El deterioro ambiental actual no es un evento repentino, sino la consecuencia de un uso prolongado e intensivo de los recursos naturales sin una gestión sostenible. ¿Qué significa esto para nosotros? Básicamente, que cada acción tiene consecuencias, y en este caso, la contaminación, la deforestación, el cambio climático y la sobreexplotación de los ecosistemas están afectando no solo al planeta, sino a la economía y al bienestar social. Según la ONU (2022), la degradación ambiental está generando un impacto directo en la producción de alimentos, el acceso al agua potable y la estabilidad financiera de los países, lo que amplifica las desigualdades ya existentes.

El cambio climático ha exacerbado fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, prolongadas sequías e inundaciones devastadoras. Estas condiciones no solo dañan los ecosistemas, sino que también afectan a sectores clave como la agricultura y la infraestructura urbana. Cuando una región experimenta sequías prolongadas, por ejemplo, la producción de alimentos disminuye, lo que eleva los precios y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. De la misma manera, la contaminación del aire y del agua contribuye al aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de salud pública (IPCC, 2021).

Asimismo, las alteraciones en el medio ambiente han propiciado conflictos sociales y desplazamientos forzados de comunidades enteras. El Banco Mundial (2021) estima que para 2050, más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a migrar dentro de sus propios países debido a fenómenos climáticos extremos. Esto plantea grandes desafíos para los gobiernos, ya que implica la necesidad de infraestructura, empleo y servicios básicos para estas poblaciones desplazadas. En este contexto, es esencial comprender cómo la crisis ambiental impacta en distintas regiones y qué estrategias pueden implementarse para mitigar sus efectos.

A manera de contexto, el cuadro a continuación (Tabla 1) presente un compendio de datos alarmantes respecto a la crisis de la naturaleza por la que estamos atravesando.

Así también, el gráfico a continuación (Gráfico 1), muestra cómo las actividades humanas están impulsando el deterioro de la naturaleza a nivel global. Se destacan impulsores indirectos, como cambios demográficos, factores económicos y tecnológicos, gobernanza y conflictos, que afectan los ecosistemas de forma progresiva. Asimismo, se identifican impulsores directos, como la sobreexplotación de recursos, la contaminación y el cambio en el uso de la tierra y el mar. Como resultado, el 47% de los ecosistemas han sido alterados significativamente, el 25% de las especies enfrentan riesgo de extinción y el 82% de la biomasa de mamíferos silvestres se ha reducido drásticamente.

También se evidencian cambios en los ecosistemas marinos y en la biodiversidad terrestre, lo que refleja la urgencia de tomar medidas para restaurar y proteger los entornos naturales.

Para contextualizar mejor este tema, se recomienda revisar el documental de las Naciones Unidas “El cambio climático”. El documental presenta una visión clara sobre los efectos del calentamiento global y su impacto en diferentes regiones del mundo. Explica cómo el aumento de la temperatura global ha intensificado fenómenos meteorológicos extremos, afectando principalmente a comunidades vulnerables. Además, enfatiza la importancia de la adaptación y la mitigación, destacando estrategias como la inversión en energías renovables, la protección de los ecosistemas y la planificación urbana sostenible. También menciona la responsabilidad de los gobiernos y la sociedad en la reducción de emisiones contaminantes y la necesidad de cooperación internacional para abordar esta crisis.

Este contenido se relaciona directamente con esta clase, ya que refuerza los temas tratados sobre los efectos socioeconómicos del cambio climático y la desigualdad en la capacidad de respuesta entre países desarrollados y en desarrollo. Al igual que en el documental, la clase aborda cómo las comunidades más pobres son las más afectadas por la crisis ambiental, con impactos en la agricultura, la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, el documental complementa la discusión sobre la necesidad de políticas globales más equitativas para enfrentar los desafíos ambientales de manera justa y sostenible.

Así, a continuación, revisaremos cuál ha sido el impacto socioeconómico de la crisis ambiental en América Latina, así como la crisis ambiental y las desigualdades económicas globales.

América Latina es una de las regiones más ricas en biodiversidad, pero también una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. En las últimas décadas, fenómenos como la deforestación en la Amazonía, la desertificación en México y la contaminación de cuerpos de agua han afectado gravemente la calidad de vida de millones de personas. ¿Cómo impacta esto en la economía y la sociedad? Para empezar, la dependencia de la región en sectores como la agricultura y la minería la hace especialmente frágil ante desastres ambientales.

Estas condiciones afectan no solo a los agricultores, sino a toda la cadena de producción y distribución de alimentos, lo que se traduce en precios más altos y menor accesibilidad para la población (CEPAL, 2022). Asimismo, el sector pesquero ha sufrido grandes pérdidas debido a la contaminación de ríos y océanos, lo que impacta a las comunidades costeras que dependen de esta actividad.

En este contexto, el Plan Nacional de Sequía de Ecuador es un marco estratégico diseñado para mejorar la gestión de las sequías en el país, promoviendo un enfoque integral que fortalezca la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas ante este fenómeno (MAATE, 2025). Este documento establece directrices para la coordinación entre distintos sectores como la planificación territorial, la gestión de recursos hídricos, el sector agropecuario y la reducción de riesgos, con el fin de minimizar los impactos negativos de las sequías. Además, busca fomentar la participación de la sociedad civil y de los tomadores de decisiones para mejorar la gobernanza en la gestión del agua y la protección de los servicios ecosistémicos.

El plan también enfatiza la importancia de adoptar medidas preventivas y de adaptación, incluyendo la implementación de tecnologías eficientes en el uso del agua, la reforestación de zonas vulnerables y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Su enfoque está alineado con los marcos normativos nacionales e internacionales sobre cambio climático y desarrollo sostenible. En este contexto, la planificación y la cooperación entre distintos actores son clave para mitigar los efectos de la sequía, garantizar la seguridad hídrica y reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos y de las comunidades más afectadas.

Así, por ejemplo, según los datos reportados por la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), en el año 2017, las principales causas de afectación a la producción agrícola son la presencia de plagas, otras causas, y sequías. Las plagas y otras causas representan los mayores problemas, con un 26.96% y 26.90%, respectivamente, afectando los cultivos. La sequía es otro factor determinante, impactando el 22.01% de la producción, mientras que las enfermedades y las inundaciones contribuyen en menor medida con 9.27% y 8.84%, respectivamente. Las heladas también afectan la producción, aunque en menor proporción, con un 6.01%. Estos datos reflejan la vulnerabilidad del sector agrícola ante fenómenos climáticos y biológicos, evidenciando la necesidad de estrategias de adaptación para reducir las pérdidas y fortalecer la seguridad alimentaria.

Otro aspecto preocupante es el crecimiento de la urbanización sin planificación adecuada, lo que ha llevado a la expansión de asentamientos informales en zonas de alto riesgo ambiental. Muchas de estas comunidades carecen de acceso a agua potable, saneamiento adecuado y servicios básicos, lo que aumenta su vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, la contaminación del aire en ciudades como Ciudad de México, Bogotá y São Paulo ha elevado la incidencia de enfermedades respiratorias, afectando especialmente a niños y adultos mayores (OMS, 2022).

Por otro lado, la actividad minera genera tanto beneficios como desafíos para las comunidades donde se desarrolla. Desde el punto de vista económico, puede fomentar la inversión en infraestructura, generar empleo y dinamizar sectores relacionados. No obstante, estos beneficios suelen ser desiguales y temporales, ya que gran parte de las ganancias son destinadas a grandes empresas y no a las poblaciones locales.

Frente a este panorama, algunos países han comenzado a implementar políticas de adaptación y mitigación. Por ejemplo, Brasil ha reforzado las leyes contra la deforestación ilegal, y Chile ha avanzado en la transición hacia energías renovables. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes, y la crisis ambiental sigue representando una amenaza directa para el desarrollo sostenible en la región. El gráfico a continuación (Gráfico 5) presenta ideas principales respecto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Para conocer las acciones que algunos países de América Latina están realizando para contrarrestas la crisis climática y el impacto socioeconómico, se recomienda leer el artículo “La agroecología: alternativa de desarrollo sustentable ante la crisis ambiental en un mundo globalizado” de Jader Martínez y otros autores. El artículo analiza la agroecología como una alternativa sostenible frente a la crisis ambiental. Se enfoca en cómo esta práctica agrícola promueve un equilibrio entre la producción de alimentos y la conservación del medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y fortaleciendo la biodiversidad. Además, se resalta su impacto positivo en las comunidades rurales, ya que fomenta la soberanía alimentaria y mejora la calidad de vida de los agricultores. Este enfoque está directamente relacionado con la crisis ambiental y sus repercusiones socioeconómicas, ya que propone soluciones sostenibles para la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

La crisis ambiental no afecta a todos por igual. De hecho, una de sus principales características es que amplifica las desigualdades económicas a nivel mundial. Los países con mayores recursos económicos tienen más capacidad para adaptarse a los cambios climáticos, mientras que los países en desarrollo, que suelen ser los menos responsables de la contaminación global, sufren las peores consecuencias. Esto crea una brecha en la que las naciones más ricas pueden invertir en energías limpias y tecnologías sostenibles, mientras que las más pobres luchan por cubrir necesidades básicas (PNUD, 2021).

Así, por ejemplo, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos han desarrollado ambiciosos planes para reducir su huella de carbono, muchos países de África, América Latina y el Sudeste Asiático no tienen los recursos necesarios para implementar medidas similares. A pesar de los compromisos internacionales, la transferencia de fondos y tecnologías hacia estos países ha sido insuficiente, lo que limita sus posibilidades de adaptación y desarrollo sostenible (Banco Mundial, 2022).

Además, las industrias contaminantes están mayormente concentradas en los países más desarrollados, mientras que los impactos ambientales de su actividad recaen en las regiones más vulnerables. Por ejemplo, muchas empresas multinacionales trasladan sus procesos de producción a países con regulaciones ambientales más laxas, lo que genera contaminación y deterioro ambiental en comunidades que no cuentan con los recursos para mitigar sus efectos. Esta dinámica refuerza un sistema económico global en el que las naciones en desarrollo enfrentan los costos ambientales del crecimiento de las economías más avanzadas.