La fundación del Estado republicano ecuatoriano en 1830 marcó el inicio de un proceso complejo de construcción política e institucional tras la disolución de la Gran Colombia. A diferencia de las independencias en América del Sur, que derivaron en repúblicas con liderazgos relativamente estables, el Ecuador nació en medio de tensiones políticas, rivalidades regionales y una débil estructura administrativa heredada de la época colonial. El nacimiento de la República del Ecuador fue, en esencia, una transición abrupta desde un orden imperial y luego confederado hacia un intento de soberanía nacional, sostenido por una frágil unidad política.

La proclamación de la República el 13 de mayo de 1830 en Riobamba fue impulsada principalmente por las élites de Quito, Guayaquil y Cuenca, que buscaban autonomía frente a Bogotá y la decadente estructura de la Gran Colombia. Estas élites coincidían en la necesidad de un Estado propio, pero diferían en sus proyectos políticos y económicos. Por ejemplo, mientras los comerciantes guayaquileños defendían un modelo liberal de apertura económica y autonomía regional, los notables serranos aspiraban a mantener el control centralizado del poder político y religioso, siguiendo una lógica conservadora.

El primer presidente, Juan José Flores, militar venezolano de origen extranjero, asumió el poder en medio de un escenario de desconfianza. Su gobierno se propuso consolidar la unidad del territorio y establecer una administración funcional, pero encontró resistencias regionales, especialmente en Guayaquil, donde muchos consideraban injusta la hegemonía serrana. Las tensiones iniciales entre Quito y Guayaquil simbolizan la dificultad de unir regiones con identidades económicas y culturales distintas. Como analogía, puede decirse que el Ecuador nació como una casa construida con materiales incompatibles: los cimientos estaban en la sierra, las puertas se abrían al mar y el techo se sostenía con improvisaciones jurídicas.

A estas diferencias se sumaba la falta de recursos. La naciente república heredó de la Gran Colombia una economía devastada por la guerra y un aparato fiscal ineficiente. Los ingresos provenían casi exclusivamente de aduanas y tributos heredados del sistema colonial, lo que generaba tensiones entre regiones portuarias y andinas. En este contexto, la construcción del Estado republicano fue más una respuesta coyuntural que un proyecto nacional consolidado.

El conflicto inicial se manifestó en rebeliones locales, motines militares y conspiraciones políticas. Guayaquil, por ejemplo, buscó varias veces su autonomía y se resistió a los intentos centralistas de Flores. La debilidad institucional era tan evidente que la estabilidad política dependía más de la lealtad de los ejércitos que del consenso ciudadano. En suma, el Ecuador republicano surgió de la ruptura de un proyecto mayor (la Gran Colombia), pero su fundación no implicó necesariamente la consolidación de una nación, sino el comienzo de una larga pugna entre poder central, regiones y caudillos.

Figura 1

Fundación y conflicto inicial del Estado republicano

11.1 Nacimiento del Estado nacional tras la separación de Gran Colombia

La separación del Ecuador de la Gran Colombia en 1830 representó una segunda independencia: la independencia frente a un modelo político que había intentado integrar a varias repúblicas bajo la figura de Bolívar. Sin embargo, a diferencia del proyecto bolivariano, el Ecuador republicano carecía de una identidad nacional definida. La construcción del Estado nacional implicó articular un territorio fragmentado, geográfica y socialmente, donde convivían tres regiones —Sierra, Costa y Amazonía— con escasa comunicación entre sí y con intereses divergentes.

Figura 2
Nacimiento del Estado ecuatoriano

Nota. El gráfico muestra a un Ecuador fragmentado, reflejando la compleja realidad de la separación de la Gran Colombia y el desafío que las diferencias internas suponían para consolidar un Estado independiente. Adaptado de Bandera desgarrada y rota de Ecuador sobre pared de cemento [Imagen], de Freepik, s. f., Freepik (https://www.freepik.es/imagen-ia-gratis/bandera-desgarrada-rota-ecuador-pared-cemento_135751446.htm).

El proceso de institucionalización fue lento y conflictivo. El país necesitaba un marco jurídico y una administración central que reemplazara la estructura colonial. En ese contexto, la redacción de constituciones sucesivas buscó establecer las bases del nuevo Estado. Sin embargo, las constituciones ecuatorianas del siglo XIX reflejaron más los intereses de las élites que una voluntad democrática o popular. Las normas constitucionales eran, en muchos casos, el producto de pactos entre grupos de poder que buscaban garantizar su dominio local o regional.

Desde una perspectiva simbólica, el nacimiento del Estado nacional puede compararse con la tarea de unir piezas de un rompecabezas donde las figuras no encajan del todo. Cada región —Sierra agrícola, Costa comercial y Amazonía marginal— representaba un modelo de desarrollo distinto y, a menudo, incompatible. La falta de una identidad compartida se tradujo en una debilidad política estructural: el Estado existía en el papel, pero no en la práctica social de sus habitantes.

Juan José Flores, considerado el “fundador de la República”, gobernó entre 1830 y 1834, y nuevamente entre 1839 y 1845. Su administración buscó establecer la autoridad del Estado, pero se enfrentó a críticas por su origen extranjero y por su tendencia autoritaria. La Constitución de 1830, redactada bajo su influencia, fue conservadora: mantuvo el catolicismo como religión oficial, estableció un sistema que restringía la ciudadanía a quienes poseían propiedad o educación, y otorgó amplios poderes al Ejecutivo.

En contraste, Vicente Rocafuerte, quien gobernó entre 1835 y 1839, impulsó una visión más liberal y reformista. Promovió la educación pública, limitó los abusos de la Iglesia y modernizó la administración. Su Constitución de 1835 introdujo innovaciones importantes, como la libertad de imprenta y la eliminación de penas crueles, y buscó equilibrar los poderes del Estado. Sin embargo, su alcance fue limitado por la resistencia de los sectores conservadores y por la escasa participación popular.

Ambos líderes representan dos modelos de Estado: el militar, paternalista y conservador (Flores), frente al civil, ilustrado y reformista (Rocafuerte). Esta dualidad marcó la política ecuatoriana durante décadas, reproduciendo una tensión permanente entre el autoritarismo pragmático y el idealismo liberal. En cierto modo, Flores y Rocafuerte fueron como dos arquitectos que querían construir el mismo edificio —la República— pero con planos opuestos: uno buscaba la fortaleza del orden, y el otro, la apertura de la libertad.

Figura 3

Modelos de Estado: Juan José Flores versus Vicente Rocafuerte

Desde sus orígenes, el Ecuador vivió una pugna entre el centralismo estatal, impulsado por Quito, y el regionalismo o federalismo defendido por Guayaquil. Esta tensión reflejaba diferencias económicas y culturales profundas. La Sierra se organizaba en torno a una economía agrícola y terrateniente, mientras que la Costa dependía del comercio exterior y de una burguesía emergente vinculada al cacao.

El debate entre centralismo y federalismo no era solo político, sino también simbólico. Representaba la disputa entre dos proyectos de país: uno basado en el control desde la capital y la defensa del orden moral y religioso, y otro que apostaba por la autonomía local y la apertura económica. El federalismo guayaquileño encontraba inspiración en modelos como el estadounidense, mientras el centralismo quiteño evocaba la herencia monárquica del dominio colonial.

Esta lucha se manifestó en múltiples rebeliones, especialmente en Guayaquil, donde las elites portuarias rechazaban los impuestos y controles del gobierno central. En términos analógicos, el Ecuador de mediados del siglo XIX se asemejaba a una familia en la que los hermanos mayores (las regiones) querían administrar su propio dinero, pero el padre (el gobierno central) insistía en controlar el presupuesto. Esta tensión estructural entre autonomía y control siguió presente a lo largo del siglo XIX y marcó la evolución política del país.

El llamado “proyecto criollo” fue la base ideológica del Estado ecuatoriano en sus primeras décadas. Este proyecto, liderado por las élites blancas y mestizas urbanas, buscaba mantener el control político y económico sobre una población mayoritariamente indígena, campesina y afrodescendiente. A pesar de la independencia formal, las estructuras sociales coloniales se mantuvieron: la república sustituyó al imperio, pero las jerarquías raciales y económicas persistieron.

Figura 4

Proyecto criollo

El sistema fiscal fue uno de los mecanismos mediante los cuales se reprodujo esta desigualdad. Los impuestos recaían principalmente sobre los sectores populares, mientras las élites controlaban las aduanas y las rentas estatales. La tributación indígena, heredada del sistema colonial, se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. Así, la república “libre” conservó los métodos fiscales del antiguo régimen, adaptándolos a una nueva legitimidad política.

Figura 5

Sistema fiscal

El caudillismo fue una característica central del Ecuador decimonónico. Los líderes militares, al mando de ejércitos regionales, se convirtieron en árbitros del poder. Su autoridad derivaba más del control de las armas que de la legalidad constitucional. El Estado central, débil y burocráticamente limitado, debía negociar constantemente con estos caudillos para mantener la unidad territorial.

En materia económica, la administración fiscal era precaria. Los ingresos provenían en su mayoría de los derechos de aduana en los puertos de Guayaquil, lo que generaba resentimiento en la Sierra, dependiente del gasto público. La deuda externa, adquirida desde la independencia, se convirtió en una carga permanente y limitó la capacidad del Estado para invertir en infraestructura o educación.

El caudillismo puede entenderse como una respuesta al vacío institucional. Ante la ausencia de un Estado fuerte, los caudillos se erigían en figuras de orden local. Eran como los “intermediarios” entre la ley y la población, encarnando un poder personalista que ofrecía protección a cambio de lealtad. Esta dinámica consolidó una cultura política patrimonialista que obstaculizó la formación de una ciudadanía autónoma.

Figura 6

Caudillismo

Aunque la república proclamó la igualdad ante la ley, la ciudadanía efectiva fue restringida. Los requisitos censitarios —propiedad, educación o renta— excluyeron a la mayoría indígena, afrodescendiente y mestiza. En la práctica, el voto y la representación política fueron privilegios de una minoría ilustrada.

Los pueblos indígenas continuaron sujetos a tributos y a sistemas de trabajo forzado en haciendas y obras públicas. Los afroecuatorianos, en su mayoría esclavizados hasta 1852, tampoco fueron reconocidos como ciudadanos plenos. El ideal republicano de libertad convivía con realidades de servidumbre y exclusión. En este sentido, la ciudadanía del siglo XIX fue una “ciudadanía de papel”: un derecho proclamado, pero no ejercido.

Podemos imaginar el Estado como un teatro donde solo unos pocos actores podían subir al escenario, mientras el resto —indígenas, negros y mujeres— eran espectadores sin voz. La construcción del Estado nacional fue, por tanto, también la institucionalización de una jerarquía racial y social heredada del período colonial.

Una jerarquía racial es un sistema social y cultural en el que las personas son clasificadas y valoradas según su raza o el color de su piel, asignando privilegios, poder y estatus superior a ciertos grupos —generalmente los considerados “blancos” o europeos— y relegando a otros —como indígenas, afrodescendientes o mestizos— a posiciones inferiores. Este tipo de jerarquía fue especialmente visible durante la época colonial. Dicho sistema legitimó la desigualdad, la discriminación y la exclusión, al establecer que algunas razas eran “más civilizadas” o “más dignas” que otras, lo que tuvo profundas consecuencias sociales, culturales y políticas que perduran hasta la actualidad.

El período urbinista, encabezado por José María Urbina, representa un intento de modernización política y social en medio de una profunda crisis institucional. Urbina asumió el poder tras la Revolución Marcista de 1845, que puso fin al dominio de Flores y buscó implantar un liberalismo moderado. Durante su mandato (1851–1856), se impulsaron reformas económicas y sociales que transformaron parcialmente la estructura del Estado ecuatoriano.

Entre las medidas más relevantes del urbinismo destacan la abolición de la esclavitud en 1852 y la eliminación del tributo indígena. Estas reformas, aunque simbólicamente importantes, tuvieron resultados contradictorios. Si bien significaron un avance en la igualdad jurídica, no se acompañaron de políticas económicas que integraran efectivamente a los sectores liberados. Los exesclavos quedaron marginados de la propiedad de la tierra y del acceso al trabajo remunerado, mientras los indígenas continuaron sometidos a relaciones de dependencia.

En el ámbito económico, el urbinismo favoreció la apertura comercial y la reducción del poder de la Iglesia en la economía. Se promovió el libre comercio y se redujeron las restricciones aduaneras, lo que benefició principalmente a los comerciantes guayaquileños. Sin embargo, la falta de una política fiscal sólida y la persistente deuda externa impidieron una redistribución equitativa de los beneficios del crecimiento.

El reformismo urbinista puede compararse con una cirugía que alivia algunos síntomas —como la esclavitud y el tributo— pero deja intactas las causas estructurales de la desigualdad. A pesar de su retórica liberal, las reformas no transformaron la base económica ni social del país.

El urbinismo coincidió con un período de fragmentación territorial. Las rebeliones regionales y los conflictos internos debilitaron la autoridad del Estado. La Costa, la Sierra y la región sur (Loja, Cuenca) actuaban con relativa autonomía, mientras la Amazonía permanecía al margen del control nacional. Entre 1857 y 1859, la crisis se profundizó con la invasión peruana y la firma del Tratado de Mapasingue, que fue ampliamente rechazado por la población.

Figura 7

Urbinismo

En 1859, conocido como el “año de la anarquía”, el Ecuador prácticamente se disolvió en gobiernos regionales: García Moreno controlaba Quito, Francisco Robles Guayaquil, y el general Guillermo Franco Cuenca. El Estado se fragmentó como un espejo roto, cuyos pedazos representaban intereses locales incompatibles. Solo la posterior reunificación liderada por García Moreno a partir de 1860 permitió reconstruir una autoridad central.

Tras la caída del presidente Francisco Robles en 1859, el control político y militar se repartió entre distintos caudillos regionales: Gabriel García Moreno asumió el mando en Quito con el apoyo conservador de la Sierra Norte. Francisco Robles mantuvo influencia en Guayaquil y el litoral, y el general Guillermo Franco dominó Cuenca y parte del Austro. Cada uno gobernaba de forma autónoma, con su propia administración y ejército, sin reconocer la autoridad central. Esta división reflejó las profundas tensiones regionales y la debilidad institucional del Estado ecuatoriano en sus primeras décadas republicanas.

Esta crisis evidenció la debilidad estructural del Estado republicano y la persistencia de los regionalismos como fuerza política. El sueño de una nación unificada seguía siendo, hasta mediados del siglo XIX, un proyecto inconcluso.

Durante la época colonial, la debilidad estructural del futuro Estado republicano ecuatoriano tuvo su origen en la forma en la que se organizó el poder político, económico y social bajo el dominio español. La administración colonial estuvo centrada en los intereses de la metrópoli y no en la construcción de instituciones locales sólidas, lo que generó una estructura jerárquica dependiente, burocrática y excluyente. La fragmentación territorial, la concentración de poder en las élites criollas y la ausencia de participación ciudadana impidieron el desarrollo de una identidad política común y de una gestión pública eficiente. Al llegar la independencia, el nuevo Estado heredó esas limitaciones —instituciones frágiles, desigualdad social y débil cohesión nacional— que dificultaron la consolidación de un verdadero Estado republicano autónomo y funcional.

Figura 8

Estado ecuatoriano fragmentado

El conservadurismo ecuatoriano ha sido una corriente política que, desde los primeros años republicanos, buscó preservar tradiciones coloniales, la autoridad de la Iglesia Católica, el orden jerárquico y social, frente a lo que veía como amenazas liberales de secularización, cambio social y cuestionamiento del poder oligárquico. Sin embargo, en muchos momentos incorporó ideas de modernización, infraestructura, educación, burocratización del Estado, con el fin de fortalecer al Estado conservador y legitimar su autoridad.

Figura 1

Conservadurismo ecuatoriano

Por modernización autoritaria se entiende un modelo en que el Estado emprende esfuerzos de transformación, que pueden materializarse en vías, ferrocarriles, educación, códigos legales, administración pública centralizada, pero bajo un mando fuerte, concentrado, con limitaciones al pluralismo político, la participación popular o los derechos civiles. La autoridad se legitima tanto por tradición y religión como por el discurso del progreso.

En Ecuador, el modelo de modernización autoritaria fue cristalizado particularmente durante la Época garciana (gobierno de Gabriel García Moreno, 1861-1875) y sus prolongaciones, donde la Iglesia y Estado se entrelazaron, donde se promovieron políticas estatales para construir infraestructura, educación, códigos militares, mientras se imponía disciplina social y se reprimían disidencias.

Figura 2

Modernización autoritaria

Algunos rasgos clave del proyecto conservador con modernismo autoritario encontramos:

Centralismo estatal fuerte: concentración del poder en el presidente, uso del aparato burocrático para imponer orden territorial, fiscal, judicial.

La religión como soporte ideológico: la Iglesia Católica como institución espiritual y como copartícipe del Estado; la moral religiosa, normando leyes, educación, costumbres. Por ejemplo, el reconocimiento oficial del catolicismo, códigos de leyes que cercaban la disidencia religiosa.

Desarrollo de infraestructura y educación: promover ferrocarriles, red vial, escuelas, hospitales; modernizar el país “desde arriba”. Esta realidad se asemeja a construir las rutas principales de una ciudad para que los autos oficiales circulen bien, aunque los vecindarios más pobres no tengan calles pavimentadas.

Uso del control social y represión: para imponer orden, sofocar rebeliones indígenas o campesinas, restringir libertades políticas (e.g., censura, restricciones al sufragio), militarización en muchos casos.

Legitimación moral-cultural: autoridad basada no solo en la fuerza, sino en la idea de que el conservadurismo es “lo correcto”, lo natural, lo civilizado.

Aunque lo veremos con detalle en el siguiente punto, García Moreno es un ejemplo paradigmático porque impulsó la constitución de un Estado moderno, con infraestructura, educación (incluyendo para mujeres e indígenas), ferrocarril, creación de códigos civiles y militares, que al mismo tiempo consolidaba el poder presidencial, suprimía disidencias, implementaba una moral religiosa muy estrecha, controlaba prensa y garantizaba el privilegio del clero. Durante su tiempo, el modernismo (la construcción de puentes, caminos, ferrocarril) se combina con la teocracia práctica: la Iglesia participa directamente en la administración, se imponen restricciones públicas a costumbres vistas como “inmorales”.

En este punto, podemos comparar al conservadurismo modernizador con un médico que aplica cirugías de gran envergadura (construcción de hospitales, vías, educación), pero lo hace sin anestesia social: la población siente dolor, sufre las restricciones, pero se justifica que el fin (salud institucional, progreso) vale la pena.

También podemos compararlo con un edificio colonial restaurado siguiendo normas modernas, pero bajo vigilancia estricta: mejoras visibles, pero las ventanas tienen rejas, no se puede acceder libremente en ciertos espacios, hay guardias que controlan quién entra y qué ocurre. Las mejoras existen, pero la libertad de uso es limitada.

En este periodo la principal tensión era mantener la legitimidad versus la represión, ya que el modernizador autoritario generaba progreso material (salud, educación, vías), pero no respetaba la participación ciudadana, los derechos culturales o las libertades políticas. Por otro lado, existía desigualdad persistente, pues muchas políticas beneficiaban más a las élites o zonas centrales del país, mientras que indígenas, campesinos y pueblos rurales quedaron afuera.

Como consecuencia, nace la resistencia popular por medio de rebeliones indígenas, protestas, movimientos sociales que exigen inclusión y reconocimiento. Por ejemplo, el alzamiento indígena de Cañar-Azuay en 1862 bajo García Moreno contra medidas administrativas y de infraestructura impuestas sin consultar.

12.1 Época garciana bajo Gabriel García Moreno

Después de décadas de fragmentación política, guerras civiles y debilidad institucional tras la independencia, Ecuador en el siglo XIX enfrentaba un desafío de construcción de Estado. En ese contexto emergió Gabriel García Moreno (1861-1875) como figura central del conservadurismo y del "garcianismo". Su gobierno buscó imponer el orden, fortalecer la autoridad estatal, institucionalizar un proyecto civilizador con fuerte carácter religioso, así como modernizador en lo material y administrativo.

A continuación, se mencionan las principales políticas e instituciones promovidas en su gobierno:

• Educación: se promovió la educación formal, gratuita en algunos niveles, incluyendo para sectores antes marginados. Se fundaron colegios nacionales; la Iglesia católica tuvo un rol central en la enseñanza. También se difundió la idea de que la educación debe formar ciudadanos, pero dentro de una moral religiosa.
• Infraestructura física: García Moreno impulsó la construcción de carreteras, ferrocarriles, obras públicas para conectar regiones y desarrollar la economía. Estos proyectos tendían a integrar al país territorialmente, facilitar exportaciones y mejorar comunicaciones.
• Fortalecimiento legal y militar: creación del Código Militar (o reglamentos militares), leyes que estructuraban el poder militar como parte del aparato estatal; uso intensivo del aparato legal (leyes, decretos) para consolidar el orden.
• Religión y moral pública: El catolicismo como religión del Estado, moral religiosa, regulando lo público y lo privado; apoyo a la Iglesia Católica en financiamiento, privilegios, influencia en la administración, en la educación. Creencia en una república católica, en que el Estado se apoyaría en estos principios para legitimar su poder.
• Ciudadanía: Introdujo el sufragio universal (aunque con limitaciones prácticas), permitió la inclusión formal de sectores antes marginados. Por ejemplo, el crecimiento institucional permitió más parroquias y cantones como medida de representación territorial proporcional al crecimiento demográfico.

Figura 3

Políticas e instituciones del gobierno de García Moreno

En el gobierno de Gabriel García Moreno, hubo algunas contradicciones, ya que, aunque se proclamaba universalidad, el acceso al poder y la participación seguían limitados por la ignorancia, por falta de infraestructura educativa, por la exclusión de indígenas, campesinos y mujeres en muchos casos. Además, existió coerción militar para sofocar rebeliones indígenas, como en el caso de los alzamientos de Cañar y Azuay (1862). Las comunidades indígenas protestaban lo que veían como imposiciones administrativas y de infraestructura, sin consulta ni respeto de sus formas locales de organización.

Por otro lado, su gobierno se caracterizó por el centralismo y autoritarismo, pues García Moreno gobernaba con fuerte mano, con crítica a la prensa, disidencias políticas cuyas figuras eran perseguidas o censuradas; así como, autoridad personalista. Aunque buscaba modernizar, lo hacía bajo la idea del “bien moral” y la salvación pública, lo que justifica la autoridad fuerte.

Dentro del legado que dejó García Moreno encontramos la consolidación del Estado nacional con mejor delimitación territorial, fortaleza institucional, burocracia y censos. Por ejemplo, se aprobó el decreto de censo general en 1864, con una población estimada de alrededor de 700 000 habitantes.

Sentó también la base para modelos posteriores de intervención estatal: códigos militares, educación, moral pública, centralización, que serían retomados o criticados por los liberales. Finalmente, implementó una división ideológica duradera; de hecho, la memoria de García Moreno sigue vigente en tensiones entre conservadurismo y liberalismo, entre idea de perversidad del orden moral y libertades modernas; entre modelo de “república católica” y el laicismo.

García Moreno puede entenderse como arquitecto: construyó un edificio sólido (Estado, infraestructura, moral pública) con cimientos religiosos, y muros fuertes, pero algunas ventanas cerradas (las libertades políticas) y ciertos espacios interiores inaccesibles para quienes no forman parte del círculo del poder.

El garcianismo fue eficaz en estabilizar el país, institucionalizar normas, proyectarse hacia afuera, reforzar autoridad; pero tuvo un coste social en exclusión, en imposición cultural, en restricciones a la autonomía local y comunitaria. Sus logros no fueron sostenidos de forma igualitaria, ni siempre respetuosos de la diversidad cultural, ni de los derechos individuales, como los entenderíamos hoy. Aun así, su época marcó un punto de inflexión: la transición desde la fragmentación poscolonial hacia la capacidad de Estado fuerte, lo que permitiría luego los debates liberales, rurales, sociales e indígenas que vendrían.

La ciudadanía involucra derechos civiles, políticos y sociales: la posibilidad de participar en la vida política (voto, representación), derechos frente al Estado (igualdad ante la ley, acceso a servicios), reconocimiento cultural, identidad. En Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, la ciudadanía ha sido históricamente desigual: varones, alfabetos, blancos o mestizos urbanos gozaban más derechos; mujeres, indígenas, personas sin alfabetización sufrían exclusión.

Figura 4

Ciudadanía

García Moreno implementó el control poblacional, que implica políticas estatales o sociales para regular, gestionar o influenciar la estructura demográfica, las tasas de natalidad/mortalidad, migración, distribución geográfica, morfología demográfica (edad, composición étnica), identidad (registro civil, identificación), inclusión o exclusión de personas en registros legales, electorales, etc. A menudo aparece como forma de vigilancia estatal, de administración de población, de planificación económica o social.

Algunas de las tensiones principales se dieron en el registro, particularmente en la identificación versus anonimato o exclusión. Dado que el Estado necesita censos, registros de nacimiento, cédulas de identidad, padrones electorales para funcionar, cobrar impuestos, organizar elecciones, proveer servicios; estos mecanismos pueden excluir a quienes no tienen acceso (indígenas en zonas remotas, personas que viven fuera de registros oficiales), discriminarlos, o usar la identificación como instrumento de control social.

Por ejemplo, la creación de la cédula de ciudadanía en Ecuador en 1925, en un principio con diferentes calidades para clases sociales; “cédula de cuero” para clases altas y papel para pobres, como mecanismo que reproducía la desigualdad.

También el control sobre reproducción, salud y sexualidad se enfrentó con los derechos individuales, debido a la implementación de políticas de salud reproductiva, planificación familiar, regulación de embarazos (edad, adolescentes), leyes relativas a maternidad, control de natalidad o campañas médicas. En Ecuador se observan discursos de “Plan Familia”, tensión entre informar científicamente y limitar, por razones morales o religiosas, definiciones sobre el control de los cuerpos, especialmente mujeres jóvenes, indígenas o de bajos ingresos; que perduran hasta la actualidad.

En cuanto al sufragio y participación versus exclusión estructural, en esta época se encontró que las leyes constitucionales exigían alfabetismo y propiedad privada para ejercer el derecho al sufragio, quién está registrado para votar, quién está verdaderamente representado, lo que excluía amplios sectores como migrantes o comunidades indígenas, puesno contaban con reconocimiento oficial.

El control poblacional a veces invisibilizaba identidades de los pueblos indígenas, afroecuatorianos o montuvios y las clasificaba según categorías impuestas. Si bien las preguntas de autoidentificación étnica en el censo de población y vivienda podían servir para reconocimiento, también lo hacían para estigmatizar o para invisibilizar.

Imagina que el Estado es como un sistema de control de acceso para un edificio: necesita tener registro de quién entra, quién sale, dónde vive. Los que tienen credenciales y luz de acceso, pueden entrar fácilmente; los que no, aunque estén físicamente presentes en el edificio, quedan fuera, no pueden usar ciertos servicios, no pueden participar en decisiones del edificio.

Figura 5

Tensiones en ciudadanía y control poblacional

La modernización, en general, se refiere al proceso mediante el cual una sociedad se transforma económica, política, culturalmente hacia formas más centralizadas, urbanas, tecnológicas, con desarrollo de infraestructura, expansión educativa, industrialización, mejor salud pública, comunicaciones, etc.

Figura 6

Modernización

La exclusión social, por su lado, consiste en procesos estructurales que impiden que ciertos grupos o personas accedan a los beneficios del desarrollo, no solo en términos materiales, sino también de participación política, reconocimiento cultural, acceso a servicios básicos y derechos sociales. No se reduce solo a pobreza; implica barreras legales, geográficas, culturales, étnicas, de género, etc.

Aunque la modernización promete progreso para todos, en la práctica muchas veces agrava desigualdades si los recursos se concentran en capital urbano, clases medias o élites, dejando afuera zonas rurales, indígenas y afrodescendientes. La modernización requiere inversión, y esa termina concentrándose donde la rentabilidad o visibilidad política lo permitan.

Encontramos además tensiones por los cambios sociales no acompañados con inclusión cultural, ya que si se promueve educación formal sin reconocer las lenguas indígenas, culturas locales, costumbres; si se exige alfabetización para derechos, pero no se adaptan métodos educativos, hay exclusión simbólica y real.

También existió en esta época modernización institucional sin democratización, en virtud de que se construyeron estructuras estatales, burocracias, infraestructura, pero se mantuvo debilidad o restrictiva participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia. Por lo tanto, se concluye que, en la época de García Moreno, primaba el autoritarismo institucional, corrupción, discriminación formal, que pueden persistir en la actualidad.

Exigencias de modernización que implican homogeneización, pues existen expectativas culturales, valores, urbanismo que ignoran diversidades; construcciones de ciudadanía basadas en modelo urbano occidental, e, invisibilizarían de identidades no-dominantes.

Figura 7

Exclusión social

Se menciona que estas tensiones pueden permanecer a lo largo del tiempo, basados en ejemplos como el siguiente: bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), se impulsó un modelo con fuerte modernización (infraestructura, acceso a la salud, educación, reformas constitucionales), con el paradigma del Buen Vivir. Se promovió la inclusión social, normativa, políticas universales más allá del asistencialismo (que solo focaliza la pobreza). Sin embargo, persistieron exclusiones étnicas: los afroecuatorianos y pueblos indígenas reportan pobreza, discriminación, menor acceso a servicios públicos o menor calidad de estos. Las políticas afirmativas han tenido limitaciones prácticas.

En cuanto al espacio territorial, la modernización urbana ha llegado más a ciudades grandes; zonas rurales, costeras remotas, y las tierras indígenas han quedado con menores inversiones, menos conectividad, servicios precarios.

Se podría pensar en la modernización como levantar un gran rascacielos: imponente, brillante, con luces, ascensores y aire acondicionado. Pero en los pisos más bajos los materiales son inferiores, las paredes más delgadas, el mantenimiento escaso; quienes no llegan a los pisos altos soportan filtros, escaleras rotas, luz mala. Todos están bajo el mismo edificio, pero la ejemplaridad está solo en lo visible.