. Esta tecnología ha facilitado el desarrollo de ciudades inteligentes, hogares conectados y sistemas industriales automatizados, mejorando la calidad de vida y optimizando recursos (World Economic Forum, 2023).​ La infografìa a continuación (Infografía 1), presenta conceptos fundamentales respecto al IoT.

Así, un claro ejemplo de una ciudad inteligente que ha integrado el Internet de las Cosas en su infraestructura es Zúrich, Suiza. Esta ciudad ha desarrollado diversas soluciones tecnológicas para optimizar la administración urbana y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Entre sus iniciativas destaca un sistema de transporte público inteligente, el cual, a través de sensores y análisis de datos en tiempo real, ajusta las rutas y horarios de los vehículos para reducir tiempos de espera y aumentar la eficiencia energética. Asimismo, Zúrich ha implementado un sistema de iluminación pública adaptativa, que regula la intensidad de las luces según la presencia de peatones, lo que contribuye a la reducción del consumo energético y al aumento de la seguridad en las calles (Thales Group, 2022).

Para profundizar más al respecto, se recomienda leer el artículo El IoT y las ciudades inteligentes seguras y sostenibles elaborado por Thales Group, una empresa multinacional de economía mixta francesa especializada en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeronáutica, seguridad y transporte. El artículo cómo la integración del IoT en las ciudades está revolucionando la gestión urbana para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se destaca que, mediante el uso de tecnologías como redes inalámbricas de baja potencia (LPWAN) y soluciones basadas en la nube, las ciudades pueden optimizar servicios esenciales como la distribución de energía, la recolección de residuos y la gestión del tráfico. Por ejemplo, los semáforos inteligentes que ajustan sus ciclos en tiempo real según el flujo vehicular, y los contenedores de basura conectados que notifican cuando necesitan ser vaciados, son ilustraciones de cómo el IoT contribuye a la eficiencia y sostenibilidad urbanas.

Tecnologías Sostenibles

La creciente preocupación por el medio ambiente ha impulsado el desarrollo de tecnologías sostenibles diseñadas para minimizar el impacto ecológico y promover un uso eficiente de los recursos naturales (Acosta et al., 2013). Entre estas tecnologías, las energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa destacan por su capacidad para generar electricidad sin agotar recursos ni emitir gases de efecto invernadero en cantidades significativas. Estas fuentes de energía, al ser abundantes y renovables, ofrecen una alternativa viable a los combustibles fósiles, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y al combate contra el cambio climático.

Además, la implementación de prácticas de eficiencia energética en diversos sectores busca optimizar el consumo de energía, reduciendo el desperdicio y mejorando el rendimiento de los sistemas (ONUDI, 2021). Un ejemplo práctico de acciones que promueven la eficiencia energética es el uso de electrodomésticos ambientalmente sostenibles. El gráfico a continuación (Gráfico 6), representa una típica escala de eficiencia energética en los electrodomésticos.

La clasificación del consumo de energía de diferentes dispositivos y electrodomésticos se divide en siete niveles, donde A+++ indica el mayor nivel de eficiencia energética, con un consumo inferior al 55% de la media, mientras que D representa los dispositivos menos eficientes, con un consumo superior al 125% de la media. Los niveles A++, A+ y A corresponden a aparatos de bajo consumo, mientras que B y C se encuentran en un consumo medio o ligeramente superior. Este sistema permite a los consumidores tomar decisiones informadas para reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, promoviendo el uso de tecnologías sostenibles y optimización de recursos (Certificados energéticos Castellón, 2018).

La pobreza y la desigualdad son problemas persistentes que afectan a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances económicos y tecnológicos, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo significativa y, en algunos casos, se ha ampliado (CEPAL, 2022). Abordar estos desafíos requiere una comprensión profunda de sus causas y la implementación de políticas públicas efectivas en diferentes niveles.

Como hemos venido analizando, la relación entre crecimiento económico, empleo y bienestar social es clave. En el caso de América Latina y el Caribe, el año 2023 fue particularmente desafiante. El crecimiento económico de la región fue bastante limitado, lo que afectó directamente la capacidad de los países para generar empleo de calidad y confrontar los principales desafíos de la desigualdad. Como se presenta en el gráfico a continuación (Gráfico 1), se presenta la evolución del índice de Gini en América Latina, basado en datos de 14 países entre 2014 y 2023.

Como revisamos en clases anteriores, el índice de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso: un valor de 0 representa igualdad total y un valor de 1 indica desigualdad extrema. Como podemos observar, aunque ha habido una leve tendencia a la baja desde 2014 (cuando el índice era de 0,471), la desigualdad se ha mantenido alta y relativamente estable, cerrando en 0,452 en 2023. Esto indica que, a pesar de algunos avances, los niveles de desigualdad siguen siendo elevados en la región CEPAL, 2024).

Así, la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad son objetivos centrales en la agenda global del desarrollo sostenible. Sin embargo, alcanzar estos objetivos presenta múltiples desafíos que requieren una comprensión profunda de sus causas y la implementación de estrategias integrales. A continuación, se analizan los principales desafíos en este ámbito:

Desigualdad estructural y exclusión social

Las altas tasas de desigualdad en el Ecuador, así como en América Latina (Gráfico 1), no solo afectan a individuos de forma aislada, sino que se reproducen de generación en generación, limitando el desarrollo de comunidades enteras (Urquijo, 2014). En América Latina, por ejemplo, se observa que las personas que nacen en hogares pobres tienen muchas menos probabilidades de acceder a una universidad, conseguir un empleo bien remunerado o salir de la pobreza. Esta situación se agrava en grupos históricamente marginados, como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes o quienes viven en zonas rurales. La falta de movilidad social se convierte así en un obstáculo estructural para el desarrollo equitativo.

Así por ejemplo, refiriéndonos específicamente a la educación como un ejemplo de exclusión social, bajas tasas de escolaridad usualmente están ligadas a altos procesos de exclusión social (Torres, 2018). En el Ecuador, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Ministerio de Educación (2023), aunque la tasa de abandono escolar ha disminuido significativamente —de un 5,61% en 2011-2012 a un 2,11% en 2021-2022—, la reducción sostenida en el número total de estudiantes es preocupante. Esta caída podría estar relacionada con factores como la migración, la pobreza o la falta de condiciones para acceder y permanecer en el sistema educativo, especialmente durante y después de la pandemia. Esta situación agrava la exclusión social, ya que la educación es una de las principales herramientas para romper los ciclos de pobreza y desigualdad; sin acceso a ella, miles de niños y jóvenes quedan al margen de oportunidades laborales y sociales en el futuro (Gráfico 2).

Brechas de género

La desigualdad de género está estrechamente relacionada con la pobreza, ya que limita el acceso de mujeres y niñas a recursos fundamentales como la educación, el empleo digno, la salud y la participación política (CEPAL, 2021). Esta situación no solo refleja una profunda injusticia social, sino que también impide el desarrollo pleno de las capacidades de la mitad de la población. Cuando a las mujeres se les niegan oportunidades de crecimiento personal y profesional, se generan condiciones que refuerzan la pobreza tanto a nivel individual como comunitario, afectando también el progreso económico de los países.

En el caso de Ecuador, esta realidad se refleja en varios indicadores. Según datos del INEC, las mujeres tienen mayores tasas de desempleo y subempleo que los hombres, y una brecha salarial persistente. Además, muchas mujeres enfrentan dobles jornadas, combinando trabajo remunerado con labores de cuidado no pagadas en el hogar, lo cual limita su autonomía económica. La infografía a continuación (Infografía 1) presenta información relevante realizada a la violencia de género.

Para desagregar mejor este tema, se recomienda leer la “Ley Orgánica para impulsar la Economía Violeta” que tiene como finalidad promover condiciones equitativas entre mujeres y hombres en el entorno laboral y económico del Ecuador. Esta normativa establece acciones orientadas a disminuir las desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres, tales como la brecha salarial y la limitada representación en cargos directivos. Para ello, se propone implementar planes de igualdad en instituciones públicas y privadas, así como fomentar políticas internas que garanticen ambientes laborales libres de discriminación de género. A través de estas medidas, se busca ampliar las oportunidades de participación femenina en la economía, fortalecer su autonomía y contribuir a una sociedad más inclusiva y justa.

Acceso limitado a servicios básicos

Al revisar los datos de Pobreza por Necesidades Insatisfechas (NBI), se observa que la pobreza es consistentemente más alta en las zonas rurales en comparación con las urbanas a lo largo de todo el período (2008-2024) (Gráfico 3). Aunque ambas muestran una tendencia general a la baja, la brecha entre ambas zonas sigue siendo significativa. En 2024, por ejemplo, mientras que en áreas urbanas la tasa de pobreza fue de 23,8%, en las zonas rurales alcanzó un 50,8%, más del doble. Este contraste evidencia una desigualdad territorial persistente, donde las condiciones de vida y acceso a servicios básicos siguen siendo más limitadas para la población rural, profundizando la exclusión social y económica.

Gráfico 3.

Evolución de la Pobreza por Necesidades Insatisfechas

El acceso a servicios básicos como salud, agua potable y vivienda digna es esencial para reducir las brechas sociales, ya que garantiza condiciones mínimas para el desarrollo humano (Banco Mundial, 2023). Sin estos recursos, millones de personas quedan atrapadas en ciclos de pobreza que se reproducen generacionalmente. Mejorar el acceso equitativo a estos servicios es una vía directa para combatir la desigualdad estructural. Como el Banco Mundial (2023), la garantía de derechos sociales universales es clave para construir sociedades más inclusivas y cohesionadas.

Altas tasas de desempleo juvenil

El desempleo juvenil es uno de los desafíos más urgentes en la lucha contra la desigualdad, ya que limita el acceso de los jóvenes a ingresos estables, seguridad social y desarrollo profesional (OIT, 2022). En Ecuador, este problema afecta de manera particular a quienes recién terminan el colegio o la universidad y no logran insertarse en el mercado laboral formal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2023 la tasa de desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años fue de aproximadamente 9,6%, el doble de la tasa general de desempleo del país. Esta situación no solo retrasa su autonomía económica, sino que incrementa su vulnerabilidad a la pobreza y a condiciones de empleo precarias, como el subempleo o la informalidad (INEC, 2023).

Además, esta problemática tiene efectos de largo plazo, ya que muchos jóvenes que enfrentan desempleo prolongado tienden a aceptar trabajos mal remunerados o inestables, lo que limita su capacidad de mejorar su calidad de vida.

A continuación, revisaremos las principales políticas públicas que buscan hacerte frente a algunos de estos desafíos.

Los programas de transferencias monetarias son una herramienta clave de política social orientada a mitigar la pobreza, a través de la entrega directa de recursos económicos a personas o familias en situación de vulnerabilidad (Banco Mundial, 2023). Estos apoyos pueden establecer requisitos específicos para los beneficiarios, como condiciones relacionadas con la salud o la educación, con el objetivo de fomentar el acceso a derechos básicos.

En el caso de Ecuador, existen seis tipos de transferencias monetarias implementadas por el Estado. Una de las más conocidas es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), una transferencia mensual dirigida a familias en condiciones de pobreza extrema, donde se prioriza a las mujeres como jefas de hogar o responsables principales de la economía familiar. Adicionalmente, el BDH cuenta con un componente variable que incrementa el monto de acuerdo con la cantidad de hijos menores de edad en el hogar (Grupo FARO, 2020).

Adicionalmente, durante la pandemia de COVID-19, el Estado implementó el Bono de Protección Familiar por Emergencia (MIES, 2021), una ayuda temporal destinada a los hogares más afectados por la crisis sanitaria y económica. En su primera fase, se identificó que el 88% de quienes recibieron este apoyo fueron mujeres, reflejando la carga desproporcionada que la crisis representó para ellas. Finalmente, también se han analizado estas transferencias en el contexto regional, destacando su papel en la respuesta frente a crisis económicas y sociales en América Latina.

En América Latina y el Caribe, los esfuerzos regionales para enfrentar la pobreza y la desigualdad han estado guiados por propuestas de organismos como la CEPAL (CEPAL, 2022). Esta entidad ha resaltado la necesidad de intervenir sobre las raíces profundas de la exclusión social, como la concentración de ingresos, las desigualdades de género y la falta de acceso equitativo a oportunidades. Un ejemplo concreto de estas políticas es el impulso a la generación de empleo formal y la mejora de condiciones laborales, promoviendo la adopción de salarios mínimos adecuados y la protección de los derechos laborales, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Otro pilar importante en la agenda regional ha sido la ampliación de la cobertura de programas de protección social (OIT, 2022). En Brasil, por ejemplo, iniciativas como Bolsa Família y su versión actualizada, Auxílio Brasil, han tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza extrema, combinando asistencia económica con incentivos para la educación y la salud infantil (UNICEF, 2022). De igual forma, se ha promovido en la región la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, como la educación y la salud, como condiciones básicas para reducir las brechas sociales. Estas acciones apuntan no solo a aliviar necesidades inmediatas, sino también a construir sociedades más igualitarias y resilientes en el largo plazo.

Para reflexionar mejor sobre las políticas y desafíos más representativos respecto a pobreza y desigualdad en América Latina, se recomienda ver el video “Pandemia y desigualdades en América Latina”, en él se aborda cómo la crisis sanitaria de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades preexistentes en la región. Se destaca que, antes de la pandemia, América Latina ya era una de las regiones más desiguales del mundo, y la emergencia sanitaria profundizó estas brechas, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.​ El video resalta la importancia de implementar políticas públicas que aborden tanto la emergencia sanitaria como las desigualdades estructurales. Se enfatiza la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y educación, y promover la inclusión laboral, especialmente para aquellos sectores más afectados por la crisis.

Finalmente, en lo relacionado con la erradicación de la pobreza y desigualdad a nivel mundial, el marco referencial internacional más importante son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La infografía a continuación (Infografía 3), destaca los esfuerzos por alcanzar el ODS 1 —que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas— Por ejemplo, desde la entrega del Bono de Desarrollo Humano a más de 620.000 personas, hasta el apoyo específico a adultos mayores, mujeres gestantes, niños menores de dos años, y jóvenes en situación de riesgo, estas acciones reflejan cómo las políticas públicas bien enfocadas pueden marcar la diferencia en la reducción de la pobreza.

La erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad no son tareas imposibles, pero requieren voluntad política, planificación integral y una mirada inclusiva que priorice a quienes más lo necesitan.

El cambio climático representa uno de los desafíos más críticos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Se manifiesta a través de fenómenos como el aumento de las temperaturas globales, el deshielo de los glaciares, la elevación del nivel del mar y la intensificación de eventos climáticos extremos (Naciones Unidas, 2024b). Estos cambios no solo afectan al medio ambiente, sino que también tienen repercusiones económicas, sociales y políticas que exacerban las desigualdades existentes y ponen en riesgo la estabilidad de diversas regiones del mundo. El cambio climático plantea múltiples desafíos que requieren una comprensión integral y una acción coordinada a nivel global. A continuación, se detallan algunos de los principales retos:

Impacto en los ecosistemas y la biodiversidad

El aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de precipitación afectan directamente a los ecosistemas (IPCC, 2022). Especies animales y vegetales enfrentan dificultades para adaptarse a cambios rápidos en su hábitat, lo que puede conducir a extinciones masivas. Por ejemplo, la Antártida ha experimentado fenómenos como la "nieve rosa", causada por la proliferación de microalgas que reducen el albedo de la nieve, acelerando el deshielo (El País, 2020). Este fenómeno no solo altera el ecosistema local, sino que también tiene implicaciones globales debido al aumento del nivel del mar.

Para explorar mejor el impacto del cambio climático en los ecosistemas y la biodiversidad, se invita a ver el video documental Cambio climático en Latinoamérica: ¿cuáles serán sus efectos? En él se abordan temas relacionados con cómo el calentamiento global impacta en los ecosistemas y la biodiversidad de la región. Se destacan fenómenos como el aumento de las temperaturas, alteraciones en los patrones de precipitación y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, que afectan directamente a diversos hábitats naturales. Estos cambios ponen en riesgo a numerosas especies, especialmente aquellas que ya se encuentran en peligro de extinción o que tienen una distribución geográfica limitada.​

Además, el video resalta que la pérdida de biodiversidad no solo tiene consecuencias ecológicas, sino también socioeconómicas, ya que muchas comunidades dependen de los servicios ecosistémicos para su sustento. Por ejemplo, la degradación de bosques y selvas puede afectar la disponibilidad de recursos como alimentos, medicinas y materiales de construcción, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones locales. El video enfatiza la urgencia de implementar políticas de conservación y estrategias de adaptación para mitigar estos impactos y proteger la riqueza natural de Latinoamérica.​

En ese sentido, es importante contextualizar también cómo la población percibe los desafíos ambientales para entender cuál es su percepción al respecto. En una encuesta nacional realizada por WWF Colombia, se consultó a ciudadanos de diferentes regiones sobre su opinión frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Los resultados muestran una preocupación significativa: el 70 % considera que el cambio climático es una de las principales crisis que enfrenta la humanidad, mientras que el 80 % opina que la biodiversidad del país se encuentra en estado regular o crítico. Estos datos son especialmente relevantes en un país vecino como Colombia, que, al igual que Ecuador, alberga una de las mayores riquezas biológicas del planeta (Gráfico 1).

Seguridad alimentaria y recursos hídricos

Las alteraciones climáticas afectan la producción agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Sequías prolongadas, inundaciones y cambios en las estaciones de cultivo pueden disminuir la disponibilidad de alimentos (FAO, 2021). Además, la disponibilidad de agua dulce se ve comprometida, afectando tanto al consumo humano como a la agricultura y la industria. En ese sentido, la infografía a continuación (Infografía 1) revela la grave situación mundial en cuanto al acceso al agua potable y al saneamiento, un problema que se agrava frente a los efectos del cambio climático. Antes de la pandemia, más de 2.200 millones de personas carecían de acceso a agua segura y 4.200 millones no contaban con servicios de saneamiento adecuados (Naciones Unidas, 2024).

La pandemia por COVID-19 evidenció aún más esta crisis: 3.000 millones de personas no tenían instalaciones básicas para lavarse las manos, una de las principales medidas de prevención. Además, se advierte que para el año 2030, la escasez de agua podría obligar a 700 millones de personas a desplazarse, convirtiéndose en un factor de migración climática. Todo esto demuestra que garantizar el acceso al agua y al saneamiento no solo es un derecho básico, sino también una prioridad urgente ante los desafíos del cambio climático.

Es importante enfatizar que el agua cumple un papel central en la sostenibilidad del planeta y es esencial para múltiples aspectos de la vida humana, como el desarrollo económico, la generación de energía, la seguridad alimentaria, la preservación de los ecosistemas y, en general, la salud y bienestar de las personas. También desempeña un rol clave en las estrategias de adaptación al cambio climático, actuando como un nexo fundamental entre el entorno natural y las necesidades sociales (IPCC, 2022).

Salud humana

El cambio climático influye en la propagación de enfermedades (OMS, 2021). El aumento de temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia crean condiciones propicias para vectores como mosquitos, incrementando la incidencia de enfermedades como el dengue, la malaria y el zika. Además, las olas de calor extremo representan riesgos directos para la salud, especialmente para poblaciones vulnerables como niños y ancianos (IPCC, 2022). La infografía a continuación (Infografía 2), sintetiza los principales efectos del cambio climático en la salud humana.

Nota.La infografía explica de forma clara cómo el cambio climático impacta directamente en la salud humana en distintos niveles. A nivel físico, fenómenos como las olas de calor y la contaminación del agua aumentan enfermedades respiratorias, gastrointestinales y alérgicas. Por ejemplo, durante épocas de sequía, muchas comunidades enfrentan escasez de agua potable, lo que eleva el riesgo de infecciones. En el aspecto mental, el estrés provocado por desastres naturales, como inundaciones o incendios forestales, puede generar ansiedad, depresión o trastornos postraumáticos, especialmente en personas desplazadas o en situación de vulnerabilidad (OMS, 2021).

Además, el cambio climático también tiene consecuencias sobre la salud comunitaria. El aumento de eventos extremos como huracanes o pérdida de medios de vida puede generar tensiones sociales, incremento de violencia y ruptura del tejido social, especialmente en zonas afectadas por pobreza.

Migraciones y conflictos

La degradación ambiental y la pérdida de medios de vida debido al cambio climático pueden forzar a comunidades enteras a desplazarse, generando migraciones masivas (OIM, 2021). Estas migraciones, a su vez, pueden provocar tensiones y conflictos en las regiones receptoras, exacerbando problemas sociales y económicos. La escasez de recursos, como el agua, puede ser un detonante de conflictos entre comunidades o incluso entre países. El gráfico a continuación (Gráfico 2), presenta los resultados de una encuesta realizada por Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre el clima y cambio climático. En el gráfico se muestra el porcentaje de personas en distintos países de América Latina que consideran que podrían migrar debido a los efectos del cambio climático.

Nota.Tomado de Ideas de migración en América Latina por el cambio climático (Coordenadas Mundiales, 2024).

A continuación, revisaremos las principales políticas y acuerdos globales para mitigar el cambio climático.

Ante la magnitud del desafío que representa el cambio climático, la comunidad internacional ha establecido diversas políticas y acuerdos con el objetivo de mitigar sus efectos y promover la adaptación. A continuación, se destacan algunos de los más relevantes:​

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un tratado internacional adoptado en 1992, durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Su objetivo principal es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, para evitar interferencias peligrosas en el sistema climático causadas por la actividad humana. Este acuerdo establece un marco general de cooperación internacional para abordar el cambio climático, promoviendo acciones colectivas de mitigación, adaptación y transferencia de tecnología entre países desarrollados y en desarrollo.

La CMNUCC reconoce que, aunque el cambio climático es un problema global, no todos los países tienen la misma responsabilidad ni capacidades para enfrentarlo (Naciones Unidas, 2021). Por eso, introduce el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, Desde su creación, esta convención ha sido la base para el desarrollo de otros acuerdos clave, como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, consolidándose como el eje de la gobernanza climática internacional.

Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional adoptado en 1997, bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su entrada en vigor se dio en 2005 y marcó un hito al ser el primer instrumento legalmente vinculante que exigía a los países industrializados reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Su meta principal fue que estas naciones disminuyeran sus emisiones en al menos un 5 % respecto a los niveles de 1990, durante el primer período de compromiso comprendido entre 2008 y 2012 (Naciones Unidas, 2023).

A través de este tratado, se reconoció la responsabilidad histórica de los países más desarrollados en el calentamiento global y se promovieron mecanismos como el comercio de emisiones y proyectos de desarrollo limpio.

Nota. Tomado de Consideraciones Protocolo de Kioto (IPCC, 2022). Elaboración propia.

Acuerdo de París

El Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, representa un hito en la cooperación internacional frente al cambio climático (CMNUCC, 2015). Este tratado establece un compromiso jurídicamente vinculante, cuyo objetivo principal es contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y esforzarse por limitarlo a 1,5 °C, con el fin de reducir los riesgos e impactos asociados al calentamiento del planeta.

A diferencia del Protocolo de Kioto, que establecía obligaciones únicamente para los países desarrollados, el Acuerdo de París involucra a todas las naciones, independientemente de su nivel de desarrollo. Cada país debe presentar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son planes voluntarios para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Estas contribuciones deben ser actualizadas cada cinco años, aumentando progresivamente en ambición y alcance, con base en los avances tecnológicos, científicos y financieros disponibles (Naciones Unidas, 2021). Además, el acuerdo promueve la cooperación entre países, la transferencia de tecnologías limpias y el apoyo financiero a las naciones en desarrollo, para facilitar la implementación de sus compromisos.

La infografía a continuación presenta definiciones importantes relacionadas al Acuerdo de París.

Nota. Tomado de Clementi et al., 2020

Para desagregar mejor los conceptos y alcances del Protocolo de Kioto y Acuerdo de París, se recomienda ver el video documental Kioto y París: Los tratados clave en la lucha global contra el cambio climático. El documental analiza dos acuerdos fundamentales en la política climática internacional. El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, fue el primer compromiso vinculante que exigió a los países desarrollados reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio del 5,2% respecto a los niveles de 1990, durante el período 2008-2012. Posteriormente, en 2015, se estableció el Acuerdo de París, que involucró a todas las naciones en el esfuerzo por limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación con los niveles preindustriales.

Este acuerdo introdujo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), donde cada país presenta sus planes de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Ambos tratados reflejan la evolución de la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático, destacando la creciente urgencia y el reconocimiento de la responsabilidad compartida en la protección del medio ambiente.

Conferencia de las Partes (COP)

Es el órgano supremo de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de una reunión anual donde representantes de casi todos los países del mundo negocian y acuerdan medidas para enfrentar el cambio climático, revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y promover nuevas acciones en favor del medio ambiente. Cada COP permite evaluar el progreso global y fortalecer la cooperación internacional en temas como reducción de emisiones, financiamiento climático, adaptación y transferencia tecnológica (CMNUCC, 2015). La infografía a continuación presenta información clave sobre la COP (Infografía 4).

Nota. Tomado de (COP), 2024, PNUD.

La revolución digital ha generado un sinfín de oportunidades, pero también plantea retos significativos. La adopción de tecnologías avanzadas puede impulsar la eficiencia y abrir nuevos mercados, pero también puede provocar desplazamientos laborales y aumentar la desigualdad si no se gestiona adecuadamente. Es esencial comprender cómo equilibrar estos aspectos para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible.

Así, la revolución digital, también llamada cuarta revolución industrial, ha transformado rápidamente las estructuras productivas y sociales en el mundo (Schwab, 2017). A través de la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la automatización y el big data, las economías han encontrado nuevas formas de generar valor. Estas innovaciones no solo han permitido optimizar procesos, reducir tiempos y costos, y mejorar la calidad de bienes y servicios, sino que han abierto la posibilidad de crear nuevos modelos de negocio, más dinámicos y adaptados al entorno digital (World Economic Forum, 2016).

El gráfico a continuación (Gráfico 1) muestra cómo han evolucionado las revoluciones industriales a lo largo del tiempo, destacando los principales cambios tecnológicos en cada etapa. Desde finales del siglo XVIII, con la introducción de la mecanización y el uso de la energía a vapor (Industria 1.0), pasando por la producción en masa gracias a la electricidad (Industria 2.0), y luego por la automatización basada en computadoras y electrónica (Industria 3.0), hasta llegar al momento actual con sistemas interconectados, inteligencia artificial y el internet de las cosas (Industria 4.0). Esta transformación no solo ha cambiado la forma de producir, sino también la estructura del empleo, la educación y las relaciones sociales. Hoy enfrentamos el desafío de adaptarnos a tecnologías cada vez más complejas, que, si bien ofrecen grandes oportunidades, también pueden acentuar las desigualdades si no se abordan con políticas públicas inclusivas. Por eso, es fundamental entender este proceso como una oportunidad de transformación responsable y equitativa.

Nota. Tomado de Evolución tecnológica (Ponce, 2019).

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este avance tecnológico no es neutral en términos sociales ni económicos. Uno de los principales retos que plantea es el desplazamiento de ciertos tipos de empleo, especialmente aquellos que implican tareas rutinarias, repetitivas o fácilmente automatizables. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2024) advierte que sectores como la manufactura, el comercio y el transporte son particularmente vulnerables a la automatización, lo que puede provocar pérdida de empleos si los países no preparan adecuadamente a su fuerza laboral.

Para profundizar mejor sobre este tema, se invita a ver el video reportaje “¿Los robots nos quitarán el trabajo?”. En el reportaje, se explora el impacto de la automatización en el mercado laboral, analizando cómo la incorporación de robots y tecnologías avanzadas está transformando diversos sectores económicos. Se discuten tanto los beneficios, como el aumento de la eficiencia y la reducción de costos, como los desafíos, incluyendo el desplazamiento de trabajadores y la necesidad de adquirir nuevas habilidades. Este contenido es relevante para comprender las dinámicas actuales del empleo y la importancia de la capacitación continua en un entorno laboral en constante evolución.

Ante este panorama, los gobiernos y las sociedades tienen el desafío de encontrar un equilibrio entre impulsar la innovación tecnológica y garantizar que sus beneficios lleguen a todos. Esto implica, por un lado, diseñar políticas públicas que fomenten el emprendimiento, la investigación científica y la inversión en tecnología; y, por otro lado, asegurar que existan programas de capacitación, reconversión laboral y protección social para quienes enfrentan los impactos negativos del cambio. Según la CEPAL, (2022), la digitalización debe estar acompañada de una transición justa que no deje a nadie atrás.

En la actualidad, la automatización y la inteligencia artificial (IA) están reconfigurando rápidamente el mundo del trabajo. Máquinas y sistemas inteligentes realizan tareas que antes eran exclusivas de los seres humanos, especialmente aquellas que son repetitivas o predecibles, como el ensamblaje en fábricas o el manejo de datos básicos en oficinas. Estas tecnologías tienen el potencial de mejorar la eficiencia, reducir costos operativos y aumentar la productividad de las empresas, lo que representa una ventaja importante en un entorno competitivo global (Deloitte, 2018).

Así, por ejemplo, al comparar la inversión en nuevas tecnologías en relación con la cantidad de horas trabajadas en cinco países, entre dos periodos: 1995-2000 y 2010-2016, se observa que Estados Unidos lidera ampliamente en ambos periodos, con un incremento notable en la última etapa, lo que indica una mayor incorporación de tecnologías por hora de trabajo. Francia y Alemania mantienen niveles similares entre sí, aunque con un crecimiento más moderado. España y el Reino Unido, por su parte, muestran valores más bajos, especialmente en el primer periodo, aunque también presentan avances. Esta información sugiere que el ritmo de adopción tecnológica varía entre economías, lo que puede influir en su productividad, competitividad y en la forma en que enfrentan los desafíos del cambio tecnológico (Gráfico 2).

Nota. Tomado de (Executive Excellence, 2018)

No obstante, el avance acelerado de la tecnología también genera preocupaciones legítimas. Una de las principales es el riesgo de pérdida de empleos para los trabajadores cuyas tareas pueden ser automatizadas. Brynjolfsson y McAfee (2011) señalan que la tecnología está evolucionando más rápido que la capacidad de adaptación de muchas personas, lo que puede generar una creciente desigualdad entre quienes logran integrarse al nuevo entorno digital y quienes quedan rezagados. Esta situación no solo afecta a los trabajadores con menor formación, sino también a sectores de clase media que antes se consideraban estables. El gráfico a continuación (Gráfico 3), presenta los empleos con más alto riesgo de desaparecer entre 2025 y 2030 en todo el mundo.

Nota. Tomado de (Forbes México, 2023)

Ante este panorama, es urgente que los gobiernos, las empresas y las instituciones educativas implementen estrategias efectivas para preparar a las personas ante los cambios que se avecinan. Las políticas de formación continua (Infografía 1), la actualización de competencias y los programas de reconversión laboral son herramientas clave para reducir el impacto negativo de la automatización. Se trata no solo de proteger los empleos existentes, sino de capacitar a la población para aprovechar las nuevas oportunidades que también genera la transformación tecnológica, como los empleos en ciencia de datos, programación, mantenimiento de sistemas automatizados, y otras áreas emergentes del conocimiento digital.

Nota. Tomado de (Universidad Continental, 2023)

La brecha digital es una forma moderna de desigualdad que se manifiesta en el acceso limitado, o incluso inexistente, a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (CEPAL, 2021). Esta desigualdad no solo implica no tener un dispositivo o conexión a internet, sino también la falta de habilidades para usar esas herramientas de manera efectiva. En un mundo cada vez más digitalizado, estar excluido de este entorno puede significar una gran desventaja en términos de oportunidades laborales, educativas y sociales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la brecha digital refleja y reproduce otras formas de exclusión que ya existen en nuestras sociedades (CEPAL, 2021).

Los factores que explican la brecha digital son múltiples. Por un lado, las condiciones económicas limitan el acceso a dispositivos, internet de calidad o formación tecnológica. Por otro, existen diferencias territoriales, como el menor acceso en zonas rurales respecto a las urbanas. También influyen variables como el nivel educativo, la edad y el género. Por ejemplo, las personas mayores, las mujeres en contextos vulnerables o quienes viven en comunidades alejadas tienen más probabilidades de quedar al margen del mundo digital. Esta desigualdad digital afecta la posibilidad de participar plenamente en la vida social, económica y política (UNESCO, 2020).

Para profundizar mejor este tema, se recomienda ver el video de la “Entrevista a Mauricio Agudelo, Ejecutivo Principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica De Infraestructura de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina”. En el video, se analiza la brecha digital en la región, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que esta presenta. Señala que, aunque América Latina ha avanzado en la adopción de tecnologías digitales, aún persisten desigualdades significativas en el acceso y uso de estas herramientas. Agudelo enfatiza la necesidad de desarrollar una industria digital robusta que permita a la región equipararse con países más avanzados y, al mismo tiempo, garantizar un acceso universal que contribuya a la igualdad de oportunidades para todos los latinoamericanos. Esta entrevista es relevante para comprender las dinámicas actuales de la transformación digital en América Latina y las estrategias necesarias para cerrar la brecha digital en la región.​

Por otra parte, el impacto de la brecha digital en el mercado laboral es significativo. Hoy en día, muchas ofertas de empleo requieren habilidades digitales básicas como el manejo de herramientas de oficina, navegación por internet, correo electrónico o incluso uso de plataformas colaborativas. Quienes no poseen estas competencias corren el riesgo de quedar excluidos de trabajos formales, o de ser relegados a empleos de baja productividad y escasa remuneración. Además, esta brecha limita el acceso a servicios públicos y privados que ya migraron al entorno digital, como la educación en línea, trámites gubernamentales o la banca electrónica (OCDE, 2021).

El gráfico a continuación (Gráfico 5), muestra las brechas de conectividad a internet móvil en cinco países de América Latina durante 2021, diferenciando entre personas conectadas, brecha de uso (personas que viven en zonas con cobertura, pero no utilizan internet) y brecha de cobertura (zonas sin acceso). Se observa que países como Argentina y Costa Rica presentan un mayor porcentaje de población conectada (73% y 66%, respectivamente), mientras que Ecuador tiene el porcentaje más bajo (46%), junto con una alta brecha de uso (49%). A nivel regional, el 62% de la población está conectada, pero aún persiste un 31% que no usa internet a pesar de tener cobertura, y un 7% que vive en zonas sin cobertura. Estos datos evidencian que la brecha digital en América Latina no se debe únicamente a la falta de infraestructura, sino también a factores como el costo, la falta de habilidades digitales o la percepción de la utilidad del servicio. Superar estas brechas es clave para lograr una inclusión digital efectiva y equitativa en la región.

Nota. Tomado de (Becerra, 2023)

La digitalización representa una oportunidad clave para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. A través de tecnologías como el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real, es posible gestionar de manera más eficiente el uso de recursos naturales, como el agua y la energía. Por ejemplo, en ciudades como Ámsterdam o Singapur, se utilizan sensores inteligentes para regular el consumo energético de edificios, reducir el tráfico vehicular y mejorar la recolección de residuos, lo que contribuye significativamente a disminuir la huella ambiental urbana (World Economic Forum, 2022).

Además, la digitalización permite a las empresas adoptar prácticas más sostenibles mediante la automatización de procesos, la trazabilidad de sus cadenas de suministro y la toma de decisiones basada en datos. En el sector agrícola, por ejemplo, el uso de drones y plataformas digitales ayuda a optimizar el riego y el uso de fertilizantes, reduciendo el impacto ambiental y mejorando el rendimiento. Este tipo de transformaciones pueden impulsar una economía más circular y eficiente, si se aplican con criterios éticos y sociales (CEPAL, 2020).

La infografía a continuación (infografía 2), presenta cómo la transformación digital está impactando cada etapa del proceso productivo, desde la adquisición de insumos hasta la distribución de productos finales. Esta integración tecnológica permite optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia, lo cual es especialmente importante en un contexto donde la sostenibilidad y la seguridad alimentaria son prioridades globales. Herramientas como los sistemas de información geográfica, la analítica avanzada y la automatización no solo modernizan el agro, sino que también abren oportunidades para pequeños y medianos productores que acceden a nuevos mercados y reducen costos.

Nota. Tomado de (Reyes, 2023)

Sin embargo, no todo lo digital es automáticamente “verde”. El crecimiento acelerado del uso de tecnologías también genera nuevos desafíos ambientales. El funcionamiento de centros de datos, que son esenciales para almacenar y procesar la información digital, requiere grandes cantidades de energía.

Nota. Tomado de Reemplazo de dispositivos electrónicos y desecho tecnológico (ONU, 2020). Elaboración de autora Andrea Cadena.

Frente a estos retos, es fundamental promover una digitalización responsable y sostenible. Esto implica avanzar en regulaciones que exijan eficiencia energética en infraestructuras digitales, impulsar el diseño de productos tecnológicos duraderos y reciclables, y fomentar el uso de energías limpias en los procesos digitales. También se requiere educación digital con conciencia ambiental, para que tanto consumidores como empresas hagan un uso más consciente de la tecnología. Como señala Sachs (2015), el desarrollo sostenible exige integrar el progreso tecnológico con el respeto por los límites ecológicos del planeta y el bienestar de las generaciones futuras.

La Economía Social y Solidaria (ESS) es un modelo económico que prioriza el bienestar de las personas y el entorno por encima del lucro individual (RIPESS, 2015). Se basa en valores como la solidaridad, la equidad, la justicia y la democracia participativa. A diferencia de los sistemas económicos tradicionales, la ESS busca una distribución más justa de la riqueza y promueve la inclusión social a través de prácticas económicas colaborativas y sostenibles. El gráfico a continuación (Gráfico 1) presenta la visión integral de la economía social y solidaria, destacando que su objetivo principal es el bienestar de las personas y el respeto a la naturaleza, utilizando el dinero y el capital solo como medios, y no como fines.

A través de este enfoque, se busca alcanzar el "buen vivir", un concepto profundamente relacionado con la armonía comunitaria, la equidad y la sostenibilidad y plasmado en la Constitución del Ecuador. El gráfico distingue dos dimensiones complementarias: la economía social, que funciona dentro de la lógica de mercado mediante cooperativas, ahorro, crédito y producción organizada; y la economía solidaria, que se desarrolla fuera del mercado tradicional, a través de prácticas comunitarias como el trueque, el tequio o las ollas comunes. Esta representación ayuda a entender cómo ambas formas promueven relaciones económicas centradas en la colaboración, la reciprocidad y el cuidado mutuo, alejadas de la lógica individualista del lucro.

Nota. Tomado de Economía Social y Solidaria (INAES, 2022). El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) en México es un organismo clave para el fomento y promoción de la ESS

La ESS tiene principios fundamentales. Los principios de la economía social y solidaria son cruciales porque orientan sus prácticas hacia el bienestar colectivo, el respeto por las personas y la sostenibilidad del entorno. A diferencia de los modelos centrados en la acumulación de riqueza, este enfoque promueve la equidad, la cooperación, la autogestión y la participación democrática como pilares de su funcionamiento.

Valores como la solidaridad, la justicia y la transparencia fortalecen el compromiso de las organizaciones con su comunidad y con un desarrollo que prioriza lo humano sobre lo puramente económico. Estos principios permiten construir relaciones económicas más justas e inclusivas, donde las decisiones se toman en conjunto y el trabajo se reconoce como una forma de dignidad, no solo como medio de lucro (Razeto, 2007) (Gráfico 2).

Nota. La Economía Popular y Solidaria (EPS) se basa en valores como solidaridad, justicia y transparencia, priorizando lo humano sobre lo económico para construir relaciones económicas más justas e inclusivas . Tomado de Principios de la Economía Popular y Solidaria (Sorrentino, 2020).

La economía social y solidaria tiene antecedentes históricos en formas tradicionales de organización comunitaria y cooperación mutua que han existido en diversas culturas del mundo (Coraggio, 2011). No obstante, su formulación moderna comenzó a consolidarse en el siglo XIX, particularmente en Europa, a través del surgimiento de cooperativas, mutuales y asociaciones de trabajadores. Estas formas de organización surgieron como respuesta a las condiciones de explotación y desigualdad generadas por la industrialización, y proponían alternativas económicas orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas antes que al beneficio individual (INAES, 2022).

Frente a un modelo tradicional que prioriza el beneficio individual, la economía social, solidaria y colaborativa nos muestra que es posible construir alternativas más humanas y sostenibles. La inclusión de principios como la democracia, la participación libre, y el desarrollo territorial sugiere que el crecimiento económico no tiene por qué estar desvinculado del bienestar colectivo ni del respeto por los recursos naturales. Además, el uso de tecnologías y plataformas colaborativas plantea un horizonte donde la innovación se pone al servicio de la comunidad. En tiempos marcados por la desigualdad y la crisis ambiental, esta propuesta representa una oportunidad para re imaginar nuestras prácticas económicas desde una lógica más justa y consciente (Gráfico 3).

Nota. Tomado de (Cartagena de Leiva, 2020)

En América Latina, la ESS se ha desarrollado como una estrategia de resistencia y transformación social ante las recurrentes crisis económicas, la exclusión social y los límites del modelo capitalista tradicional. En el caso ecuatoriano, las prácticas de economía solidaria tienen raíces profundas en las cosmovisiones indígenas, donde principios como la reciprocidad, la ayuda mutua y el bien común han sido parte esencial de la vida comunitaria. Estas experiencias han nutrido una forma de economía que prioriza la vida digna y el desarrollo local con participación activa de sus miembros (Acosta, 2013).

Nota. Tomado de (RIPESS, 2015). Elaboración propia

A diferencia de la economía capitalista, la lógica de la ESS no está guiada por la maximización de ganancias, sino por valores como la equidad, la inclusión, la justicia social y la sostenibilidad. Según la Red Intercontinental de Promoción de la ESS (RIPESS), este enfoque busca “poner en el centro a las personas y al medio ambiente, antes que, al capital, mediante prácticas económicas transformadoras y comunitarias” (RIPESS, 2015).

Para profundizar y contextualizar mejor estos conceptos, se recomienda ver el video “¿Qué es la economía social y solidaria?”. En él se ofrece una explicación concisa sobre este modelo económico alternativo que prioriza el bienestar de las personas y el entorno sobre la maximización de beneficios. Se destacan sus principios fundamentales, como la solidaridad, la equidad y la democracia participativa, y se ilustran con ejemplos prácticos de cooperativas y asociaciones que operan bajo estos valores en América Latina. El contenido enfatiza cómo la economía social y solidaria busca fomentar una distribución más justa de la riqueza y promover la inclusión social a través de prácticas económicas colaborativas y sostenibles.

Ecuador, al igual que otros países en América Latina, ha incorporado la ESS en su marco legal y constitucional, reconociéndola como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país (Gráfico 5).

Nota. Ecuador, al igual que otros países en América Latina, ha incorporado la ESS en su marco legal y constitucional, reconociéndola como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país. Tomado de ESS en América Latina.

A continuación, se detallan los principales instrumentos normativos ecuatorianos que regulan a la ESS.

Constitución de la República del Ecuador (2008): En su artículo 283, establece que el sistema económico es social y solidario, integrando diversas formas de organización económica, incluyendo la popular y solidaria, que se regularán según la ley e incluirán a sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (2011): Esta ley tiene como objetivo reconocer, fomentar y regular las formas de organización de la economía popular y solidaria, así como establecer las funciones de las entidades públicas responsables de su aplicación. Define las estructuras y mecanismos para el funcionamiento de cooperativas, asociaciones y otras entidades que operan bajo los principios de la ESS (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011).

El gráfico a continuación (Gráfico 6), nos invita a repensar la economía desde una perspectiva integradora, donde convergen los sectores privados, público y popular con una base solidaria. A diferencia de los enfoques que separan lo económico de lo social, aquí se propone un sistema articulado que reconoce el aporte de todos los actores: desde grandes empresas y emprendimientos familiares hasta organizaciones comunitarias y cooperativas.

El espacio "solidario" que une estas esferas sugiere que el desarrollo económico puede y debe estar al servicio de la inclusión, el bienestar colectivo y la justicia social. Esta visión rompe con la lógica tradicional de competencia individualista y destaca el valor de la colaboración, el reconocimiento mutuo y la corresponsabilidad entre sectores para construir una economía más equitativa, diversa y sostenible.

Nota. Tomado de Diagrama del Sistema Económico Social y Solidario en el Ecuador (MIES, 2013).

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria: Este reglamento establece los procedimientos para la aplicación de la ley mencionada, detallando aspectos relacionados con la constitución, estructura y funcionamiento de las organizaciones de la ESS, así como las funciones de las entidades de control y regulación (Presidencia de la República del Ecuador, 2012).

Por otro lado, en lo que a mecanismos de financiamiento concierne, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) desempeña un papel clave en el fortalecimiento de la economía popular y solidaria en el Ecuador, ya que actúa como un mecanismo de financiamiento para organizaciones del sector que tradicionalmente han tenido un acceso limitado al crédito. A través de esta institución, se canalizan recursos a cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y bancos comunales, fomentando la inclusión financiera de sectores vulnerables como pequeños productores, comerciantes y emprendedores populares. De este modo, CONAFIPS no solo facilita el acceso a capital, sino que contribuye al desarrollo local, al impulso del trabajo asociativo y a la consolidación de una economía más justa y solidaria, coherente con los principios promovidos en la Constitución ecuatoriana.

Para entender mejor el rol de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, se invita a ver el video “CONAFIPS Video Institucional”. En él, se destaca su papel esencial en el fortalecimiento de la economía popular y solidaria en Ecuador. A través de testimonios y ejemplos concretos, se muestra cómo CONAFIPS facilita el acceso a financiamiento para cooperativas, asociaciones y emprendimientos comunitarios, promoviendo la inclusión financiera y el desarrollo sostenible en diversas regiones del país. Se enfatiza la importancia de valores como la solidaridad, la equidad y la participación democrática en la construcción de un modelo económico más justo y centrado en las personas. Este enfoque refleja el compromiso de la institucionalidad de las finanzas populares y solidarias con el bienestar colectivo y el impulso de iniciativas que generan impacto positivo en las comunidades ecuatorianas.

Para reflexionar los principales retos y desafíos de la ESS es importante comprender a la ESS desde tres dimensiones: académica, económica-social y movimientos sociales

(Gráfico 7).

Nota. La figura muestra los retos que enfrenta las economía social y solidaria.

Cada una de estas dimensiones cumple un rol esencial y complementario. El sector social agrupa a las organizaciones que operan bajo principios solidarios, como cooperativas, mutuales y asociaciones; el movimiento social articula redes y colectivos que impulsan la transformación del sistema económico; y el campo académico contribuye con la formación, sistematización y producción de conocimiento.

Esta visión integral permite comprender que los retos de la ESS —como el acceso al financiamiento, la profesionalización, la visibilidad o la inserción en mercados— no pueden abordarse desde un solo frente. Se requiere una articulación efectiva entre las prácticas organizativas, la movilización social y la investigación académica, para fortalecer el modelo solidario y responder a los desafíos de manera colectiva y estratégica. Así, a pesar de los avances normativos y del reconocimiento de la ESS en Ecuador, existen varios desafíos que limitan su pleno desarrollo:

Acceso al financiamiento: Uno de los desafíos más persistentes que enfrenta la Economía Social y Solidaria es el acceso limitado a financiamiento adecuado y oportuno. Muchas de sus organizaciones, como cooperativas, asociaciones o emprendimientos comunitarios, encuentran barreras significativas para acceder a créditos, fondos de inversión o líneas de apoyo financiero, especialmente cuando no cuentan con garantías tradicionales o historial crediticio formal. Aunque instituciones como la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias han sido fundamentales para canalizar recursos hacia este sector, sus capacidades aún resultan insuficientes frente a la demanda creciente. Además, el proceso para acceder a estos fondos puede ser complejo y burocrático, lo que desincentiva a muchas iniciativas en etapa temprana o con escasa formación técnica. Por ello, es fundamental fortalecer y diversificar los mecanismos de financiamiento, generar productos financieros específicos para el sector solidario y fomentar alianzas con bancos públicos, privados y organismos de cooperación. Un sistema financiero incluyente y adaptado a la realidad de la ESS permitiría potenciar su impacto social y económico en los territorios más vulnerables.

Capacitación y formación: La profesionalización y el fortalecimiento de capacidades en gestión, administración y aspectos técnicos son esenciales para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones de la ESS. Programas de formación y educación adaptados a las necesidades de estas entidades son fundamentales.

Visibilidad y reconocimiento: Aumentar la conciencia pública sobre el valor y los beneficios de la ESS es crucial. Esto implica promover políticas que incentiven el consumo responsable y la preferencia por productos y servicios ofrecidos por estas organizaciones.

Marco regulatorio y burocracia: Si bien existe una normativa que respalda la ESS, en ocasiones los procesos burocráticos pueden ser complejos, desalentando la formalización y operación de estas entidades. Simplificar trámites y ofrecer asesoría adecuada puede fomentar un entorno más propicio.

Adaptación tecnológica: La transformación digital es un reto y una oportunidad para la ESS. Integrar tecnologías adecuadas puede mejorar la eficiencia, ampliar mercados y fortalecer la comunicación, pero requiere inversión y capacitación.

En esta unidad, exploraremos aún más a profundidad la Economía Social y Solidaria (ESS) en Ecuador, enfocándonos en otras especificaciones de su marco legal y en casos de éxito locales y nacionales. Analizaremos cómo estas iniciativas han contribuido al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades, mencionando, con ejemplos, los casos más destacados.

La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en 2008, establece en su artículo 283 que el sistema económico es social y solidario, reconociendo al ser humano como sujeto y fin, y promoviendo una relación equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Este enfoque tiene como objetivo garantizar las condiciones que posibiliten el Buen Vivir o "Sumak Kawsay" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Como revisamos en la unidad anterior, para regular y fomentar este modelo económico, se promulgó la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) en 2011. Esta ley reconoce, promueve y fortalece las formas de organización económica basadas en la cooperación, la autogestión y la solidaridad, incluyendo cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias. Además, establece el marco jurídico para su constitución, estructura y funcionamiento, y define las entidades públicas responsables de su aplicación y control.

La mencionada ley, en su artículo 4, establece ocho principios que las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria deben cumplir para ser reconocidas como tales. El gráfico a continuación presenta una breve síntesis al respecto (Gráfico 1).

Nota.Principios de la Economía Popular y Solidaria (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016)

Así, los principios de la Economía Popular y Solidaria reflejan una visión profundamente humana y colectiva del desarrollo. Este modelo propone una transformación en la manera de entender la economía, priorizando el bienestar común, la equidad, la sostenibilidad y la justicia social, por encima del lucro individual. La centralidad del trabajo, el respeto por la diversidad cultural, la equidad de género, la autogestión y la rendición de cuentas muestran que no se trata solo de producir o intercambiar bienes, sino de construir relaciones económicas más justas y responsables.

Nota. Economía Popular y Solidaria al servicio de las personas. Elaboración de autora Andrea Cadena

A continuación, se presenta un mapa conceptual resumen de los principales artículos que contine la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular Solidario (LOEPS) (Gráfico 3).

Nota. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS). Elaboración de autora Andrea Cadena

Es importante enfatizar respecto a los actores claves de la Economía Social y Solidaria. El gráfico a continuación (Gráfico 4), presenta un breve resumen.

Nota. Ejemplos de actores de la Economía Popular y Solidaria (Asamblea Nacional, 2011). Elaboración de autora Andrea Cadena

De acuerdo con lo mencionado en la referida ley, en su artículo 5, las cooperativas son organizaciones conformadas por personas que se asocian voluntariamente para satisfacer necesidades comunes, ya sea en el ámbito financiero, de producción o de consumo. Su funcionamiento se basa en principios democráticos, como la toma de decisiones participativa y la distribución equitativa de excedentes. Las cooperativas pueden ser de ahorro y crédito, de servicios, de producción, entre otras.

Las asociaciones agrupan a personas con intereses u objetivos comunes que, mediante la organización y la cooperación, desarrollan actividades económicas o sociales. Aunque no persiguen fines de lucro, buscan mejorar las condiciones de vida de sus miembros a través del trabajo colectivo. Suelen estar presentes en sectores como la agricultura, el comercio, el turismo y el arte popular.

Las organizaciones comunitarias surgen desde el territorio y responden a necesidades locales. Están conformadas por pobladores de una misma comunidad que se articulan para gestionar recursos, ejecutar proyectos o defender derechos. Su accionar está profundamente ligado a la identidad cultural, la reciprocidad y el bienestar colectivo.

Las Unidades Económicas Populares (UEP) comprenden actividades productivas o de servicios realizadas por personas que operan de forma individual o familiar, muchas veces en el sector informal. Estas unidades representan una forma de subsistencia económica importante en zonas urbanas y rurales, y son parte del entramado de la EPS, al reflejar el trabajo autónomo y la generación de ingresos desde la base.

Adicionalmente, según la LOEPS, existen varias instituciones clave que respaldan el funcionamiento y desarrollo del sistema económico solidario en Ecuador. Entre las más importantes están el Consejo Nacional de Economía Popular y Solidaria, que formula políticas públicas y articula esfuerzos interinstitucionales; el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, encargado de promover la capacitación, asistencia técnica e investigación en el sector; y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que cumple funciones de control y supervisión. Además, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) también tienen un papel relevante al fomentar la participación ciudadana y apoyar iniciativas locales dentro del marco de la economía solidaria.

Para profundizar más respecto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se invita a ver el video “Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”. En este se enfatiza que dicha institución cumple un rol fundamental dentro del sistema económico solidario en Ecuador, ya que es el organismo encargado de la regulación, el control y la supervisión de las organizaciones que forman parte de este sector, como cooperativas, asociaciones, mutualistas y fundaciones. Su labor garantiza que estas entidades funcionen de manera transparente, eficiente y en concordancia con los principios de solidaridad, participación y equidad. Además, la SEPS promueve el fortalecimiento institucional de estas organizaciones, protegiendo los derechos de sus socios y fomentando la inclusión económica y financiera, especialmente en comunidades históricamente marginadas.

La implementación de la ESS en Ecuador ha dado lugar a diversas iniciativas exitosas que han promovido el desarrollo comunitario y la inclusión económica. A continuación, se presentan algunos casos destacados:​

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo

Surgió como una respuesta a las necesidades económicas de las comunidades de la sierra sur ecuatoriana, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios financieros era prácticamente inexistente (Jardín Azuayo, 2015). Su nacimiento estuvo impulsado por organizaciones sociales y líderes comunitarios que buscaban una alternativa solidaria al sistema bancario tradicional. Desde sus inicios, la cooperativa adoptó un enfoque centrado en la participación activa de sus socios, quienes no solo son usuarios, sino también dueños y responsables de la gestión institucional. Este modelo ha fortalecido la confianza en la comunidad y ha permitido una expansión sostenida tanto en número de socios como en cobertura geográfica.

Lo que distingue a Jardín Azuayo no es únicamente su crecimiento financiero, sino su compromiso con el desarrollo integral de las personas y territorios. La cooperativa reinvierte parte de sus excedentes en programas de educación financiera, fortalecimiento organizativo, proyectos comunitarios y sostenibilidad ambiental (SEPS, 2021). Esto le ha permitido consolidarse como una institución que no solo brinda créditos y servicios de ahorro, sino que también impulsa el tejido social y económico local. En la actualidad, cuenta con decenas de agencias distribuidas en varias provincias del país y es considerada un modelo exitoso de economía popular y solidaria.

Asociación de Producción Artesanal de Montecristi (APAM)

Agrupa a artesanos del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, quienes se dedican a la elaboración del tradicional sombrero de paja toquilla, reconocido internacionalmente como "Panama Hat" (UNESCO, 2012). A pesar de su nombre, este sombrero es originario del Ecuador y ha sido tejido por generaciones con técnicas que forman parte del patrimonio cultural del país. APAM no solo ha mantenido vivas estas prácticas artesanales, sino que también ha logrado organizar a los productores de forma colectiva, mejorando sus condiciones de trabajo y fortaleciendo su capacidad productiva. La asociación ha facilitado el acceso a capacitación, herramientas, y oportunidades de comercialización para los artesanos locales.

Nota. Posicionamiento de APAM (INPC, 2012). Elaboración de autora Andrea Cadena

Para finalizar la sección de ejemplos de casos exitosos de Economía Popular y Solidaria, revisaremos el ejemplo de El Salinerito, uno de los modelos mas estudiados en el Ecuador, así como en América Latina.

Así, a manera de introducción, se recomienda revisar el video “El Salinerito, Experiencia de Economía Solidaria”. Se presenta un análisis del caso de éxito de El Salinerito, destacando cómo esta iniciativa transformó una comunidad rural mediante la implementación de un modelo de Economía Popular y Solidaria. En el relato, Fabián Vargas explica cómo la organización y la autogestión de los miembros permitieron diversificar la producción y generar empleo, lo que resultó en un desarrollo sostenible y en el fortalecimiento del tejido social. Además, se enfatiza la importancia de la participación ciudadana y de los valores culturales en la consolidación de este modelo, que ha servido de inspiración para otras comunidades en busca de alternativas económicas más justas e inclusivas.

Uno de los ejemplos más emblemáticos de Economía Social y Solidaria en Ecuador es "El Salinerito", una marca que representa a varias cooperativas y asociaciones de la comunidad de Salinas de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Esta iniciativa ha transformado una comunidad rural empobrecida en un modelo de desarrollo sostenible y autogestionado.​

En la década de 1970, Salinas de Guaranda era una comunidad con altos índices de pobreza y limitada infraestructura. La llegada del misionero salesiano Antonio Polo marcó el inicio de un proceso de organización comunitaria basado en la cooperación y la solidaridad. Se establecieron las primeras cooperativas, enfocadas en aprovechar los recursos locales y generar valor agregado.​ La infografía a continuación presenta un resumen de las actividades trascendentales del Salinerito a lo largo del tiempo hasta la actualidad (Infografía 1).

Nota. Esta infografía muestra la evolución de (Corporación Grupo Salinas, 2025). Elaboración de autora Andrea Cadena

Uno de los pilares del éxito de "El Salinerito" ha sido la diversificación de sus actividades productivas. Inicialmente centrados en la producción de quesos, han expandido su oferta a chocolates, textiles, embutidos, licores, sal y artesanías. Esta estrategia ha permitido aprovechar al máximo los recursos locales y reducir la dependencia de un solo producto (Corporación Grupo Salinas, 2025).

Por otra parte, la comunidad ha desarrollado una estructura organizativa compuesta por varias entidades:​

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas (COOPSALINAS): Brinda servicios financieros a los habitantes de la comunidad, facilitando el acceso al crédito y promoviendo el ahorro.

Cooperativa de Producción Agropecuaria El Salinerito (PRODUCOOP): Se encarga de la producción y comercialización de productos lácteos y cárnicos.​

Asociación de Mujeres Artesanas de Salinas (TEXAL): Promueve la participación de las mujeres en la producción de textiles y artesanías, fomentando la equidad de género y la generación de ingresos.

Fundación Grupo Juvenil (FUGJS): Apoya a la juventud local en iniciativas productivas y educativas, incluyendo la producción y exportación de hongos comestibles.

Nota. Organizaciones de la Corporación Grupo Salinas (Corporación Grupo Salinas, 2025).​ Elaboración de autora Andrea Cadena

Estas organizaciones trabajan de manera coordinada bajo el paraguas de la Corporación Grupo Salinas, que representa los intereses comunes de la comunidad y gestiona la marca "El Salinerito".​

El modelo de desarrollo aplicado por El Salinerito ha tenido un impacto significativo en las comunidades rurales de Salinas de Guaranda, beneficiando directamente a miles de familias. A través de la creación de cooperativas productivas y de servicios, se han generado empleos estables, que permiten a los habitantes mejorar sus ingresos y calidad de vida sin migrar. Esta experiencia ha fortalecido la cohesión social al promover una gestión colectiva y participativa, donde hombres y mujeres toman decisiones conjuntas sobre el rumbo de sus organizaciones. Además, se han abierto espacios para que jóvenes se integren en procesos productivos y educativos, fortaleciendo la sostenibilidad del modelo en el tiempo.

Más allá del ámbito local, El Salinerito se ha convertido en un referente de economía solidaria que demuestra que el desarrollo puede construirse desde la comunidad, con base en la cooperación, la equidad y el cuidado ambiental. A través del comercio justo, el uso responsable de los recursos naturales y la reinversión en proyectos sociales, este modelo ha demostrado que es posible generar valor económico sin dejar de lado los valores humanos. Su experiencia ha sido estudiada y replicada en otras regiones del país, y ha servido como fuente de inspiración para quienes buscan alternativas al modelo económico tradicional, colocando a las personas y al territorio como ejes centrales del desarrollo.

La Economía Social y Solidaria (ESS) ha emergido a nivel global como una alternativa real frente a los desafíos del modelo económico tradicional. En distintas regiones del mundo, comunidades organizadas han logrado consolidar formas de producción y organización basadas en la cooperación, el respeto al medio ambiente y el bienestar colectivo. Este modelo tiene múltiples expresiones, desde cooperativas agrícolas hasta empresas recuperadas y redes de comercio justo, pero todas ellas comparten principios como la solidaridad, la equidad y la participación democrática.

En esta unidad, se estudiarán experiencias internacionales exitosas que ilustran cómo la ESS puede impulsar el desarrollo local y regional de manera sostenible. Se analizarán casos concretos en países como Italia, Argentina, Canadá, Brasil y España, identificando sus logros, retos y aportes. A través de estos ejemplos, se espera fomentar una comprensión crítica sobre las posibilidades de replicar o adaptar estos modelos en otros contextos.

Italia – Cooperativas de trabajo asociado en Emilia-Romana

La región de Emilia-Romana, al norte de Italia, es reconocida mundialmente por su fuerte presencia de cooperativas de trabajo. Este modelo se desarrolló con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial como una vía para reconstruir la economía local desde una lógica solidaria. Las cooperativas en esta región no solo abarcan sectores como la agricultura, la manufactura y los servicios, sino que han consolidado una cultura empresarial basada en la democracia económica y la redistribución de excedentes (Borzaga y Galera, 2016).

Uno de los factores clave de su éxito es la existencia de una legislación favorable, un entorno financiero propio (a través de bancos cooperativos) y una red de apoyo mutuo entre cooperativas. Esto ha contribuido a que muchas de ellas sean competitivas incluso en mercados internacionales. Según Borzaga y Galera (2016), las cooperativas en esta región generan alrededor del 30 % del PIB regional y son valoradas por su resiliencia frente a las crisis.

Nota. Características de las cooperativas de trabajo en Emilia-Romaña. Elaboración de autora Andrea Cadena.

Argentina – Empresas recuperadas por sus trabajadores

En Argentina, a partir de la crisis económica de 2001, surgió un movimiento protagonizado por trabajadores que, ante el cierre o abandono de sus empresas, decidieron organizarlas bajo gestión colectiva. Estas “empresas recuperadas” funcionan en forma de cooperativas de trabajo, donde los trabajadores asumen la administración y operatividad de los negocios (Ruggeri, 2014). Este fenómeno se ha mantenido vigente y ha sido objeto de estudio por representar una alternativa concreta a los despidos masivos y al desempleo.

Un ejemplo destacado es la cooperativa de trabajo de la empresa Zanón, una fábrica de cerámicas en la provincia de Neuquén, hoy conocida como FaSinPat (Fábrica Sin Patrones). A través de la autogestión, los trabajadores no solo recuperaron sus fuentes de ingreso, sino que transformaron la cultura organizacional en una dinámica horizontal, solidaria y democrática. Según Ruggeri (2014), estas cooperativas han mostrado estabilidad laboral y compromiso con el entorno comunitario, incluso sin apoyo estatal sostenido. A continuación, se presenta las principales características de las empresas recuperadas en Argentina (Cuadro 2).

Nota.principales características de las empresas recuperadas en Argentina. Elaboración de autora Andrea Cadena

Para profundizar mejor respecto a este caso, se recomienda ver el video “ZANON: 20 AÑOS DE GESTIÓN OBRERA | Móvil desde la Fábrica Sin Patrones de Neuquén”. El video recoge la experiencia de los trabajadores de la fábrica de cerámicas Zanón, ubicada en Neuquén, Argentina, quienes, hace dos décadas, asumieron el control de la empresa tras su abandono. Desde entonces, la fábrica funciona bajo un modelo de autogestión colectiva. Se presenta una conferencia de prensa organizada por los trabajadores para conmemorar los 20 años de gestión obrera, donde comparten los logros alcanzados en este tiempo, las dificultades superadas y el valor de la organización sindical y la solidaridad como pilares para sostener la producción, el empleo y la dignidad laboral. Esta experiencia se ha convertido en un símbolo de resistencia y ejemplo para otras iniciativas de economía social en la región.

Canadá – Comercio justo y redes de consumo responsable

En Canadá, la economía social y solidaria se ha desarrollado principalmente a través de redes de comercio justo, cooperativas de consumo y alianzas entre productores y consumidores (Mendell, 2010). Estas iniciativas se basan en relaciones comerciales éticas y en la promoción del consumo responsable, con una orientación clara hacia la sostenibilidad ambiental y la justicia económica.

Uno de los casos emblemáticos es el de la cooperativa La Siembra, fundada en 1999 en Ottawa. Esta cooperativa fue una de las pioneras en distribuir productos de comercio justo, especialmente cacao y café orgánico, en el mercado canadiense. La Siembra trabaja directamente con pequeños productores de América Latina bajo condiciones justas y sostenibles, asegurando precios dignos y relaciones a largo plazo. Según fair trade Canada (2020), estas prácticas han incrementado la conciencia de los consumidores sobre el impacto social de sus decisiones de compra. La infografía a continuación (Infografía 1) presenta los datos más relevantes de este caso.

Nota. Datos relevantes Cooperativa de Comercio Justo La Siembra (Canadá) (Mendell, 2010). Elaboración de autora Andrea Cadena

Los pilares del comercio justo se reflejan en prácticas que promueven relaciones éticas y sostenibles en toda la cadena de valor (fair trade Canada, 2020). A través de la transparencia comercial y precios justos, se garantiza un trato digno para los productores. Además, se fomenta la sostenibilidad ambiental y la conciencia del consumidor mediante acciones educativas y productos responsables. El cuadro a continuación (Cuadro 3) presenta los componentes clave del comercio justo en Canadá.

Nota. Componentes clave del comercio justo en Canadá (Mendell, 2010). Elaboración de autora Andrea Cadena

Es decir, el comercio justo se basa en varios principios fundamentales que buscan transformar las relaciones económicas convencionales en prácticas más humanas y sostenibles. La transparencia comercial permite establecer vínculos directos entre productores y consumidores, evitando intermediarios y garantizando acuerdos justos para ambas partes. Por su parte, los precios justos aseguran que los productores reciban una remuneración digna, superior a la del mercado convencional, lo que les permite sostener sus actividades de forma estable, como ocurre con el café orgánico de comercio justo. La sostenibilidad también es un eje clave, ya que promueve métodos agrícolas que cuidan el ambiente, como la producción sin agroquímicos.

Nota. Tomado de (Fair Trade Canada, 2020). Elaboración de autora Andrea Cadena

Para profundizar mejor y revisar cifras respecto al comercio justo en América Latina, se invita a revisar la Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), denominada “Comercio Justo en América Latina y el Caribe”.

La biblioteca proporciona una recopilación de recursos clave sobre comercio justo, incluyendo definiciones, principios, ejemplos internacionales, casos exitosos y enlaces a documentos y organizaciones especializadas. Contiene además material audiovisual, infografías, artículos académicos y datos estadísticos que ayudan a comprender cómo funciona este modelo dentro del marco más amplio de la Economía Social y Solidaria (ESS). Su relevancia para la clase radica en que permite vincular la teoría con experiencias concretas que promueven relaciones económicas éticas, sostenibles y centradas en las personas. Entender el comercio justo es fundamental porque representa una forma alternativa de producción y consumo basada en la equidad, la transparencia y el respeto mutuo entre quienes producen y quienes compran. Esta práctica se alinea con los principios de la ESS, al priorizar el bienestar colectivo, la justicia económica y el desarrollo sostenible; por lo tanto, su análisis contribuye a una visión más crítica y transformadora del sistema económico global.

Brasil – Bancos comunitarios y monedas sociales

En Brasil, una de las expresiones más innovadoras de la economía social y solidaria ha sido el desarrollo de bancos comunitarios que operan con monedas sociales (Coraggio, 2011). Estas iniciativas han surgido en zonas urbanas empobrecidas con el objetivo de promover el desarrollo local, facilitar el acceso al crédito y fortalecer el comercio de barrio. A través de estos bancos, las comunidades pueden crear sus propias monedas complementarias que circulan de manera paralela al real brasileño, incentivando el consumo interno y evitando la fuga de capital. Estas monedas complementarias, como la Palma, en el caso del Banco Palmas, no sustituyen a la moneda oficial, pero sí cumplen un rol estratégico dentro del territorio donde se aplican (Coraggio, 2011). Funcionan como un medio de intercambio válido únicamente dentro de la comunidad, lo que fortalece el comercio local y genera un circuito económico interno más dinámico. Al limitar su circulación al entorno inmediato, estas monedas aseguran que los recursos generados por las familias se reinviertan en los negocios del barrio, promoviendo la autonomía económica y reduciendo la dependencia de actores externos. Además, fomentan relaciones de confianza entre productores, comerciantes y consumidores locales.

El caso más representativo es el del Banco Palmas, creado en 1998, en el barrio Conjunto Palmeiras, en Fortaleza. Este banco comunitario ha implementado una moneda local llamada ‘Palma’ y ha demostrado que es posible generar riqueza local desde la base, sin depender exclusivamente del sistema financiero tradicional. Según Coraggio (2011), la experiencia del Banco Palmas ha inspirado a más de 100 iniciativas similares en todo el país (Infografía 2).

Nota. Tomado de (Coraggio, 2011). Elaboración de autora Andrea Cadena

El cuadro a continuación presenta un resumen de los elementos clave de este caso (Cuadro 4).

Nota. Elementos clave del Banco Palmas (França y Silva, 2006). Elaboración de autora Andrea Cadena

España – Cooperativas integrales y economía del bien común

En España, la economía social y solidaria ha tomado impulso a través de experiencias que combinan producción, autogestión y valores éticos (REAS, 2020). Una de las más representativas es la de las cooperativas integrales, como la Cooperativa Integral Catalana (CIC), que promueve una red descentralizada de intercambio de bienes y servicios fuera del circuito capitalista tradicional. Estas cooperativas no solo buscan satisfacer necesidades económicas, sino también transformar las relaciones sociales y fortalecer la autonomía local.

Las cooperativas integrales, como la Cooperativa Integral Catalana (CIC), representan una propuesta transformadora dentro de la economía social y solidaria, al plantear una forma alternativa de organizar la vida económica fuera del modelo capitalista convencional (REAS, 2020). Más que resolver únicamente necesidades materiales, estas experiencias buscan construir nuevas formas de convivencia basadas en la cooperación, la autogestión y la soberanía comunitaria. Su enfoque descentralizado permite a las personas participar activamente en la toma de decisiones, fortaleciendo así la autonomía local y fomentando una economía al servicio de la vida. Este tipo de iniciativas demuestra que es posible replantear las reglas del intercambio económico desde valores éticos y humanos.

Paralelamente, el enfoque de la Economía del Bien Común, promovido por el economista Christian Felber, ha ganado adeptos en distintas regiones del país. Este modelo propone medir el éxito económico no solo por el beneficio financiero, sino por su aporte al bienestar colectivo, la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental y la justicia. Empresas, municipios e instituciones educativas han adoptado indicadores del bien común como guía para su gestión. Según la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS, 2020), más de 150 entidades españolas utilizan herramientas de evaluación ética y social de sus actividades. El cuadro a continuación (Cuadro 5), presenta los principios fundamentales de la Economía del Bien Común.

Nota. Principios fundamentales de la Economía del Bien Común (Felber, 2015). Elaboración de autora Andrea Cadena

Los casos internacionales analizados en esta clase demuestran que la economía social y solidaria no es solo una propuesta teórica, sino una realidad concreta que se manifiesta en distintas regiones del mundo, con enfoques diversos, pero principios compartidos. Desde las cooperativas de trabajo en Italia hasta las empresas recuperadas en Argentina, pasando por las redes de comercio justo en Canadá, los bancos comunitarios con monedas sociales en Brasil y las cooperativas integrales en España, todas estas experiencias tienen en común la búsqueda del bienestar colectivo, la justicia económica y la sostenibilidad. A través de estas formas organizativas, las comunidades han logrado generar empleo, fortalecer el tejido social, democratizar la economía y construir alternativas frente a modelos excluyentes o dependientes del mercado tradicional.

Estos ejemplos nos invitan a reflexionar sobre el poder transformador de la autogestión, la cooperación y el compromiso con el entorno. También nos muestran que el desarrollo no tiene por qué estar condicionado por el lucro, sino que puede orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas, respetando sus valores, culturas y territorios. Además, evidencian la importancia del marco institucional y del apoyo de políticas públicas, para que estas iniciativas no solo sobrevivan, sino que prosperen y se multipliquen.