El liberalismo en el Ecuador resulta fundamental para comprender la construcción del Estado moderno: por un lado, implicó la modificación de quién ejercía el poder político, y por otro, la transformación de las instituciones, las relaciones entre el poder político, la Iglesia, la sociedad, la economía y el territorio. En el Ecuador, tras la independencia de 1830, prevaleció el modelo conservador, que estaba fuertemente vinculado al poder de la Iglesia Católica, al latifundismo y a un Estado con escasa intervención en las libertades individuales (o con numerosas restricciones), lo cual reflejaba las estructuras heredadas de la colonia.

En cambio, el liberalismo abogaba por la libertad de pensamiento, culto, negocio, equidad jurídica y la importancia del Estado contemporáneo como protector de dichos derechos. No se trataba de un liberalismo abstracto, sino de un liberalismo "burgués", que también se adaptaba a nuevas clases sociales en ascenso como los comerciantes, exportadores, la burguesía costera y grupos intelectuales jóvenes.

Imagínate un edificio viejo que funciona con muebles antiguos, con iluminación tenue, pasillos angostos y muchas puertas cerradas. Para hacerlo moderno, no basta con pintar: hay que cambiar la estructura, abrir ventanas, instalar iluminación, sistemas eléctricos nuevos, asegurar que cada habitación tenga acceso al agua, al calor, a la ventilación. En el Ecuador, el liberalismo implementó algo similar: estableció nuevas normativas, estableció nuevas entidades, estableció nuevas dinámicas de poder.

Entre las modificaciones específicas se encuentra la separación entre la Iglesia y el Estado: el liberalismo abrió el camino para que el Estado dejara de ser meramente un ejecutante de las directrices de la Iglesia; se redefinió la autoridad civil, se permitió la libertad de culto y se permitió la instrucción pública de índole laica.

Antes, los registros de nacimiento, matrimonio o defunción estaban principalmente en poder de la iglesia; con el liberalismo, pasaron a ser del Estado. Además, surge la Constitución de 1897, en donde se reforzaron esas libertades, igualdad ante la ley, libertad de culto y restricciones al poder religioso.

Por otro lado, se construyó infraestructura pública moderna: ferrocarril Transandino (Quito-Guayaquil), mejoras en comunicaciones y carreteras. Esto permitió conectar regiones, consolidar la economía y aumentar la presencia estatal en territorios remotos.

Para que un Estado moderno funcione, no basta con leyes o buenos principios; necesita autoridad real, medios para imponerlas, presencia institucional en todo el territorio, capacidad de tributación, ejército u organismo que garantice seguridad y una administración que funcione.

Por ejemplo, el Estado liberal invirtió en obras públicas (ferrocarril, puentes, carreteras) que tienen función económica y política: con ellas el Estado demuestra presencia, imposición de reglamentos, obtención de impuestos y administración local bajo supervisión central.

Sin embargo, toda construcción del Estado moderno tiene resistencias: En primera instancia, la Iglesia, que pierde privilegios, tierras y autoridad moral/política; luego, encontramos el rechazo de las élites tradicionales de la Sierra, que ven en el liberalismo una amenaza a su poder local, al control de mano de obra indígena o campesina y a los sistemas tradicionales de dominación. Finalmente, la geografía resultó un desafío por la presencia de montaña versus costa y dificultades de transporte que atenúan la capacidad del Estado para llegar a todos los rincones.

El liberalismo fue un programa ideológico y un proyecto concreto de transformación institucional, social y territorial. Construyó al Ecuador moderno al redefinir qué instituciones importan, quién tiene derechos, cómo se gobierna, cómo se conecta y administra el territorio. Fue un puente entre la República temprana y un Estado nacional eficiente. Sin embargo, tampoco fue perfecto ni completo; muchos grupos sociales continuaron excluidos, y algunos logros se vieron limitados por desigualdades, resistencia o crisis económicas.

13.1 Revolución marcista

La Revolución Marcista (o de marzo de 1845) es uno de los primeros episodios decisivos del Ecuador republicano. Se alzó el 6 de marzo de 1845, en Guayaquil, contra el presidente Juan José Flores. Primer presidente constitucional del Ecuador tras la ruptura con la Gran Colombia, quien había prolongado poder, buscado modificar la Constitución para seguir en el gobierno. El levantamiento fue liderado por facciones rebeldes llamadas “marcistas”, que querían terminar con lo que consideraban un gobierno autoritario, dependiente de Flores, que estaba cerrado al cambio y a las libertades políticas.

Imagina una casa vieja con puertas tapiadas, ventanas rotas, y las personas que viven dentro quieren aire fresco, poder abrir ventanas, decidir sobre sus espacios. La revolución marcista fue como golpear esas puertas que impedían el paso del aire: exigía abrir espacios de participación, limitación del poder absoluto y responsabilidad política.

Entonces, surge el cambio de gobierno: se derroca a Flores, y se da paso a un nuevo régimen con líderes más inclinados al liberalismo o a modelos mixtos, como Diego Noboa, Vicente Ramón Roca, etc. Con ello, se puso fin a la denominada “dominación extranjera militar” y disminución del poder autoritario personalista. Flores había contado hasta con influencias externas, dependencias militares que lo apoyaban. Con la Revolución Marcista se produce una valoración mayor de la institucionalidad.

Entre los logros de la revolución marcista podemos destacar que se instalan nuevas autoridades, constituciones que intentan reglamentar el ejercicio del poder y evitar reelecciones arbitrarias, así como mejora de algunas libertades políticas, aunque muchas restricciones permanecieron, especialmente en regiones alejadas, o derechos de indígenas campesinos.

Las principales limitaciones se dieron por la persistencia de estructuras sociales coloniales, como la desigualdad, la concentración de la tierra, la exclusión política de indígenas y de montubios en muchos espacios, un Estado aún débil en muchos territorios, comunicaciones lentas, falta de infraestructura y escasa presencia estatal efectiva en áreas rurales.

Como legado se puede mencionar que la Revolución Marcista abrió la posibilidad de que el Ecuador dejara de ser gobernado por figuras autoritarias y de imposiciones constitucionales. Fue un precedente para posteriores revoluciones (como la Liberal) de que el cambio institucional y político es posible.

La Revolución Liberal (5 de junio de 1895 en adelante) es, junto con la Revolución Marcista, uno de los grandes horizontes de transformación en la historia ecuatoriana.

El conservadurismo había dominado durante décadas, con gobiernos como el de García Moreno, con fuerte alianza Estado-Iglesia, control clerical sobre educación y cultura y privilegios de clases tradicionales, emergencia de la burguesía exportadora de la Costa (cacao, comercio, banca), que demandaba mayor libertad económica, menores barreras fiscales y políticas y una institucionalidad más moderna. Así como malestar popular frente a abusos de poder, corrupción (por ejemplo, el escándalo de la llamada “Venta de la bandera”), oligopolios terratenientes, el sometimiento de mano de obra indígena o campesina bajo condiciones injustas.

El 5 de junio de 1895 se proclama en Guayaquil la rebelión liberal, bajo liderazgo de Eloy Alfaro, quien se asocia con sectores diversos: exportadores costeros, comerciantes, intelectuales, sectores populares, trabajadores urbanos, campesinos. Se libraron batallas (Batalla de la Carreta, Batalla de Gatazo) contra los conservadores. Alfaro, tras entrar al poder, convocó constituyentes, sancionó la Constitución de 1897 e impulsó reformas profundas.

Entre las reformas principales podemos encontrar:

1. Educación laica, gratuita, enseñanza pública, temporalizarla bajo control del Estado. Se crearon escuelas normales para maestras.
2. Separación Iglesia-Estado, libertad de culto, abolición del catolicismo como religión oficial.
3. Registro civil, matrimonio civil con posibilidad de divorcio.
4. Obras públicas: ferrocarril, carreteras, comunicaciones, para articular Costa y Sierra.

Imagina una ola que parte fuerte con energía, golpea la costa con fuerza, luego se extiende hacia el interior, pero va perdiendo algo de fuerza, modera su fuerza, se fragmenta, se difumina, hasta volverse más llana. Algo similar pasó: la fase radical liberal (1895-~1912) fue vigorosa; luego, tras la Hoguera Bárbara (1912) y la muerte de Alfaro, el liberalismo toma una dirección más moderada o, como algunos dicen, “plutocrática”: dominada por intereses económicos fuertes, con menos impulso social.

Las reformas permitieron la transformación real del Estado por medio del establecimiento de instituciones laicas, modernización administrativa, presencia estatal más fuerte fuera de los centros urbanos, así como la reconfiguración social, pues hubo avances para mujeres, para trabajadores, para algunos sectores indígenas o campesinos, por medio del reconocimiento legal de sus derechos básicos civiles. Se implantó la idea de ciudadanía, de derechos, de participación política, de respeto a la ley como algo más importante que el orden tradicional.

No todos los grupos sociales se beneficiaron por igual: la Costa se volvió el centro del poder liberal mejor que la Sierra; en zonas rurales indígenas las condiciones siguieron siendo adversas. Además, las crisis económicas mostraron que la dependencia exportadora tenía sus vulnerabilidades, a lo que se sumaron fragmentaciones internas del liberalismo entre radicales versus moderados, intereses de élites versus demandas populares.

Los conflictos regionales y los actores sociales son fundamentales para entender cómo se desarrollaron la Revolución Marcista, la Revolución Liberal y, en general, la historia política del Ecuador.

Iniciemos con la identificación de los principales actores sociales de la época descritos a continuación:

Indígenas y campesinos: muchas veces marginados, sujetos de “derechos coloniales” o de relaciones de dependencia, con escasa participación política, con cargas fiscales desproporcionadas, con poca educación.

Burguesía comercial/exportadora de la costa:productores de cacao, comerciantes, banqueros. Tenían interés en libertad económica, exportaciones sin muchas trabas aduaneras, infraestructuras para sacar su producto al mercado.

Terratenientes andinos (Sierra): propietarios agrícolas, con grandes haciendas; su base de poder era local, con dominio sobre campesinos indígenas bajo formas tradicionales de trabajo agrícola, muchas veces con obligaciones personales o tributo.

Trabajadores urbanos: artesanos, obreros en las ciudades costeras (Guayaquil, etc.), con demanda de derechos laborales, mayor participación política.

La Iglesia: actor social poderoso, no solo religioso, sino con gran capacidad de educación, propiedad de tierras, influencia moral, medios de comunicación y redes sociales tradicionales.

Piensa en un país como un sistema de ríos que fluye hacia un lago; los tributarios de la Costa y la Sierra tienen diferentes fuentes, diferentes pendientes, diferentes vientos que los azotan. A veces, uno se celebra más: la Costa ganó fuerza durante el liberalismo, pero antes la Sierra era la sede del poder conservador.

Como en otros períodos históricos, los conflictos regionales se hacían presentes, pues desde los albores de la República, la discordia entre la región costeña (más abierta al comercio internacional, con puerto y exportación) y la región andina (más cerrada, más control tradicional, mayor presencia de la Iglesia) fue una fuente central de tensión. Bajo el liberalismo, la Costa ganó influencia política e impulsó sus intereses económicos.

La rivalidad regional se replica en la ciudad versus campo, dado que los centros urbanos crecían, tenían clases medias, trabajadores, ideólogos, periódicos, prensa, mientras que el campo muchas veces permanecía con relaciones tradicionales, menor infraestructura y aislamiento. De hecho, las reformas liberales intentaron penetrar al campo, pero con desigual éxito.

También se podía encontrar competencia entre las localidades versus el poder central. Muchos municipios, provincias, actores regionales querían conservar autonomía, privilegios fiscales y sus costumbres; mientras que el Estado moderno liberal buscó estandarizar, centralizar, imponer leyes nacionales, lo que chocaba con actores locales.

Por otro lado, los actores sociales se convirtieron en agentes de cambio: la burguesía costera financió y movilizó rebeliones; los intelectuales sustentaron la ideología; las clases populares protestaron participando en batallas; mientras que los indígenas resistieron o negociaron. El liberalismo no habría triunfado sin la conjunción de esos actores.

Este tema combina dos aspectos: las leyes y normas sociales que se promulgan, y las formas en las que el Estado busca controlar el territorio.

Las leyes son los reglamentos que rigen una casa común; sin ellos, cada uno actúa según su interés y la convivencia sufre; con leyes bien diseñadas, hay equidad y se protege a quienes están más débiles.

En la revolución liberal, una parte importante del programa legal fue social, por medio de la promulgación de leyes que favorecen la igualdad ciudadana, eliminan privilegios legales antiguos (como los fueros eclesiásticos), permiten el matrimonio civil, el divorcio, libertad de culto e instrucción pública laica. La legislación social también incluyó mejores políticas educativas, acceso estatal a la enseñanza, creación de instituciones de salud pública, etc., aunque con avances limitados inicialmente.

Además, durante la Revolución Marcista hubo intentos de reformar leyes para limitar reelecciones arbitrarias, reorganizar la administración del Estado y reforzar constituciones. Estas normas políticas tienen también dimensión social porque establecen derechos ciudadanos.

Por otro lado, el control territorial se refiere tanto al dominio geográfico como al dominio institucional: el Estado debe ser capaz de administrar, imponer leyes, recaudar impuestos y ejercer autoridad de manera efectiva sobre el territorio.

Si pensamos en el territorio como un jardín, el control territorial es como cercarlo, sembrar caminos, regar, cuidar cada planta; si solo lo ves desde lejos, las áreas centrales estarán bien, pero los bordes se llenarán de maleza.

También surge el establecimiento de jurisdicciones nacionales uniformes: leyes nacionales, constituciones, registros civiles, juzgados estatales, municipios dependientes del Estado nacional, lo que implica que todo territorio esté bajo la misma ley. Dicha legislación regulaba la tierra, la propiedad y los derechos indígenas, tratando de imponer estructuras legales nacionales sobre tierras comunales y huasipungos, con lo que hubo conflictos.

Si comparamos la Revolución Marcista con la Liberal, encontramos que en el primer caso hubo limitado alcance social; su legislación política más centrada en cambiar gobierno, en evitar dictaduras, en reglamentar poder; control territorial más débil por falta de recursos, terreno difícil y escasa infraestructura. Mientras que en la Liberal hubo un alcance legislativo de carácter social, más inversiones en infraestructura, mayor voluntad estatal de penetrar territorios distantes e interconectar regiones.

La Revolución Juliana, ocurrida el 9 de julio de 1925, constituye uno de los eventos políticos más significativos del Ecuador del siglo XX. Este movimiento fue protagonizado por oficiales jóvenes del Ejército, conocidos como los “julianos”, quienes derrocaron al régimen plutocrático para instaurar un Estado moderno, intervencionista y socialmente responsable.

El contexto previo era crítico: la crisis del cacao había desplomado la economía, el desempleo aumentaba y los bancos mantenían el control del Estado. Las injusticias sociales y la represión de las protestas habían generado un clima de indignación generalizada. Los militares jóvenes, influenciados por las ideas de justicia social y el nacionalismo económico que circulaban en América Latina, consideraron que la única forma de salvar la nación era intervenir directamente en la política.

La Revolución Juliana no fue un golpe militar tradicional, sino un movimiento reformista con visión de Estado. Los julianos establecieron una Junta de Gobierno Provisional, integrada por figuras como Luis Napoleón Dillon y Francisco Gómez de la Torre, y comenzaron a impulsar una serie de reformas estructurales. Su objetivo principal era sustituir el Estado oligárquico por un Estado técnico y planificador, capaz de regular la economía y garantizar la equidad social.

Entre las principales reformas impulsadas destacan la creación del Banco Central del Ecuador (1927), la Superintendencia de Bancos y la Caja de Pensiones, instituciones que marcaron el inicio del Estado moderno ecuatoriano. Estas medidas buscaban terminar con el control financiero de la plutocracia y estabilizar la moneda nacional, dando al Estado un papel activo en la economía.

En el ámbito social, los julianos promovieron la legislación laboral, el impulso a la educación técnica y la participación de nuevos sectores en la vida política. Aunque el movimiento no tuvo un liderazgo civil claro, sus medidas reflejaron una preocupación genuina por el bienestar colectivo y por la necesidad de un Estado que interviniera en la economía con sentido de justicia.

La legislación laboral propuesta por los julianos se enfocó en establecer por primera vez un marco de derechos laborales y en darle al Estado un rol activo en su regulación y aplicación asignándole un papel de intermediario y regulador entre trabajadores y empleadores, designando comités para dictar normativas y reglamentos. Algunos de sus legados importantes fueron la creación del Ministerio de Trabajo, como una entidad estatal para supervisar las relaciones laborales y defender los derechos de los trabajadores, la regulación de las jornadas laborales y el reconocimiento de los derechos de asociación y huelga, aunque la recopilación y consolidación definitiva de estas leyes culminó en el Código del Trabajo de 1938.

Por otro lado, los julianos impulsaron la educación técnica mediante la promoción de obras públicas que fomentaron la modernización y la necesidad de oficios, como el ferrocarril que conectó a la Sierra y la Costa. Esta iniciativa buscaba integrar a la población a la economía agroexportadora y al mismo tiempo, impulsaba la modernización social, fomentando la adquisición de habilidades técnicas para el trabajo y el comercio.

A pesar de sus avances, la Revolución Juliana enfrentó contradicciones internas. Los sectores conservadores la acusaron de autoritaria, mientras que los obreros y campesinos consideraron que las reformas fueron insuficientes. Hacia 1931, con la caída del gobierno de Isidro Ayora (uno de los presidentes derivados de la revolución), el proyecto juliano se debilitó, aunque sus legados institucionales perduraron.

En perspectiva, la Revolución Juliana representó el inicio de la modernización institucional del Ecuador. Su legado más duradero fue la creación de un Estado regulador, con instrumentos financieros propios y una visión de desarrollo nacional. Marcó el tránsito de un país dominado por élites comerciales a otro que empezaba a concebir la justicia social como una función del Estado.