La ciudadanía, que se entiende como la condición que vincula a un individuo con un Estado otorgándole derechos y deberes, ha sido objeto de múltiples transformaciones en la era de la globalización. Estudios de ciudadanía sostienen que no basta con que una persona tenga un pasaporte o un documento: la ciudadanía también implica reconocimiento, participación y poder en la comunidad.

En cuanto a la territorialidad y recursos, es preciso comprender que territorialidad implica la dimensión geográfica, la relación entre comunidad y poder, un espacio físico; y, por recursos se identifica a los bienes naturales, la tierra, el agua, los minerales, instrumentos de participación política como el voto o la organización, herramientas gubernamentales como la administración pública o el poder estatal y medios económicos que se encuentran en un territorio.

Muchos Estados han fundamentado su soberanía en la idea de que controlan un territorio delimitado y los recursos que hay en él: tal como lo explican los estudios sobre derechos territoriales, el control de un área geográfica implica tres tipos de atribución: jurisdicción, regulación de flujos de personas y bienes; y, la explotación de recursos naturales.

Pensemos en un ejemplo: un Estado posee una región montañosa con agua abundante, bosques y minerales. Si los habitantes de esa región tienen documentos de ciudadanía, pero el Estado no reconoce sus derechos a ese territorio o permite que empresas extranjeras exploten sin consulta o beneficio local, entonces surge una tensión entre ciudadanía formal (tener nacionalidad) y ciudadanía real (tener los derechos efectivos). En la perspectiva global, esta tensión se intensifica: la economía global, las cadenas de producción transnacionales, los movimientos migratorios y las redes supranacionales reducen la vinculación clásica entre “ciudadano”, “territorio” y “recursos”.

En una perspectiva global, esto plantea grandes preguntas de justicia. ¿Quién tiene derecho a los recursos de un territorio? ¿Los ciudadanos locales, el Estado nacional, las empresas transnacionales, o la humanidad en su conjunto? Desde la teoría política se ha debatido la justicia territorial y la justicia de los recursos.

Desde la ciudadanía, entonces, el cambio histórico se aprecia en varios sentidos:

• Expansión de los espacios de ciudadanía: ciudadanía nacional, local, regional, global.
• Desvinculación relativa del territorio: los ciudadanos pueden tener derechos aun cuando estén fuera de su país, o residir en territorios en disputa, lo que diluye la conexión entre ciudadanía y territorio fijo.
• Recursos como factor de ciudadanía real: los derechos efectivos de ciudadanía (agua, tierra, participación) dependen cada vez más de la capacidad de los ciudadanos para acceder, controlar y beneficiarse de los recursos en su territorio o más allá.
• Tensiones entre soberanía territorial, globalización y justicia: Cuando los recursos son gestionados por actores externos o las cadenas globales los atraviesan, la pertenencia nacional puede no garantizar control local, lo que afecta la eficacia de la ciudadanía.

El cambio histórico refleja que en el mundo globalizado la ciudadanía no se reduce a “tener un pasaporte”, sino a la posibilidad de participar, beneficiarse y ejercer control sobre los recursos de un territorio —y ese territorio pasa a estar en un sistema interconectado.

15.1 Ciudadanía formal vs. práctica

El contraste entre ciudadanía formal y ciudadanía en la práctica —o lo que podría llamarse ciudadanía sustantiva— ha sido una preocupación recurrente en los estudios políticos y sociales. Para entenderlo, primero definamos ambas: la ciudadanía formal se refiere al estatus legal que una persona tiene en relación con un Estado, es decir, que posee nacionalidad, pasaporte, derechos formales de voto, etc. En cambio, la ciudadanía en la práctica refiere al grado en que esas personas efectivamente pueden ejercer los derechos y asumir los deberes que su ciudadanía implica, participar, influir en decisiones, acceder a los bienes públicos y ser tratados como iguales.

En la historia, muchos regímenes modernos adoptaron cartas de derechos y constituciones que garantizan derechos de ciudadanía. Pero la práctica ha mostrado que existir jurídicamente no garantiza materialmente la ciudadanía plena. Un ejemplo práctico es cuando en un país existe el derecho al voto (ciudadanía formal) pero comunidades rurales muy remotas no tienen acceso a centros de votación, por tener analfabetismo, haber intimidación, o simplemente no ser informadas adecuadamente, entonces su ciudadanía práctica está limitada.

A continuación, se identifican varias fases del cambio histórico de la ciudadanía.

• Primera fase (ciudadanía como estatus legal): en los siglos XIX y XX la ciudadanía fue concebida como vínculo jurídico-político dentro del Estado-nación: ser miembro de un Estado daba derechos y deberes.
• Segunda fase (ampliación formal): con las luchas por derechos civiles, de género, de raza y de expresión, muchos grupos obtuvieron legalmente la ciudadanía o derechos formales.
• Tercera fase (ciudadanía práctica y de ejercicio): más recientemente, se enfatiza la participación, la capacidad real de ejercer esos derechos y la justicia de procesos y condiciones materiales. La ciudadanía pasa a entenderse también como práctica – participación, acceso, igualdad de condiciones.

El control territorial y los recursos humanos constituyen un binomio clave para comprender cómo los Estados, las organizaciones políticas y los actores no estatales gestionan el poder, la población y el trabajo en un territorio. Históricamente, el control del territorio ha sido fundamental para la gobernanza: sin control efectivo de un espacio, el poder estatal o de un actor tiende a debilitarse. Al mismo tiempo, los recursos humanos —trabajo, población, capital humano— son esenciales para que el territorio sea productivo, esté gobernado y reditúe beneficios.

Desde un enfoque histórico, poco a poco el Estado moderno fue construyendo mecanismos de control del territorio (fronteras, administración, policía, registro de tierras) y de movilización de recursos humanos (censos, educación, fuerza laboral, ejército). El control territorial garantizaba la soberanía; los recursos humanos garantizaban la capacidad de acción: producción económica, servicio militar, participación en la economía global, etc.

El vínculo entre territorio y recursos humanos puede también verse en conflictos contemporáneos: zonas donde el Estado tiene escaso control territorial suelen presentar problemas de gobernabilidad, economía informal, deficiencia en servicios públicos, movilidad limitada, etc. Asimismo, los recursos humanos (trabajadores, población) se distribuyen, migran, se desalientan o se movilizan dependiendo del control que exista sobre el territorio: por ejemplo, un territorio sin seguridad estatal puede perder población, o sufrir desplazamientos.

Otro enfoque es el de la “gobernanza territorial” de comunidades que controlan su propio territorio y gestión de recursos humanos, como comunidades indígenas o rurales que recuperan la gestión del territorio y del trabajo asociado.

El cambio histórico, entonces, puede visualizarse en varias etapas:

• En la etapa colonial, el control territorial era menos preciso, con fronteras abiertas, señoríos e imperios expansivos. La movilización de recursos humanos muchas veces estaba basada en servidumbre, esclavitud o relaciones de vasallaje.
• Con la modernización del Estado nación (siglos XIX-XX) se amplió el control estatal del territorio, con fronteras definidas y los recursos humanos se convirtieron en población ciudadana, trabajadora, militarizada, regulada.
• En la era contemporánea, los recursos humanos y el territorio interactúan cada vez más con procesos globales: migración internacional, trabajo transnacional, cadenas globales de producción, zonas económicas especiales. El control territorial se amplía o compite con actores no estatales (transnacionales, comunidades indígenas, redes criminales).

Comprender los cambios históricos en la dimensión hemisférica e internacional exige analizar cómo los Estados-nación y las comunidades globales se han insertado en estructuras más amplias, tanto regionales como globales. El hemisferio occidental (las Américas) ofrece un excelente escenario para observar estos procesos, donde relaciones de poder, tratados, instituciones regionales e inserción global han modelado la ciudadanía, la territorialidad, los recursos y los derechos humanos.

A partir del siglo XX, los países de América Latina y el Caribe se enfrentaron a su relación con el país hegemónico del hemisferio, Estados Unidos, y con procesos globales —la guerra mundial, la Guerra Fría, la globalización— que afectaron su inserción internacional.

En el hemisferio oriental, la parte europea de Rusia es significativa en términos de población y economía en relación con otras naciones. En términos históricos, muchos países de Europa del Este, como Ucrania, Polonia y los países bálticos, fueron parte de la Unión Soviética o estaban bajo su influencia durante la Guerra Fría, lo que dejó como herencia una profunda huella en las estructuras políticas, económicas y sociales de otros países, así como en movimientos hacia la independencia y la democratización. Un ejemplo concreto es el caso de Alemania, que ha liderado la integración económica en la Unión Europea, promoviendo políticas de austeridad y estabilidad fiscal que han impactado a países como Grecia y Portugal durante la crisis de deuda europea. Su modelo de economía social de mercado ha servido como referencia para otras naciones en desarrollo

Esta herencia dejó una profunda huella en las estructuras políticas, económicas y sociales de estos países, así como en sus movimientos hacia la independencia y la democratización.

Históricamente, podemos identificar varios hechos o épocas determinantes:

1. Imperial/colonial y poscolonial (siglos XIX-XX): los países latinoamericanos emergen del colonialismo y construyen Estados-nación; al mismo tiempo, se insertan en estructuras hemisféricas de influencia.
2. Guerra Fría y sistema internacional bipolar: las Américas vivieron el alineamiento con bloques, política de seguridad hemisférica e intervenciones.
3. Globalización y regionalización (finales siglos XX-XXI): proliferan instituciones regionales como la Organización de los Estados Americanos – OEA—, bloques comerciales, redes transnacionales como la OTAN, ONU, OIT; e, inserción de países en cadenas globales y una creciente importancia de normas internacionales.

En esta dinámica, el ciudadano de un país latinoamericano ya no está solo vinculado nacionalmente, sino que opera en un escenario global: migraciones, tratados comerciales, organismos multilaterales, normativa internacional.

Por ejemplo, cuando un país firma un tratado comercial internacional, está aceptando reglas externas que afectan la distribución de recursos, derechos de los trabajadores y regulación ambiental. Esto repercute en la ciudadanía local, en la territorialidad al abrirse a inversión extranjera, y en los recursos explotados por empresas externas. La inserción internacional modifica el control estatal clásico.

La violencia y la exclusión interseccional constituyen una de las líneas más críticas de análisis contemporáneo, pues muestran cómo múltiples ejes de opresión se entrecruzan, entre ellos se puede mencionar: género, raza, clase, etnia, discapacidad, orientación sexual.

Para desarrollar este tema, se proponen tres momentos históricos: la violencia estructural-histórica, la violencia contemporánea marcada por intersecciones, y la voluntad de inclusión y transformación hacia derechos humanos.

La violencia estructural-histórica: Desde las sociedades coloniales hasta el siglo XX, grupos racializados, pueblos indígenas, mujeres y personas con discapacidad han sido objeto de violencia sistemática en relación con la propiedad, el trabajo forzado, la exclusión política. Esta violencia no fue siempre explícita como “interseccional”, pero sí operó a través de múltiples ejes: por ejemplo, la esclavitud de mujeres negras implicaba género, raza y clase al mismo tiempo. Un estudio sobre la violencia contra las mujeres muestra que “la violencia es un arma estratégica para conseguir el poder y la división de los sujetos en objetivos del capital”.

Violencia contemporánea y exclusión interseccional: Aquí el enfoque interseccional permite reconocer que una mujer indígena, por ejemplo, sufre violencia por su género, su etnia, clase social y situación territorial. Un estudio sobre mujeres con diversidad funcional analiza cómo la violencia de género afecta de modo distinto a mujeres con discapacidad: “este doble obstáculo: por un lado, […] entre movimientos sociales que trabajan por objetivos afines y, por otro lado, desarrollando legislaciones y políticas públicas que no reproduzcan la exclusión de grupos sociales tradicionalmente marginalizados.” Es decir, la violencia no se distribuye homogéneamente, sino que se acumula en quienes están en la intersección de varias formas de subordinación.

Transformaciones y retos hacia la inclusión: Desde los movimientos de derechos humanos, las agendas de paz, las políticas de igualdad, ha crecido el reconocimiento de que para abordar la violencia y la exclusión hay que tener en cuenta las intersecciones. Un documento de UN Women sobre exclusión en contextos de conflicto o transición afirma que “la comprensión de las formas interseccionales de vulnerabilidad y discriminación es cada vez más reconocida como clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda ‘No dejar a nadie atrás’”.

Históricamente, el cambio más importante radica en pasar de una visión lineal de la violencia (violencia contra las mujeres, violencia racial) a una visión matricial que reconoce entrecruzamientos. Así, las políticas están evolucionando de “violencia de género” general a “violencia de género + raza + clase”, etc. El desafío es que muchas políticas aún funcionan de forma segmentada, sin capturar esas intersecciones.

Históricamente, el modelo del extractivismo ha sido uno de los ejes estructurantes de las economías latinoamericanas desde la colonización europea. Durante la época colonial, la explotación minera —como la plata del Potosí o el oro de Nueva Granada—configuró la economía, las jerarquías sociales, los sistemas de trabajo forzado y formas de ocupación del territorio. En el siglo XIX y XX, el extractivismo adoptó nuevas facetas: caucho, petróleo, banano, cobre y soja, entre otros productos, continuaron enmarcando a América Latina en un rol de proveedor global de materias primas.

La figura que visualizamos en pantalla representa una de las principales formas de extractivismo que es la minería.

Una forma útil de comprender este fenómeno es mediante la analogía del “granero del mundo”: América Latina ha sido tratada como una despensa en la que otras potencias abren la puerta, toman recursos y los transforman industrialmente, mientras los países extractores quedan con una fracción menor del valor generado. Este mecanismo estructural ha producido dependencia económica, vulnerabilidad frente a la fluctuación de precios internacionales y presiones sobre los ecosistemas.

El extractivismo contemporáneo es mucho más complejo que sus versiones anteriores, pues promueve actividades adicionales a las mineras o petroleras, como el agronegocio industrial, la pesca a gran escala, la deforestación para monocultivos, la bioprospección y, en algunas lecturas, el turismo masivo. Se ha desarrollado una lógica de expansión ilimitada, que requiere grandes extensiones de territorio, infraestructura asociada (carreteras, represas, puertos) y un marco regulatorio favorable a las inversiones.

La figura que visualizamos en pantalla refleja una nueva forma de extractivismo que es el turismo masivo.

Sin embargo, desde principios del siglo XXI, diversos países experimentaron un auge de precios de materias primas —el llamado superciclo de los commodities— que permitió financiar políticas sociales, infraestructura y reducción de pobreza. Este proceso generó tensiones: por un lado, gobiernos progresistas defendían el extractivismo como vía de redistribución; por otro, movimientos sociales denunciaban la profundización de la dependencia económica y la destrucción ambiental.

La fotografía es el reflejo de movimientos sociales enfocados en el cuidado ambiental y crítica a extractivismo.

A continuación, se expone brevemente una serie de estadísticas en el panorama global del extractivismo contemporáneo:

1. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la minería sigue siendo un motor económico global, pero con enormes impactos territoriales y sociales: la demanda de arena para la construcción se ha triplicado en las últimas dos décadas y hoy se estima en alrededor de 50.000 millones de toneladas al año, lo que genera presión sobre ríos, costas y ecosistemas costeros. Además, los informes sectoriales muestran que la exposición de minas a riesgos climáticos y de gobernanza crece: evaluaciones recientes indican que una fracción importante de minas industriales podría verse afectada por precios del carbono o riesgos físicos relacionados con el clima en la próxima década. Estas presiones incluyen creación de relaves, contaminación de aguas y desplazamiento de comunidades.
2. La producción mundial de petróleo experimentó incrementos significativos en 2022 con un aumento de ≈3,8 millones de barriles por día según análisis estadísticos energéticos, manteniendo al sector fósil como uno de los principales impulsores de emisiones y de degradación ambiental local como efecto de derrames, contaminación del aire y del agua e impactos en ecosistemas. Las inversiones en energía siguen divididas entre combustibles fósiles y tecnologías limpias, con flujos de capital que todavía sostienen la expansión de infraestructura extractiva en muchas regiones.
3. El agronegocio industrial de soja, palma y ganadería a gran escala explican una porción dominante de la deforestación comercial: estudios que sintetizan datos globales estiman que entre estos rubros se concentra la mayor parte de la pérdida de bosques tropicales asociada a agricultura/comercialización. Por ejemplo, la conversión de bosques a pasturas representó decenas de millones de hectáreas entre 2001 y 2015, con Brasil concentrando una porción muy alta de esa transformación. Estos procesos de expansión intensiva de monocultivos están detrás de pérdidas de biodiversidad, emisiones de carbono y cambios en los medios de vida rurales.
4. Los informes oficiales de la FAO muestran que la presión sobre los recursos pesqueros sigue siendo alta: en el último balance completo, alrededor del 35–37 % de los stocks marinos estaban sobreexplotados.
5. Sobre el turismo masivo, se destaca que estudios recientes estiman que las actividades turísticas (especialmente transporte aéreo) explican entre el 8 al 10 % del calentamiento antropogénico, lo que muestra que el turismo de masas tiene una huella climática y local importante debido a la presión que ejerce sobre ecosistemas costeros, generación de residuos y consumo de agua.

América Latina ha sido epicentro de la expansión agropecuaria y de proyectos extractivos. Datos sobre la Amazonía muestran variaciones interanuales importantes (picos y descensos según políticas y vigilancia), pero el fenómeno acumulado ha significado millones de hectáreas convertidas en pastura, cultivos (soja, palma) o explotadas por minería, con impactos en captura de carbono y biodiversidad regional. Por otro lado, en países andinos y amazónicos, la minería aurífera artesanal y de pequeña escala es una de las principales fuentes de contaminación por mercurio a nivel mundial, afectando ríos, peces y comunidades indígenas y rurales. El problema es particularmente agudo en zonas como Madre de Dios (Perú), la Amazonía brasileña y áreas de Colombia y Ecuador, lo que ha generado desigualdades y afectación a medios de vida local, generando descontento en nuestros pueblos.

A partir de esas tensiones emergen alternativas al extractivismo. Las más conocidas incluyen:

• Neoextractivismo progresista y regulado. Propuesto por algunos gobiernos sudamericanos, consiste en mantener el extractivismo pero aumentar la captación estatal, mejorar la distribución de sus beneficios y fortalecer la regulación ambiental. Un ejemplo es la renegociación de contratos petroleros y mineros en la década de 2000. Sin embargo, sus críticos señalan que, pese a la redistribución, no modifica la dependencia estructural ni resuelve los impactos socioambientales.
• Economías diversificadas. Se propone abandonar la extracción intensiva y promover sectores como la industria manufacturera de alto valor agregado, tecnologías de la información, bioeconomías sostenibles, turismo responsable y agroecología. Esta alternativa apunta a cambiar el lugar de los países del Sur Global en la cadena productiva global, pasando de exportadores de materias primas a productores de bienes sofisticados.
• Post-extractivismo. Un proyecto más radical que busca reducir las tasas de extracción, priorizar el bienestar comunitario y reorganizar la economía desde principios ecológicos. Palabras como Buen Vivir, economías solidarias, autonomía territorial y transiciones socio ecológicas son fundamentales para este enfoque.
• Alternativas comunitarias. En muchos territorios, especialmente indígenas y campesinos, se han desarrollado prácticas económicas donde la producción no se organiza en torno al lucro, sino a la reproducción de la vida. Un ejemplo es la gestión comunitaria del agua en Bolivia o las redes de agroecología en México y Brasil.

En términos históricos, las alternativas al extractivismo constituyen respuestas contemporáneas a un problema de larga duración: cómo superar la dependencia económica sin sacrificar el bienestar social ni los ecosistemas. Si en el pasado la extracción se vio como el camino inevitable hacia el desarrollo, hoy los debates socio-políticos cuestionan esa narrativa y plantean modelos basados en justicia ambiental, autodeterminación de los pueblos y diversificación económica.

La crítica al extractivismo ha crecido con fuerza en las últimas décadas gracias a movimientos sociales, comunidades indígenas, organizaciones ambientales y académicos de diferentes disciplinas. Estas críticas pueden agruparse en cuatro dimensiones: económica, ambiental, social y política.

Las críticas económicas mantienen el criterio de que el extractivismo perpetúa la dependencia de los precios internacionales, lo que provoca ciclos de bonanza y crisis. Países como Venezuela, Ecuador o Bolivia han experimentado cómo una caída en los precios del petróleo o minerales puede desencadenar crisis fiscales severas. Esta situación es como depender de un solo cliente en un negocio: si ese cliente deja de comprar, toda la economía se ve comprometida. Además, el extractivismo limita la diversificación productiva. Cuando un país concentra su inversión en minería o petróleo, descuida sectores como la educación tecnológica, manufactura o investigación científica. Esto refuerza el rezago respecto a países que se industrializaron.

Las críticas ambientales son quizás la dimensión más visible. La minería a cielo abierto implica deforestación masiva, contaminación de ríos con metales pesados y destrucción de ecosistemas. La extracción petrolera genera derrames, quema de gas y fragmentación territorial. El agronegocio conlleva uso intensivo de agroquímicos, pérdida de biodiversidad y acaparamiento de tierras. Los impactos ambientales no son lineales ni aislados: se encadenan y amplifican. Un derrame de petróleo afecta primero a un río, luego a los peces, después a la salud humana, y finalmente a la economía local. Es como arrojar una piedra en un estanque: las ondas se expanden mucho más allá del punto inicial.

En cuanto a las críticas sociales, la expansión extractiva suele desembocar en conflictos territoriales. Comunidades indígenas —como los mapuche en Chile, los sarayaku en Ecuador o los guaraní-kaiowá en Brasil— han denunciado violaciones a sus derechos, desplazamientos forzados y criminalización de líderes comunitarios. La promesa de empleo y desarrollo raramente se cumple: la minería y el petróleo generan pocos empleos directos y, a menudo, mano de obra especializada proviene de otros países o regiones.

Desde las críticas políticas se argumenta que las grandes corporaciones multinacionales influyen en legislación, decisiones gubernamentales y políticas fiscales. Esto genera lo que algunos autores llaman Estados rentistas, dependientes de ingresos extractivos y, por tanto, menos transparentes y democráticos. Otra crítica es la "ilusión extractiva": gobiernos justifican los daños ambientales con la promesa de futuros beneficios económicos, pero esos beneficios suelen concentrarse en élites mientras los costos recaen sobre comunidades marginalizadas.

La imagen muestra los diferentes enfoques desde los cuales se critica al modelo económico basado en el extractivismo.

Las transiciones pos-extractivistas son procesos graduales que buscan superar el modelo basado en la extracción intensiva de recursos naturales. No implican cerrar inmediatamente la minería o el petróleo, sino rediseñar la economía para reducir dependencia, impactos ambientales y desigualdades.

Las dimensiones clave de la transición son: económica, ambiental, social y política. Las transiciones económicas requieren diversificación: energías renovables, industrias verdes, agroecología, economía circular, ciencia y tecnología. Implica, además, redistribuir los beneficios actuales del extractivismo para financiar nuevos sectores.

La fotografía es una evidencia del aprovechamiento de recursos naturales para generar energía, lo cual representa una propuesta de las transiciones post-extractivistas.

En lo ambiental, incluye restauración de ecosistemas, protección de cuencas, reducción de emisiones y recuperación de territorios afectados. El objetivo es que la economía se adapte a los límites ecológicos.

Lo social requiere fortalecer la autonomía territorial, los derechos de los pueblos indígenas y las economías locales. Implica reemplazar empleos extractivos por ocupaciones en sectores verdes o comunitarios.

Las transiciones políticas deben estar acompañadas de reformas institucionales: transparencia, participación ciudadana y control democrático sobre los recursos.

En el gráfico se visualizan varias personas que aportan con distintas formas en la construcción de una imagen integradora, lo cual representa la dimensión social que requiere la transición pos-extractivista.

Algunos ejemplos de transiciones relevantes son:

• Costa Rica: aunque no es pos-extractivista en sentido pleno, su transición energética y su modelo de conservación forestal son referentes.
• Uruguay: logró una transformación profunda en energías renovables, disminuyendo su dependencia de combustibles fósiles.
• Zonas indígenas amazónicas: iniciativas de conservación comunitaria, como la del pueblo Sarayaku, muestran micro transiciones desde principios del Kawsak Sacha (Selva Viviente).

Las economías transformadoras buscan reorganizar el sistema económico para centrarlo en la vida, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Se presentan como una alternativa práctica y teórica al extractivismo, al neoliberalismo y al productivismo.

Algunos principios relevantes de las economías transformadoras y eco-comunitarias son:

1. Bienestar por encima del crecimiento económico.
2. Gestión comunitaria de bienes comunes.
3. Economía circular y regenerativa.
4. Participación democrática.
5. Inclusión de saberes tradicionales e indígenas.

Las economías comunitarias están basadas en el trabajo colectivo y la reciprocidad. Ejemplos:

• Sistemas de minga en los Andes.
• Cooperativas agrícolas y financieras.
• Redes de trueque.

Estas prácticas reconfiguran la economía no como mercado, sino como tejido social.

Por otro lado, el eco-comunitarismo es una propuesta ético-política y socioeconómica que plantea reorganizar la vida colectiva a partir del equilibrio entre comunidad y naturaleza. Se fundamenta en la idea de que el bienestar humano solo es posible si se respeta la integridad de los ecosistemas, y que las decisiones económicas deben ser tomadas de manera participativa, priorizando la reproducción de la vida por encima del lucro. En este modelo, los bienes comunes —como el agua, los bosques o la tierra— se gestionan de forma colectiva, mientras que las actividades productivas se orientan a la sostenibilidad, la reciprocidad y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. El eco-comunitarismo, en esencia, propone vivir bien con menos, pero mejor: construir sociedades donde la cooperación, la justicia ecológica y la autonomía territorial sustituyan las lógicas extractivas y competitivas del sistema económico dominante.

El gráfico refleja varios principios con los cuales se construye el eco-comunitarismo, como por ejemplo, la participación ciudadana, cooperación y fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Ecuador es uno de los laboratorios sociopolíticos más relevantes en debates extractivistas. Su economía ha dependido históricamente del petróleo desde la década de 1970. Gran parte de su infraestructura, servicios públicos y políticas sociales se han financiado con renta petrolera. Sin embargo, la Constitución de 2008 innovó al reconocer los Derechos de la Naturaleza y el Buen Vivir (Sumak Kawsay). Estas nociones dieron soporte teórico a críticas del extractivismo y estimularon debates globales sobre justicia ambiental.

Otro caso relevante es el de Yasuní-ITT, cuando se propuso dejar el petróleo en tierra a cambio de compensación internacional. Aunque fracasó por falta de apoyo global, su relevancia fue enorme: por primera vez un país solicitó corresponsabilidad ecológica al Norte Global.

Comunidades como Sarayaku, Shuar o Waorani han resistido concesiones mineras y petroleras. Estos conflictos revelan tensiones entre soberanía estatal, derechos colectivos y dependencia económica.

En 2023, un referéndum nacional decidió prohibir la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT del Yasuní. Este hito marcó un precedente histórico: una ciudadanía que vota por limitar el extractivismo. La implementación, sin embargo, abre desafíos fiscales, sociales y políticos.