La pobreza y la desigualdad son problemas persistentes que afectan a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances económicos y tecnológicos, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo significativa y, en algunos casos, se ha ampliado (CEPAL, 2022). Abordar estos desafíos requiere una comprensión profunda de sus causas y la implementación de políticas públicas efectivas en diferentes niveles.

Como hemos venido analizando, la relación entre crecimiento económico, empleo y bienestar social es clave. En el caso de América Latina y el Caribe, el año 2023 fue particularmente desafiante. El crecimiento económico de la región fue bastante limitado, lo que afectó directamente la capacidad de los países para generar empleo de calidad y confrontar los principales desafíos de la desigualdad. Como se presenta en el gráfico a continuación (Gráfico 1), se presenta la evolución del índice de Gini en América Latina, basado en datos de 14 países entre 2014 y 2023.

Como revisamos en clases anteriores, el índice de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso: un valor de 0 representa igualdad total y un valor de 1 indica desigualdad extrema. Como podemos observar, aunque ha habido una leve tendencia a la baja desde 2014 (cuando el índice era de 0,471), la desigualdad se ha mantenido alta y relativamente estable, cerrando en 0,452 en 2023. Esto indica que, a pesar de algunos avances, los niveles de desigualdad siguen siendo elevados en la región CEPAL, 2024).

Así, la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad son objetivos centrales en la agenda global del desarrollo sostenible. Sin embargo, alcanzar estos objetivos presenta múltiples desafíos que requieren una comprensión profunda de sus causas y la implementación de estrategias integrales. A continuación, se analizan los principales desafíos en este ámbito:

Desigualdad estructural y exclusión social

Las altas tasas de desigualdad en el Ecuador, así como en América Latina (Gráfico 1), no solo afectan a individuos de forma aislada, sino que se reproducen de generación en generación, limitando el desarrollo de comunidades enteras (Urquijo, 2014). En América Latina, por ejemplo, se observa que las personas que nacen en hogares pobres tienen muchas menos probabilidades de acceder a una universidad, conseguir un empleo bien remunerado o salir de la pobreza. Esta situación se agrava en grupos históricamente marginados, como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes o quienes viven en zonas rurales. La falta de movilidad social se convierte así en un obstáculo estructural para el desarrollo equitativo.

Así por ejemplo, refiriéndonos específicamente a la educación como un ejemplo de exclusión social, bajas tasas de escolaridad usualmente están ligadas a altos procesos de exclusión social (Torres, 2018). En el Ecuador, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Ministerio de Educación (2023), aunque la tasa de abandono escolar ha disminuido significativamente —de un 5,61% en 2011-2012 a un 2,11% en 2021-2022—, la reducción sostenida en el número total de estudiantes es preocupante. Esta caída podría estar relacionada con factores como la migración, la pobreza o la falta de condiciones para acceder y permanecer en el sistema educativo, especialmente durante y después de la pandemia. Esta situación agrava la exclusión social, ya que la educación es una de las principales herramientas para romper los ciclos de pobreza y desigualdad; sin acceso a ella, miles de niños y jóvenes quedan al margen de oportunidades laborales y sociales en el futuro (Gráfico 2).

Brechas de género

La desigualdad de género está estrechamente relacionada con la pobreza, ya que limita el acceso de mujeres y niñas a recursos fundamentales como la educación, el empleo digno, la salud y la participación política (CEPAL, 2021). Esta situación no solo refleja una profunda injusticia social, sino que también impide el desarrollo pleno de las capacidades de la mitad de la población. Cuando a las mujeres se les niegan oportunidades de crecimiento personal y profesional, se generan condiciones que refuerzan la pobreza tanto a nivel individual como comunitario, afectando también el progreso económico de los países.

En el caso de Ecuador, esta realidad se refleja en varios indicadores. Según datos del INEC, las mujeres tienen mayores tasas de desempleo y subempleo que los hombres, y una brecha salarial persistente. Además, muchas mujeres enfrentan dobles jornadas, combinando trabajo remunerado con labores de cuidado no pagadas en el hogar, lo cual limita su autonomía económica. La infografía a continuación (Infografía 1) presenta información relevante realizada a la violencia de género.

Para desagregar mejor este tema, se recomienda leer la “Ley Orgánica para impulsar la Economía Violeta” que tiene como finalidad promover condiciones equitativas entre mujeres y hombres en el entorno laboral y económico del Ecuador. Esta normativa establece acciones orientadas a disminuir las desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres, tales como la brecha salarial y la limitada representación en cargos directivos. Para ello, se propone implementar planes de igualdad en instituciones públicas y privadas, así como fomentar políticas internas que garanticen ambientes laborales libres de discriminación de género. A través de estas medidas, se busca ampliar las oportunidades de participación femenina en la economía, fortalecer su autonomía y contribuir a una sociedad más inclusiva y justa.

Acceso limitado a servicios básicos

Al revisar los datos de Pobreza por Necesidades Insatisfechas (NBI), se observa que la pobreza es consistentemente más alta en las zonas rurales en comparación con las urbanas a lo largo de todo el período (2008-2024) (Gráfico 3). Aunque ambas muestran una tendencia general a la baja, la brecha entre ambas zonas sigue siendo significativa. En 2024, por ejemplo, mientras que en áreas urbanas la tasa de pobreza fue de 23,8%, en las zonas rurales alcanzó un 50,8%, más del doble. Este contraste evidencia una desigualdad territorial persistente, donde las condiciones de vida y acceso a servicios básicos siguen siendo más limitadas para la población rural, profundizando la exclusión social y económica.

Gráfico 3.

Evolución de la Pobreza por Necesidades Insatisfechas

El acceso a servicios básicos como salud, agua potable y vivienda digna es esencial para reducir las brechas sociales, ya que garantiza condiciones mínimas para el desarrollo humano (Banco Mundial, 2023). Sin estos recursos, millones de personas quedan atrapadas en ciclos de pobreza que se reproducen generacionalmente. Mejorar el acceso equitativo a estos servicios es una vía directa para combatir la desigualdad estructural. Como el Banco Mundial (2023), la garantía de derechos sociales universales es clave para construir sociedades más inclusivas y cohesionadas.

Altas tasas de desempleo juvenil

El desempleo juvenil es uno de los desafíos más urgentes en la lucha contra la desigualdad, ya que limita el acceso de los jóvenes a ingresos estables, seguridad social y desarrollo profesional (OIT, 2022). En Ecuador, este problema afecta de manera particular a quienes recién terminan el colegio o la universidad y no logran insertarse en el mercado laboral formal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2023 la tasa de desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años fue de aproximadamente 9,6%, el doble de la tasa general de desempleo del país. Esta situación no solo retrasa su autonomía económica, sino que incrementa su vulnerabilidad a la pobreza y a condiciones de empleo precarias, como el subempleo o la informalidad (INEC, 2023).

Además, esta problemática tiene efectos de largo plazo, ya que muchos jóvenes que enfrentan desempleo prolongado tienden a aceptar trabajos mal remunerados o inestables, lo que limita su capacidad de mejorar su calidad de vida.

A continuación, revisaremos las principales políticas públicas que buscan hacerte frente a algunos de estos desafíos.

Los programas de transferencias monetarias son una herramienta clave de política social orientada a mitigar la pobreza, a través de la entrega directa de recursos económicos a personas o familias en situación de vulnerabilidad (Banco Mundial, 2023). Estos apoyos pueden establecer requisitos específicos para los beneficiarios, como condiciones relacionadas con la salud o la educación, con el objetivo de fomentar el acceso a derechos básicos.

En el caso de Ecuador, existen seis tipos de transferencias monetarias implementadas por el Estado. Una de las más conocidas es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), una transferencia mensual dirigida a familias en condiciones de pobreza extrema, donde se prioriza a las mujeres como jefas de hogar o responsables principales de la economía familiar. Adicionalmente, el BDH cuenta con un componente variable que incrementa el monto de acuerdo con la cantidad de hijos menores de edad en el hogar (Grupo FARO, 2020).

Adicionalmente, durante la pandemia de COVID-19, el Estado implementó el Bono de Protección Familiar por Emergencia (MIES, 2021), una ayuda temporal destinada a los hogares más afectados por la crisis sanitaria y económica. En su primera fase, se identificó que el 88% de quienes recibieron este apoyo fueron mujeres, reflejando la carga desproporcionada que la crisis representó para ellas. Finalmente, también se han analizado estas transferencias en el contexto regional, destacando su papel en la respuesta frente a crisis económicas y sociales en América Latina.

En América Latina y el Caribe, los esfuerzos regionales para enfrentar la pobreza y la desigualdad han estado guiados por propuestas de organismos como la CEPAL (CEPAL, 2022). Esta entidad ha resaltado la necesidad de intervenir sobre las raíces profundas de la exclusión social, como la concentración de ingresos, las desigualdades de género y la falta de acceso equitativo a oportunidades. Un ejemplo concreto de estas políticas es el impulso a la generación de empleo formal y la mejora de condiciones laborales, promoviendo la adopción de salarios mínimos adecuados y la protección de los derechos laborales, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Otro pilar importante en la agenda regional ha sido la ampliación de la cobertura de programas de protección social (OIT, 2022). En Brasil, por ejemplo, iniciativas como Bolsa Família y su versión actualizada, Auxílio Brasil, han tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza extrema, combinando asistencia económica con incentivos para la educación y la salud infantil (UNICEF, 2022). De igual forma, se ha promovido en la región la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, como la educación y la salud, como condiciones básicas para reducir las brechas sociales. Estas acciones apuntan no solo a aliviar necesidades inmediatas, sino también a construir sociedades más igualitarias y resilientes en el largo plazo.

Para reflexionar mejor sobre las políticas y desafíos más representativos respecto a pobreza y desigualdad en América Latina, se recomienda ver el video “Pandemia y desigualdades en América Latina”, en él se aborda cómo la crisis sanitaria de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades preexistentes en la región. Se destaca que, antes de la pandemia, América Latina ya era una de las regiones más desiguales del mundo, y la emergencia sanitaria profundizó estas brechas, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.​ El video resalta la importancia de implementar políticas públicas que aborden tanto la emergencia sanitaria como las desigualdades estructurales. Se enfatiza la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y educación, y promover la inclusión laboral, especialmente para aquellos sectores más afectados por la crisis.

Finalmente, en lo relacionado con la erradicación de la pobreza y desigualdad a nivel mundial, el marco referencial internacional más importante son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La infografía a continuación (Infografía 3), destaca los esfuerzos por alcanzar el ODS 1 —que busca poner fin a la pobreza en todas sus formas— Por ejemplo, desde la entrega del Bono de Desarrollo Humano a más de 620.000 personas, hasta el apoyo específico a adultos mayores, mujeres gestantes, niños menores de dos años, y jóvenes en situación de riesgo, estas acciones reflejan cómo las políticas públicas bien enfocadas pueden marcar la diferencia en la reducción de la pobreza.

La erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad no son tareas imposibles, pero requieren voluntad política, planificación integral y una mirada inclusiva que priorice a quienes más lo necesitan.