La crisis ambiental no afecta a todos por igual; al contrario, amplifica las desigualdades económicas a nivel mundial. Los países con mayores recursos tienen más capacidad para adaptarse e invertir en energías limpias, mientras que muchos países en desarrollo, pese a ser los menos responsables históricamente de la contaminación global, enfrentan las peores consecuencias y carecen de recursos para medidas efectivas (PNUD, 2021).
Por eso yo considero que los países históricamente más contaminantes deberían asumir la mayor parte de los costos de mitigación, incluso si esto implica cierto impacto en su economía. Ellos han generado gran parte del problema y cuentan con los medios para afrontarlo. Además, es injusto que las naciones más pobres, que apenas han contribuido a las emisiones, deban sacrificar su limitado presupuesto para enfrentar un daño que no provocaron.
La hechos evidencian que, aunque la Unión Europea y Estados Unidos han avanzado con planes ambiciosos, la transferencia de fondos y tecnologías hacia África, América Latina y el Sudeste Asiático ha sido insuficiente (Banco Mundial, 2022). Sin un compromiso financiero real de los países más desarrollados, la desigualdad en adaptación y sostenibilidad seguirá creciendo. Esto no solo es un tema ambiental, sino también de justicia global, quienes más se beneficiaron del modelo industrial deben liderar y financiar el cambio hacia un futuro más sostenible.